Tardía condena al Estado colombiano

A 29 años de iniciada la demanda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expidió condenando al Estado colombiano por el “exterminio” de más de seis mil líderes sociales, dirigentes políticos y militantes de la Unión Patriótica (UP) a partir de la década de los ochenta del siglo pasado.

A pesar de su enorme trascendencia la noticia no figuró en lugares destacados de los grandes medios de comunicación. Los más memoriosos y los que se interesan por la política seguramente recordarán las frecuentes masacres que cometían las fuerzas armadas colombianas y sus aliados paramilitares y organizaciones narcotraficantes que tenían como víctimas a miembros de la UP. Ese partido político de izquierda había surgido en 1985 luego de un diálogo de paz entre el gobierno de Belisario Betancurt y las FARC junto a otros grupos rebeldes, a partir del cual miles de guerrilleros abandonaron sus armas y se sumaron a la vida política del país. Tal decisión terminó sellando un destino de muerte porque, de inmediato, para contrarrestar el ascenso de la UP surgió una alianza entre sectores de la política tradicional, empresarios, grupos paramilitares y las fuerzas armadas que desataron un nivel de violencia extrema.

La Corte IDH determinó que entre las operaciones de exterminio contra militantes de la UP se cometieron 3.170 ejecuciones extrajudiciales, 1.596 desplazamientos forzados, 521 desapariciones forzadas y 285 víctimas de atentados de homicidios, entre los que se encontraban niños y niñas.

Pero también el tribunal advirtió que pese al pronunciamiento de 265 sentencias condenatorias, las decisiones no fueron efectivas y todavía persisten “altos índices de impunidad”, debido a que la mayor parte de la violencia contra los miembros de la UP no ha sido investigada o los procesos se estancan sin avanzar.

Es muy difícil encontrar un caso siquiera parecido en todo el mundo de una persecución tan sangrienta contra un partido político que pretendió funcionar amparado en la legalidad porque un presidente le había prometido garantías. Lo que este genocidio demostró es que el Estado colombiano amparó en su seno a fuerzas armadas genocidas –entrenadas, financiadas y protegidas por Washington, según revelaron miles de documentos desclasificados en los últimos años— que proporcionaban información a los grupos paramilitares para asesinar a miles de militantes y dirigentes políticos y sociales de la Unidad Patriótica.

Esta condena de la Corte IDH al Estado colombiano llega cuando hay en el país, por primera vez, un presidente de izquierda que perteneció a uno de los grupos guerrilleros que abandonó la lucha armada décadas atrás. Al conocerse la resolución Gustavo Petro se manifestó “contra la impunidad” y rechazó “un Estado asesino que no debe volver nunca más, una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio”.

No puede ignorarse la importancia de este pronunciamiento aunque la demora en materializarse le quita buena parte de su efectividad a casi cuarenta años de los dramáticos sucesos que la motivaron. Tampoco debe olvidarse que el silencio y la falta de condena del gobierno de los Estados Unidos fue un factor decisivo para posibilitar aquel baño de sangre.