Otra vez sopa

La experiencia histórica de los acuerdos con el FMI dice que ninguno dio resultados positivos para el país. Por el contrario, agudizaron la crisis del pueblo trabajador y sometieron a la Nación a los dictados del sistema financiero internacional.

 

Eduardo Lucita*

 

El Gobierno publicó el DNU que lo autoriza a negociar un nuevo acuerdo con el FMI. Ya tiene fuerza de ley, y depende de si el Congreso lo veta o no. Puede que ayude a estabilizar la economía. ¿Alcanzará para levantar el cepo?

 

Confirmando lo que algunos deducimos del mensaje presidencial del 1° de Marzo, que el gobierno se preparaba para gobernar por decreto, en la noche del lunes se conoció la publicación del DNU que lo autohabilita para firmar un nuevo acuerdo con el FMI. Se conoce el tipo de acuerdo y los plazos, pero no los montos, el cronograma de los desembolsos ni la tasa de interés. Menos aún los condicionamientos y las metas.

 

Otro más y van…

 

El acuerdo consistiría en un programa de facilidades extendidas (FEE según sus siglas en ingles) con un plazo de repago de 10 años con un período de gracia de cuatro años y medio. En rigor se trata de refinanciar la ya refinanciada deuda tomada y dilapidada por el gobierno de Mauricio Macri más un aporte adicional de fondos frescos estimados en 8.000 millones de dólares. Esto si no hay alguna sorpresa de último momento.

 

Según se desprende de los considerandos del decreto, el objetivo del nuevo acuerdo se centra en fortalecer las reservas internacionales del Banco Central, garantizar la estabilidad económica y reducir la volatilidad financiera. En un reciente artículo (La Nación, 7.03.25 ) el Presidente Milei afirma que la deuda total del Estado nacional no crecerá, por el contrario podría bajar, y que sanear el balance del BC colaborará en bajar la inflación.

 

Aclarando los tantos.

 

Estas afirmaciones presidenciales causaron estupor y confusión. ¿Cómo tomamos nueva deuda y la deuda no aumenta? Veamos.

 

Para los neoliberales la inflación es siempre un fenómeno monetario producto de un exceso de dinero en poder del público y eso impulsa el alza de los precios. (contrariamente a lo que pensamos los economistas no ortodoxos, que la inflación en un fenómeno multicausal. Por eso es que el gobierno trató de reducir al mínimo la emisión con un brutal ajuste y un poco de contabilidad creativa. Así eliminaron el déficit fiscal y con el pasaje al Tesoro de las llamadas deudas remuneradas (Lebacs, Leliqs el Central deja de pagar intereses y por lo tanto redujeron el déficit cuasi fiscal. Ambos déficit se financiaban con emisión, ya no. Según el esquema presidencial actuaron sobre los flujos de capital y ahora tienen que actuar sobre el stock.

 

Cada vez que el Tesoro pide fondos al Central emite un título público que aumenta la deuda total. Se trata de las Letras Intransferibles (LI), una suerte de pagaré a 10 años, con una tasa de interés muy baja. Por lo tanto si con los fondos frescos de la deuda tomada con el FMI se paga la deuda del BC, el monto total de la deuda del Estado nacional no varía, se trata solo de un cambio de acreedor, claro que, como sabemos por experiencia, no es cualquier acreedor. Conviene tener en cuenta que las LI son a 10 años renovables, por lo tanto no hay urgencia en resolverlas y que su tasa de interés es mucho más baja que la que cobra el Fondo.

 

Por otra parte todo depende de que valuación del stock de LI se tome. Si es a valor nominal la deuda no cambia pero si se toma al “valor revisado”, según el criterio utilizado por el Central desde el año pasado, que se estima es dos veces y media menor, la deuda efectivamente bajaría. En definitiva se cambia deuda en dólares por deuda en dólares, pero aumenta la deuda externa y baja la interna.

 

Puede que el acuerdo con el FMI resulte una condición necesaria a la estabilización de la economía (muy inestable por cierto) pero es una condición insuficiente para levantar las restricciones cambiarias (cepo).

 

Tal como está planteado el DNU no cumple con lo especificado en la Constitución Nacional (artículos 75 y 76), tampoco con la Ley de Fortalecimiento Sostenibilidad de la Deuda Pública, antes de publicarlo el gobierno debiera haber derogado esta ley que sigue vigente.

 

Así las cosas el DNU está viciado de nulidad y el Congreso debe rechazarlo. Por otra parte la experiencia histórica de los acuerdos con el FMI nos dice que ninguno dio resultados positivos para el país, por el contrario agudizaron la crisis del pueblo trabajador y sometieron a la Nación a los dictados del sistema financiero internacional. También debe ser rechazado.

 

* Integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda) y de la Autoconvocatoria por la suspensión de los pagos y la investigación de la deuda.