¿Muchos funcionarios que no funcionan?

Redacción 01/12/2021 - 00.28.hs

A medida que pasan las horas y surgen nuevas revelaciones sobre el caso que conmocionó a la sociedad pampeana, la violenta muerte del niño Lucio Dupuy, el desconcierto inicial empieza a dar paso a la indignación. Los cinco ingresos que el pequeño tuvo en tres centros de salud dependientes del sistema público: el hospital Lucio Molas, el Evita y el centro del barrio Río Atuel, en el lapso de algunos pocos meses, hablan de una alarmante inoperancia a la hora de registrar, comunicar y proceder ante los traumas físicos que estaba padeciendo el pequeño.

 

También se supo que nuestra provincia, además de San Luis, es la única que no ha puesto en funcionamiento todavía la línea 102 para recibir llamadas telefónicas gratuitas y confidenciales destinadas a brindar atención especializada a niños, niñas y adolescentes y a recibir denuncias de "cualquier persona que tenga conocimiento o sospeche sobre una vulneración de derechos". Consterna a los pampeanos tener que ver la infografía que exhibe el sitio web de ese servicio en donde se observa claramente que cubre cada una de las provincias argentinas, menos la nuestra y la puntana. Otra muestra de indolencia.

 

La estructura burocrática oficial desborda de dependencias y funcionarios que entienden en el área de la niñez en los tres poderes del Estado. Un rápido repaso por los organigramas oficiales permite ver que hay un enorme presupuesto público destinado al mantenimiento de personal y oficinas que debieran trabajar en la atención y, sobre todo, en la prevención de la violencia contra la niñez.

 

El fiscal de Investigaciones Administrativas, en declaraciones a Radio Noticias, dijo, ante una pregunta específica, que "los protocolos están". Es decir, las directivas o instrucciones que regulan el funcionamiento y las pautas bajo las cuales deben proceder los responsables -por decirlo de algún modo- de tomar decisiones en las diversas áreas del Estado están establecidas. Lo que parece haber fallado en este caso -y deberá establecerlo la intervención de la FIA- es lo que vulgarmente se conoce como "factor humano".

 

"No hubo denuncias", fue lo primero que salieron a decir, al unísono, infinidad de dependencias públicas cuando el caso estalló en los medios y las redes sociales. Sin embargo, a medida que pasan las horas se logra ver que hubo no pocas señales, muy claras, que hablaban de un niño maltratado con saña que estaba en peligro en manos de su propia progenitora. ¿Se esperaba acaso una denuncia formal, con papel sellado y la firma de profesionales de la salud y el derecho? ¿No hay suficientes antecedentes de violencia doméstica en los anales sanitarios y policiales de nuestra provincia?

 

No se trata de buscar chivos expiatorios ni de culpabilizar al voleo, pero sí de sacudir el árbol para que empiecen a verse las pesadas rémoras que se esconden en la frondosa copa del Estado y prosperan a la sombra de la impunidad y la desidia.

 

Esta muerte tan dolorosa no debió haber ocurrido. No sucedió por causa de un único e inesperado estallido de violencia demencial. La tragedia fue avanzando de a poco, dejando rastros, muchos de ellos en las propias narices del Estado, que no hizo nada por evitarla.

 

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