Tironeos entre la Corte y el Senado

El sistema republicano establece la división de poderes. Sin embargo, la Corte Suprema de (In)Justicia avanza sobre facultades legislativas, que le están vedadas.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

El artículo 29 de la Constitución Nacional considera “infames traidores a la patria” a quienes otorguen al Poder Ejecutivo “facultades extraordinarias” o la “suma del poder público”. Aunque se refiere al Congreso y a las legislaturas provinciales, bien podría aplicarse ese precepto hoy, respecto al Poder Judicial.

 

La Corte Suprema dictó la semana pasada un fallo por el que resuelve que uno de los representantes del Senado de la Nación ante el Consejo de la Magistratura, debe ser Luis Juez, de Juntos por el Cambio, y no Martín Doñate, de Unidad Ciudadana, quien había sido elegido por esa Cámara y designado por un decreto de la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner.

 

El Consejo de la Magistratura es un órgano creado por la Constitución Nacional luego de la reforma de 1994, que en su art. 114 establece que será integrado periódicamente por representantes de ambas Cámaras del Congreso, de los jueces de todas las instancias, de los abogados de la matrícula federal y por personas del ámbito científico y académico, manteniendo el equilibrio entre esos estamentos.

 

Reforma trunca.

 

En 2013 se debatieron en el Congreso de la Nación seis proyectos de reforma judicial propuestos por la entonces presidenta CFK. Uno de ellos establecía modificar la forma de elección de los integrantes del CM, para que en lugar de ser elegidos por cada estamento, lo sean por el voto popular. Además, incorporaba en el ámbito académico a personas que no fueran abogadas. La intención era morigerar el carácter corporativo del Consejo, conformado exclusivamente por personas del Derecho, y hacer más democrática su integración al incorporar el voto popular.

 

La historia es conocida: ese proyecto, aprobado por el Congreso, fue declarado “inconstitucional” por la Corte Suprema, y quedó trunco. Así, los supremos resolvían sobre una cuestión que les atañe directamente: una reforma al Poder Judicial que ellos presiden. Derogaron una ley que había sido debatida y aprobada por el órgano constitucional encargado de crear las leyes: el Parlamento.

 

Ley derogada.

 

En diciembre del año pasado la Corte derogó la ley del CM sancionada en 2006 y avanzó aún más: le dio un plazo de 120 días al Congreso para sancionar una nueva norma, pasado el cual volvería a regir la ley derogada en aquel año. Ello fue lo que ocurrió y hoy está vigente aquella ley, que establecía que el CM se integra con 20 miembros y es presidido por el presidente de la Corte. Horacio Rossatti pasó a tener la suma del poder dentro de la Justicia, al presidir la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura.

 

Estando vigente la ley que fuera derogada hace 16 años, hubo que elegir nuevos representantes. En el Senado, el oficialismo dividió su bancada para obtener los dos que le corresponden por la mayoría y también el de la segunda minoría, porque por la primera está designado un representante de la UCR.

 

Fue designado Martín Doñate, ratificado por un decreto firmado por la presidenta del Senado. Su mandato vence el próximo 18 de noviembre, por lo que es probable que nunca llegue a asumir, no sólo por el fallo judicial en contra sino porque no habrá tiempo material para que jure, antes del vencimiento de su mandato.

 

El senador de Juntos por el Cambio, Juez, recurrió a la Justicia porque consideró que la división de bloques había sido una maniobra del oficialismo para quitarle ese lugar como representante de la segunda minoría. En sendos fallos de primera y segunda instancia, los tribunales del fuero Contencioso Administrativo rechazaron su pretensión. Pero recurrió a la Corte Suprema, a sabiendas que allí encontraría un ámbito “amigable” para su reclamo. Así ocurrió, los supremos acogieron su pretensión, jugando, una vez más, para JxC.

 

Bloques.

 

El tema a dilucidar no es tanto este mandato que vence el próximo viernes, sino cómo deben considerarse las mayorías y minorías en el Senado para la elección de sus representantes ante el CM, para el período 2022-2026. La Corte resolvió que los bloques son los constituidos al momento del recambio legislativo, el 10 de diciembre de 2021, sin embargo, es el reglamento del Senado el que tiene validez para esa cuestión. Nuevamente, la Corte se entromete en asuntos internos de otro poder del Estado. Incluso la oposición realizó cambios en su bloque después de esa fecha.

 

Concursos paralizados.

 

El problema excede la designación de un miembro más o menos en el CM, ya que ni el oficialismo ni la oposición cuentan con la mayoría necesaria para decidir sobre la designación o destitución de un juez o una jueza.

 

Lo preocupante es que el organismo se encuentra hoy tan paralizado como desde hace años, a pesar del fallo de la Corte que resolvió que volviera a tener 20 integrantes, en lugar de los 13 de la ley anterior. El fundamento de la decisión judicial fue que había que respetar el “equilibrio” entre los estamentos, cuestión que tampoco se ha resuelto, a tenor de la disputa actual.

 

La paralización del CM impide designar titulares en los tribunales que se encuentran vacantes en la Justicia Nacional, un 25 por ciento. Y se deben resolver situaciones irregulares de magistrados designados por el macrismo, como Bertuzzi y Bruglia en la Cámara de Casación, mantenidos allí por decisión (otra más) de la Corte Suprema.

 

Queda evidente la grave crisis que atraviesa el Poder Judicial de la Nación, presidido por una Corte Suprema que juega junto con los poderes concentrados económico y mediático, y a favor de la oposición de Juntos por el Cambio. Durante el gobierno de Macri funcionó una “Mesa Judicial” que iniciaba causas para perseguir opositores y se decidía la destitución de jueces que hubieran fallado en contra de ese gobierno. Así fue removido el juez laboral Luis Arias, uno de los que dictó sentencia en contra de los tarifazos en los servicios públicos del entonces ministro de Energía y ex CEO de Shell, Juan José Aranguren.

 

Por ello, era tan necesaria una reforma profunda del Poder Judicial, promesa incumplida del presidente Alberto Fernández, que hoy se vuelve en contra de su propio gobierno y obviamente de la ciudadanía en general.