Problemas a afrontar en un año electoral

La crisis pega duro en los bolsillos de las familias, mientras candidatos y candidatas se preparan para las elecciones. La deuda impagable y el ajuste con el FMI constituyen el nudo gordiano que ni el gobierno ni la oposición están dispuestos a cortar.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

La deuda contraída con el FMI por el gobierno de Mauricio Macri, legalizada por el de Alberto Fernández, más los compromisos con los bonistas privados y con el Club de París, son el origen del ajuste que están sufriendo las mayorías populares.

 

El préstamo del FMI fue el más escandaloso e irregular, pues no pasó por el Congreso como marca la Constitución Nacional. Además el propio organismo violó su estatuto al autorizar un préstamo, el más grande de su historia otorgado a un solo país, todo ello durante la administración de Donald Trump, para permitir la reelección de su amigo Macri.

 

Pero esa ilegitimidad de origen fue legalizada con el acuerdo que el Frente de Todxs hizo aprobar en el Congreso, con el voto de Juntos por el Cambio. Así, se legitimó una deuda que además de ilegal y fraudulenta, solo sirvió para la fuga de divisas. Según el informe del Banco Central de mayo de 2020, entre 2015 y 2019 se fugaron de la Argentina 86.200 millones de dólares. Nada se investigó para sancionar a sus responsables.

 

Ajuste.

 

Al momento de votarse el acuerdo, el ministro de Economía Martín Guzmán lo mostraba como algo “positivo” porque no habría reforma laboral ni previsional, ni privatización de empresas estatales. Sin embargo, a menos de un año, la realidad muestra que hay un tremendo ajuste y que el mismo se descarga con más brutalidad sobre las espaldas de los que menos tienen.

 

El actual gobierno está aplicando ese ajuste y un eventual triunfo de JxC en octubre, agravaría aún más la situación. Los candidatos y candidatas de ese espacio, prometen sin ruborizarse, que sus primeras medidas profundizarán ese ajuste, comenzando por la reforma laboral que tanto le pide el empresariado.

 

Deuda impagable.

 

Según la Secretaría de Finanzas, la deuda total alcanzó en diciembre de 2022, el récord de 396.539 millones de dólares, con un incremento en ese año de 33.358 millones. La deuda con el FMI pasó de 40.952 millones de dólares en diciembre de 2021 a 45.707 millones a fines de 2022, mientras que los pagos de intereses a ese organismo fueron de 1.721 millones de dólares, de un total de u$s 7.629 millones que se pagaron en todo el año pasado.

 

Según el economista Horacio Rovelli, en base a la ley de Presupuesto 2023, Argentina tiene que pagar, entre importaciones y deuda, el equivalente a 100.000 millones de dólares. Los ingresos por exportaciones (según lo presupuestado para este año) serían de 105.000 millones de dólares, aunque la sequía va a reducir esta cifra.

 

Hasta sectores del gobierno plantean que la deuda con el FMI, se ha tornado “impagable”. JxC no lo dice abiertamente, pero es de suponer que un eventual gobierno suyo haría nuevas “reestructuraciones” con más desembolsos e intereses. Estos son usurarios, mientras la tasa para préstamos en dólares en EEUU no llega al 1%, el FMI nos cobra el 7,43%.

 

Y lejos de pagar, la deuda aumenta. Según la Secretaría de Finanzas, en diciembre la deuda total de la Administración Central aumentó u$s 11.846 millones, es decir, un 3,1% mensual. El mayor incremento fue en moneda extranjera (u$s 6.308 millones) mientras que en pesos el aumento fue de u$s 5.538 millones.

 

Es el cuento de nunca acabar, con la dolorosa diferencia que no se trata de ningún cuento, sino de la dura realidad.

 

Precios injustos.

 

El programa Precios Justos demostró su ineficacia en el primer mes: la inflación saltó al 6%, muy lejos de la desaceleración prometida por el ministro de Economía Sergio Massa, de llegar al 3% en abril. Ahora el viceministro Gabriel Rubinstein dice que ese porcentaje recién llegará a fin de año.

 

Los alimentos superaron ese porcentaje, lo que se reflejó en los costos de la Canasta Básica Total y de la Canasta de Indigencia: ambas aumentaron un 7,2%. Y eso fue una constante durante el último año, mientras la inflación en 2022 fue del 94,8%, la CBT aumentó un 108% y la de indigencia, un 109,8%.

 

Es que la inflación castiga con mayor crudeza a los sectores más pobres, pues destinan la mayor parte de sus ingresos para alimentos, que son los que más aumentaron. En enero, el filet de merluza subió 14,2% y la carne picada 7,7%; el tomate redondo subió 64,8%, la naranja 49,8%, la manzana 31%, la papa 24,7%, la leche 7,5% y la harina de trigo, 9%. Todo ello solo en un mes y son alimentos producidos en nuestro país. Sus precios están muy por encima de lo que pueden pagar quienes aquí vivimos.

 

Estos números explican por qué no disminuyen los índices de pobreza: un 37% de nuestro pueblo se encuentra en esa condición. La CBT, que marca ese límite, llegó en enero a la suma de 163.539 pesos, muy superior a los ingresos medios de la mayoría de la población. Y con mayor incidencia en niños, niñas y adolescentes, donde llega al 60%.

 

Es la paradoja de vivir en un país productor de alimentos y tener a nuestras infancias sin acceso a una alimentación con los nutrientes que necesita.

 

En una burbuja.

 

Mientras la realidad se presenta tan dura para las clases bajas y medias, la dirigencia de los partidos mayoritarios está en una burbuja. Las consultoras de opinión se quejan porque la gente no contesta las encuestas telefónicas ni presenciales. La opción “no sabe/no contesta”, tiene un porcentaje muy alto respecto a candidatos y espacios políticos que se intentan medir.

 

La nefasta experiencia del cuatrienio macrista está muy cerca en el tiempo, como para que haya entusiasmo por esa opción; y la gestión del gobierno nacional ha dejado el tendal de decepción. La reciente reunión de la mesa del FdT fue en realidad del PJ porque el resto de los partidos de la coalición no fueron invitados, como se quejó Juan Grabois, del Frente Patria Grande. El documento que salió de ese cónclave fue calificado de “tibio” hasta por periodistas amigos del gobierno. Lejos de abordar un programa para salir de la crisis con algún alivio para la población, se acordó iniciar una “campaña antiproscripción” para que Cristina acepte ser candidata a presidenta, cuando la propia interesada ya dijo que no lo será.