Sobre la reglamentación de la Ley 3288 y los sistemas productivos

*Daniel Bedotti. 

(Médico veterinario, secretario del Centro Pampeano de Estudios Sociales y Políticos).

Ante la presentación por parte del Poder Ejecutivo provincial del proyecto de reglamentación de la ley 3288 de Gestión Integral de Plaguicidas, un grupo de dirigentes rurales ha solicitado liso y llanamente la derogación de la norma.  La ley fue aprobada hace cuatro años y contó en su elaboración con la participación de organismos científicos y técnicos, organizaciones no gubernamentales, centrales de trabajadores, colegios profesionales y particulares en general. Esto se explica porque el tema excede al sector de la producción agropecuaria directamente involucrado en el uso de plaguicidas, y atañe a toda la comunidad.

Ciertamente el proyecto de reglamentación, que apunta específicamente a un aspecto de la ley como los actores involucrados en la utilización de plaguicidas, es extremadamente puntilloso y convendría simplificarlo, de modo de hacer más fácilmente aplicable la ley, pero de ninguna manera justifica el pedido de derogación lisa y llana de la propia norma.

La dirigencia rural de la provincia y sectores económicamente afines fundan su exigencia, entre otras razones, en que la mencionada ley afectaría la propiedad privada, sería excesivamente burocrática y en que expulsaría gente del campo. En realidad, lo que subyace es el interés en mantener un sistema de producción que maximiza las ganancias. Esto no sería cuestionable si para lograr ese objetivo económico no sería en detrimento de la salud de la población y del medio ambiente. Es cierto que hay productores muy responsables en la utilización de agroquímicos, pero también hay otros que no los son. De lo contrario, no se hallarían residuos de glifosato y otros agroquímicos en partículas atmosféricas, napas, alimentos y hasta en el algodón de los protectores femeninos.

La defensa de la propiedad privada no es un concepto irrestricto. Ante todo, la tierra que circunstancialmente detentan hoy en propiedad, es un bien que debe cuidarse para futuras generaciones con el menor deterioro posible. No sólo eso, las acciones que se realicen en un predio pueden afectar a sus vecinos y a toda la comunidad. Si un productor agropecuario decide incendiar su campo y el fuego se trasladará hacia establecimientos vecinos sería sin duda penalmente responsable de sus acciones. De la misma manera, si el efecto de fumigaciones o por la incorrecta disposición de los envases de agroquímicos, es afectada la salud de terceras personas u animales e incluso de cultivos aledaños.

La expulsión de los habitantes rurales no es consecuencia del efecto de ninguna ley, sino el resultado de múltiples factores, en un proceso en el que mucho ha tenido que ver precisamente una forma de producción que necesita cada vez menos mano de obra, donde ha crecido la concentración de la tierra.  Muchos de los propietarios, tanto como la mayoría de los que intervienen en los procesos que procura reglamentarse (asesores, mecánicos agrícolas, vendedores de productos agropecuarios, contratistas, etc.) ni siquiera viven en el campo,

Si preocupara realmente la permanencia de la gente en el ámbito rural, debería pensarse en promover otras formas de producir, en las que el manejo eficiente y adecuado de los cultivos y en sistemas mixtos de producción que combinen agricultura y ganadería, disminuyendo y/o eliminando la utilización de agroquímicos y ocupando mayor cantidad de mano de obra rural.

Hay conceptos como la agroecología y el cambio climático que hoy son desechados e incluso negados desde las máximas esferas gubernamentales. Esto va a contramano de un mundo demandante de alimentos sanos y cada vez más preocupado por los efectos de una forma de producción extractivista, basada en paquetes tecnológico con la utilización de cultivos genéticamente modificados, agroquímicos, desmontes y el empleo de energías no renovables. El resultado comprobado es la presencia de problemas de salud cada vez más frecuentes y graves, y pasivos ambientales que terminan en desastres naturales como inundaciones y sequías cada vez más extremas, a lo que debería agregarse la pérdida de biodiversidad.

Por ello, es necesario que la sociedad pampeana toda, y no únicamente los sectores agropecuarios, pongamos en discusión de marea urgente la reglamentación de la ley, ya que se han excedido los plazos para ello. Y al mismo tiempo avanzar en estudiar y promover alternativas a un sistema productivo basado en el agronegocio, al que interesa principalmente maximizar sus ingresos sin importar las consecuencias sobre la salud y nuestros bienes comunes. Hay evidencia científica y práctica de que es posible implementar sistemas más amigables con la naturaleza. Hasta tanto esta disyuntiva no sea saldada, son necesarias regulaciones que minimicen los daños de una forma producción en la que los seres vivos, la diversidad y el futuro de nuestro planeta claramente no son prioritarios. A este objetivo apunta la reglamentación de la ley 3288.