Matar al mensajero
En tanto que la economía no funciona –más bien se derrumba— el gobierno mileísta apela a dos salidas y formas de disimular su fracaso: una es la mentira ejercida ya hasta el cansancio y apoyada en múltiples criterios falsos; la otra es ejercer el viejo adagio de “matar al mensajero”, en este caso el periodismo. Desde los mismos inicios de su gobierno Milei no tuvo simpatía para con los hombres de prensa, a excepción de los que se identificaban plenamente con sus políticas, pero en los últimos meses, frente a crónicas que reflejaban hechos negativos e indubitables, ha desatado una catarata de insultos contra los periodistas que hace pensar seriamente en un desquicio del Presidente (recuérdese que estuvo un mes sin concurrir a Casa de Gobierno sin que se diera explicación alguna sobre semejante ausencia). Milei, con forma y fondo inauditos, pregona abiertamente el odio –y emplea esa palabra— para designar a los informadores; no tiene en cuenta para nada que sus palabras portan una abierta carga de violencia asimilable por parte de la sociedad y que la tarea periodística, esencialmente informar y comentar según criterios de verdad, no hace otra cosa que reflejar la realidad, en este caso de orden nacional y que corre por orden y cuenta suya. Unos pocos ejemplos son que haya atracado un barco inglés en Ushuaia, la probada e intensa relación con un promotor de campañas derechistas de nivel internacional (y ahora convicto por intento de asesinato de su pareja), el indebido viaje a Brasil para promocionar a Bolsonaro, su comprobada participación en la estafa de $Libra y acaso lo más inquietante para sus intereses personales: el manifiesto debilitamiento del apoyo por el círculo rojo que lo sostiene...
Ahora quiere pasar de las invectivas a los hechos, y lo hace atento a las quejas de su ministro de Economía, que pidió el endurecimiento de las leyes que regulan la libertad de expresión y, en una postura cada vez más agresiva “una ley que castigue” a los periodistas que publican “información inexacta”. El enojo de Caputo, avalado por el Presidente, está motivado en algunas maniobras empresariales inscriptas en su concepción de la macroeconomía. Además la cantidad de noticias contrarias a los intereses gubernamentales, algunas de ellas muy graves y que incluyen a Milei explícitamente.
Los gobiernos más o menos autoritarios que ha padecido el país siempre han mirado mal a la prensa libre, pero ninguno como el presente que, con su abierta hostilidad, caracteriza a la actividad y quienes están en ella con los insultos más soeces y vergonzantes; todo, desde luego, apunta como mínimo a la censura previa. Encuestas mediante es evidente que la imagen del Presidente se cae a pedazos.
La postura no es original. Como tantas otras Milei parece haberla copiado de otros gobiernos de derecha como forma de disimular y diluir sus formas antidemocráticas.
Ante la circunstancia, comunicadores, constitucionalistas y gente de los medios ha reaccionado con firmeza y altura recordando a estos protagonistas, elevados en sus cargos pero mediocres en su proceder, que el derecho a informar y el consiguiente análisis están específicamente consignados en tratados internacionales a los que Argentina adhirió hace ya tiempo. También en la Constitución Nacional, una obra que seguramente no frecuentan.
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