Se define su extradición

El Tribunal Superior británico resolverá sobre la procedencia de la extradición solicitada por el gobierno de EEUU contra el fundador del sitio WikiLeaks, quien lleva cinco años detenido en el Reino Unido.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

El experto en informática y periodista australiano Julian Assange es acusado por EEUU, de los delitos de espionaje y conspiración. Por ello estuvo asilado siete años en la embajada de Ecuador en Londres, gracias a la protección de Rafael Correa, cuando era presidente de ese país. Su sucesor Lenin Moreno, traicionó no solo las políticas progresistas de Correa sino que le retiró el asilo, y facilitó a la policía británica su detención en 2019.

 

Informar no es delito.

 

La verdad de la acusación es la difusión por parte del sitio WikiLeaks, fundado por Assange, de cuatrocientos mil reportes sobre la guerra de Irak, 90.000 sobre la guerra en Afganistán, 800 desde la prisión de Guantánamo y más de 250.000 cables diplomáticos redactados en varias partes del mundo. De esos informes, quedó en evidencia el accionar criminal de las tropas norteamericanas en esas guerras, así como violaciones a los derechos humanos en cárceles como Abu Ghraib y Guantánamo.

 

En 2022, editores y periodistas de los cinco grandes medios de comunicación (New York Times, El País, Der Spiegel, The Guardian y Le Monde) que en 2010 publicaron la documentación confidencial del Pentágono, expresaron que “Obtener y revelar información delicada es una parte fundamental del periodismo. Publicar no es delito”.

 

La acusación.

 

Entre ayer y hoy se están desarrollando las audiencias en el Tribunal Superior de Justicia en Londres, en las que se confirmará o rechazará la resolución judicial que autorizó la extradición del australiano a los EEUU. Allí es requerido por un Tribunal de Virginia que lo acusa de 18 delitos de espionaje, basados en una ley de 1917, dictada para castigar a los espías durante la Primera Guerra Mundial, pero que nunca había sido aplicada a editores periodísticos. La aplicación de esta norma a un comunicador es una abierta violación a la labor periodística, que en los EEUU está contemplada en la Primera Enmienda de la Constitución.

 

Para Daniela Lepin Cabrera, periodista chilena coordinadora de la campaña por la libertad de Assange en América Latina, la verdadera razón de la persecución es la exposición pública que realizó WikiLeaks de las acciones llevadas adelante por el ejército norteamericano, que constituyen crímenes de guerra. Para Lepin, la revelación de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Pentágono en el tratamiento a los prisioneros, como en Guantánamo, los coloca en una situación insostenible frente a la comunidad internacional.

 

La defensa.El equipo legal que defiende a Assange está presidido por el ex juez español Baltazar Garzón, y sus apelaciones tienen fuertes argumentos para oponerse a la extradición. Para la defensa, es un grave error permitir que el periodista enfrente un proceso judicial por sus opiniones políticas. No puede constituir delito, el haber obtenido y publicado información veraz; condenarlo por ello sería un atentado contra la libertad de expresión.

 

También aducen como sostén de la apelación, la posibilidad cierta de que Assange no sea sometido a un juicio justo, y en este punto acusan a la CIA y a su entonces director, Mike Pompeo, de haberlo espiado, a él, a sus abogados y visitas, cuando estaba asilado en la Embajada de Ecuador. Por ello, presentaron evidencia sobre los planes de esa Agencia, de secuestrar, entregar o asesinar a Assange, publicadas por Yahoo News en 2017 en base a declaraciones de un ex agente de contraterrorismo y más de 30 oficiales americanos.

 

La defensa considera que el proceso contra Assange constituye una causa política, lo que viola el tratado de extradición firmado entre el Reino Unido y EE UU, que excluye la concesión de ese instituto cuando su causal es por “motivos políticos”.

 

Otro punto de la apelación es la desproporción en las penas solicitadas por los fiscales norteamericanos, que llegan hasta 175 años de prisión. Para los defensores, la corte de Virginia, sede de la CIA en los EEUU, podría llegar a condenarlo hasta con pena de muerte.

 

La negativa a la extradición tiene un fuerte sostén humanitario, basado en el frágil estado de salud de Assange. Este fue el único de los argumentos que tuvo en cuenta la jueza Vanessa Baraitser, en 2021, la primera que intervino en la causa de extradición y lo rechazó. Pero ante las apelaciones del gobierno de EE UU, el Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido (Hight Court), revirtió aquella decisión y autorizó la extradición.

 

Instancia decisiva.

 

Ahora son dos nuevos jueces quienes analizarán los ocho argumentos presentados por la defensa de Assange en 2019. Ante un eventual nuevo rechazo, Assange y sus abogados apelarán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos –Tribunal de Estrasburgo–, cuyas resoluciones son obligatorias para los Estados europeos. Sin embargo, tampoco es segura esta instancia pues el gobierno británico ha manifestado su intención de retirarse de ese Tribunal.

 

Stella Assange, esposa de Julian, viene advirtiendo hace años sobre el peligro que significa para su salud, las condiciones en las que está detenido. “Es una cuestión de vida o muerte”, expresó en una conferencia de prensa en Londres el pasado 15 de febrero.

 

A EEUU y el Reino Unido no les importa la salud del periodista, se trata de castigar a quien expuso públicamente el accionar criminal de sus ejércitos de ocupación, así como las violaciones a los derechos humanos disfrazados de “lucha contra el terrorismo”. Y de paso, advertir al periodismo qué puede pasar cuando ello ocurre.

 

El asesinato de 139 periodistas en la Franja de Gaza, a manos del ejército israelí, es una muestra de este accionar contra los reporteros ubicados en escenarios de guerra. Informar la verdad se transforma en una actividad realmente peligrosa.