Problemas y soluciones

La Argentina no es pobre: es injusta. En un país con sólo 46 millones de habitantes, donde se producen anualmente 160 millones de toneladas de granos, más del 40% de la población vive bajo la línea de pobreza. Esto es así porque se permite exportar, por ejemplo, 38,4 millones de toneladas de maíz en granos y se produjeron 47,7 millones de toneladas en el año y paralelamente la persistente suba del precio del dólar oficial hace que su precio sea cada vez más caro en el mercado interno. A ello se agrega una suba del precio del maíz en los mercados internacionales de más del 150% de un año a esta parte. Este mes, la tonelada cotiza en 280 dólares.

 

Con el trigo es peor. En el año se produjeron 22,1 millones de toneladas y se permitió exportar 14 millones, con lo que -teóricamente- los 8,1 millones restantes alcanzarían para abastecer el mercado interno, que consume entre 620.000 a 650.000 toneladas del cereal por mes. Pero no bien iniciado el conflicto bélico Rusia-Ucrania, el precio de la bolsa de harina se duplicó: de 1.350 pesos por bolsa de 25 kilos de harina para pan, pasó a valer más de 2.600 pesos. Incluso, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación multó a Molinos Cañuelas SA por 150 millones de pesos por haber realizado agio de bolsas de harina. Igual sucede con el arroz, el girasol, la avena, las carnes vacuna, aviar y porcina, el pescado, etcétera.

 

Antes existía la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes, que ponían techo y límite a la suba de precios. Quienes usufructúan de su privilegio de fijar los precios en el mercado interno de acuerdo al internacional (de otro modo, exportan) y que han ganado y ganan fortunas con ello, ni siquiera quieren aportar una suma del 15% sobre las utilidades netas (después del impuesto a las ganancias) para asistir a la población que peor la está pasando por la suba generalizada de los precios.

 

La propuesta del bono por única vez de 18.000 pesos en dos cuotas de 9.000 pesos cada una en mayo y en junio para un universo de más de seis millones de personas con trabajo informal, trabajadoras domésticas, y monotributistas y de complementar el bono otorgado en abril por la Anses de 6.000 pesos con uno nuevo de 12.000 pesos para 4.600.000 jubilados y pensionados que perciben hasta dos veces la remuneración mínima tiene un costo total estimado por el Ministerio de Economía de 186.000 millones de pesos (equivalente a unos 1.500 millones de dólares).

 

La tarea que debe hacer la AFIP, por estar dentro de sus misiones y funciones, es investigar las denuncias, verificar los estados contables presentados y relacionarlos con las compras de divisas realizadas y que compiló e informó el BCRA.

 

En síntesis, se debe operar sobre tres frentes a la vez: el de los pasivos financieros del BCRA (superan los 5 billones de pesos), el de la deuda en títulos de corto plazo en pesos y el de recuperar parte de la fuga de capitales por las compras indebidas de divisas de las 100 primeras empresas (se puede inferir una conducta similar en las otras grandes compradoras durante el macrismo).

 

Por supuesto que se debe declarar la Emergencia Alimentaria y por DNU realizar el incremento del 15% de la tasa del Impuesto a las Ganancias a las 19.700 empresas que declararon ganar en 2021 más de 1.000 millones de pesos. Con ese fondo, se podrán constituir los bonos.

 

Con investigar la fuga de capitales, multar a sus responsables y conciliar la deuda en pesos del Tesoro con los encajes remunerados del BCRA, se sanean las cuentas públicas sin necesidad de realizar un mayor ajuste fiscal del que se viene realizando. (Por Horacio Rovelli, extractado de Elcohetealaluna).