Si es Bayer, ¿es bueno?

El Estado protector de los agrotóxicos, la ciencia cautiva y la asfixia de los pueblos fumigados; un cóctel que pone en riesgo la salud de la población.

*Por ing. Javier Mariano García Guerrero.

"El interés privado es un gran embaucador del público." Adam Smith

I. También la lluvia y el pecho materno.

Hay verdades que se ocultan con cinismo, pero que brotan con crudeza en los cordones agrícolas de la Argentina, con realidades alarmantes: la leche materna contiene trazas de glifosato, AMPA y clorpirifós en el 25% de las muestras. Se suma la "lluvia tóxica" documentada por el Conicet y la Universidad Nacional de La Plata, con concentraciones medias de glifosato de 6,5 µg/L y picos de 67,3 µg/L, que impregnan el aire, el agua de pozo y los alimentos en los llamados "pueblos fumigados".

II. El costo humano: “Una empresa que contamina el río, ¿y? ¿Dónde está el daño?”. Javier Milei.

El impacto sanitario en el interior productivo es devastador. En localidades del interior de Córdoba y Santa Fe, el cáncer representa el 48,8% de las defunciones, duplicando la media de CABA (19,6%). Las malformaciones congénitas alcanzan tasas de 85 por cada 10.000 nacidos vivos (frente a los 15 de Europa, una diferencia del 466%), mientras que las afecciones respiratorias crónicas en menores de 5 años son un 25% más frecuentes.

En nuestra provincia, en Conhelo, Quemú Quemú, Trenel, Realicó y Capital, la expansión del monocultivo intensivo ha cercado a localidades como Intendente Alvear, Eduardo Castex y General Pico. Las investigaciones epidemiológicas de universidades públicas confirman que en estas regiones expuestas, las personas jóvenes tienen 2,5 veces más probabilidades de morir por cáncer que en zonas no fumigadas. A ello se suma un incremento exponencial de patologías endocrinas, hipotiroidismo, abortos espontáneos recurrentes y la presencia simultánea de un "cóctel multiquímico" que combina de 10 a 86 plaguicidas diferentes en el polvo ambiental, los alimentos y las napas de agua subterránea.

III. Ciencia comprada o censurada y perseguida.

Como es sabido, corporaciones como Bayer y Monsanto invierten en investigación más que todos los organismos estatales de investigación de Latinoamérica juntos, por lo que resulta natural que hayan conquistado opiniones favorables y diseños experimentales propicios a sus intereses comerciales.

Profundizando antecedentes similares, el Gobierno Nacional y las autoridades del INTA avanzaron en un sumario con un inédito pedido de exoneración (inhabilitación de por vida) contra Virginia Aparicio, la máxima investigadora de agrotóxicos del organismo, tras revelar un estudio lapidario que el 86,1% de los argentinos tiene glifosato en el cuerpo, y el herbicida se detectó en el 100% de la materia fecal de los bonaerenses muestreados. El estudio internacional resulta convergente con multitud de antecedentes y confirmatorio de los efectos de un esquema productivo del núcleo maicero que descarga anualmente 10 a 12 l/ha de agroquímicos un volumen que triplica la intensidad de uso en los cinturones agrícolas de USA. Este desborde tóxico se vio exponencialmente agravado a partir de la aparición de malezas resistentes al uso monopólico del glifosato. Descontrolado el sistema respondió multiplicando las dosis y recurriendo masivamente a cócteles letales que combinan glifosato con principios activos terminantemente prohibidos en territorio europeo por su probada toxicidad crónica, tales como el 2,4-D, el dicamba, el clorpirifós y el glufosinato de amonio, generando una presión sanitaria sin precedentes en el mundo occidental

Proyecto.

Aparicio había participado, con aval institucional, en el proyecto Sprint financiado por la Unión Europea para evaluar el impacto de los plaguicidas. Sin embargo, ante el feroz lobby corporativo y la sintonía ideológica de una administración que denosta la ciencia y niega la crisis ambiental, el INTA censuró la difusión y se dio de baja formal del proyecto. La investigadora fue amenazada y sumariada bajo el pretexto de un supuesto "perjuicio administrativo" por no entregar datos personales de los voluntarios -protegidos por acuerdos de confidencialidad-. Funcionarios provinciales y gremios condenaron la medida, advirtiendo que busca consagrarse como un mecanismo de amedrentamiento para silenciar y censurar a la investigación pública en un país que encabeza los índices mundiales de carga de agrotóxicos en personas y medio ambiente.

IV. Antecedentes judiciales internacionales: El mito de la inocuidad se derrumba en los estrados judiciales internacionales. En USA, los tribunales federales y estatales han dictado fallos históricos contra Monsanto (adquirida por Bayer), condenándola a pagar miles de millones de dólares en indemnizaciones a pacientes afectados por linfoma No-Hodgkin y otros tipos de cáncer provocados por la exposición crónica al Roundup.

Papers.

Los juicios destaparon documentos internos de la compañía -los célebres Monsanto Papers- que demostraron una intención dolosa sistemática: ocultar deliberadamente los riesgos carcinógenos del glifosato, manipular publicaciones científicas independientes, presionar a agencias regulatorias y desacreditar a investigadores críticos. Cada fallo adverso no solo golpea la reputación corporativa, sino que provoca temblores financieros globales; como cuando las acciones de Bayer se derrumbaron un 11% en una sola jornada, acumulando pérdidas bursátiles superiores a los u$s 25.000 M. La estrategia de encubrimiento imita el viejo manual de las tabacaleras, que durante décadas negaron el daño de sus productos a sabiendas de las muertes que causaban.

Mientras cámaras empresariales como Aapresid y el “periodismo caniche” adicto a la pauta, objetan las prohibiciones tildándolas de "ideológicas" y argumentando el cumplimiento de normas fitosanitarias. El concierto internacional asume que no hay ideología cuando está en juego la salud de las familias, sino biología dañada, tejido social roto y soberanía sanitaria en disputa. La persecución que ejercen estos terraplanistas mercenarios, no impedirá la reacción frente a un poder criminal que mercantiliza el agua, el territorio y la vida.

"Los hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio." - Nicolás Maquiavelo.

*Ex Auditor Principal de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria e Investigador del Instituto de Economía y Sociología Rural del INTA.

Exonerada por investigar.

Virginia Aparicio trabaja desde hace más de dos décadas en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del Conicet, y coordinó en Argentina el proyecto internacional Sprint, una investigación financiada por la Unión Europea que estudió la presencia de plaguicidas en distintas matrices ambientales y biológicas.El proyecto comenzó formalmente en 2020 y Argentina fue el único país sudamericano que participó. En 2021 se realizó un muestreo sobre 73 personas de Balcarce, Necochea, Tres Arroyos, Mar del Plata, Tandil y zonas rurales. Se analizaron muestras de sangre, orina, materia fecal e hisopados, además de alimentos, polvo de viviendas, cultivos, animales, alimento para ganado, suelos y agua superficial. Los resultados mostraron presencia de múltiples sustancias. En las muestras humanas argentinas se detectaron entre 2 y 10 plaguicidas en sangre, entre 6 y 13 en orina y hasta 18 en materia fecal. El glifosato apareció en el 86,1% de los participantes argentinos y en el 100% de las muestras de materia fecal analizadas en Buenos Aires. También se detectó clorpirifos en el 37,7% de las muestras argentinas, frente al 3,7% registrado en el grupo europeo. Los resultados debían ser presentados públicamente en junio de 2023. La reunión fue suspendida por autoridades del INTA y, meses después, el organismo decidió poner fin a la participación argentina en Sprint. El 7 de diciembre de ese año, el entonces presidente del instituto, Mariano Garmendia, firmó la resolución que formalizó la salida del proyecto. Aparicio sostiene que el conflicto comenzó cuando aparecieron los resultados. En una entrevista publicada por Canal Abierto explicó que el objetivo del proyecto no era solamente medir la presencia de plaguicidas, sino utilizar esa información para trabajar con productores y mejorar las prácticas productivas. “Creo que asustó un poco el hecho de ver toda esa información”, sostuvo la investigadora al referirse a los datos obtenidos. Después de la salida del INTA del proyecto, a fines de 2024 comenzaron las consultas internas sobre las funciones de Aparicio y en febrero de 2025 fue notificada de un sumario administrativo que alcanzó también a integrantes del equipo. Según su abogado, Mario Bolla, entre las acusaciones figura un supuesto ocultamiento de información a las autoridades y un supuesto perjuicio económico para el Estado. La defensa rechaza ambos cargos y sostiene que Aparicio comunicó las acciones del proyecto a sus superiores y que Sprint fue financiado con fondos europeos. El expediente terminó con un pedido de exoneración para Aparicio, la máxima sanción disciplinaria dentro del empleo público nacional. La científica cuestiona el alcance de la sanción y advierte que no se trata solamente de perder su puesto de trabajo. “Significa quitarme la identidad científica”, afirmó Aparicio, quien explicó que una exoneración le impediría volver a trabajar en organismos de la Administración Pública Nacional durante al menos cinco años.