Trabajadores descartables

Las megacorporaciones más grandes del mundo, que exhiben niveles de ingresos superiores a los PBI de muchos países, están llevando a cabo una agresiva política de despidos de sus trabajadores. Solo en los últimos días, de acuerdo a las informaciones que están circulando por diversos medios –aunque nunca en títulos destacados ni en las portadas de la prensa corporativa— se estima en decenas de miles los operarios que quedaron en la calle al ser prescindidos de empresas de la talla de Twitter, Meta-Facebook, Microsof, Netflix y Tesla entre las más conocidas.

La compañía de Mark Zuckeberg echó al 13 por ciento de sus empleados en tanto Elon Musk aplicó el cuchillo más a fondo aún, despidió a la mitad de los trabajadores de Twitter. Las razones esgrimidas para semejante sangría son los números adversos que registran esos gigantes tecnológicos en los últimos meses producto del descalabro global provocado por las sanciones económicas a Rusia a partir de la guerra de Ucrania que no dieron los resultados que pronosticaron las potencias occidentales encabezadas por Estados Unidos, principal fogonero de la guerra a través de las agresivas acciones de la OTAN.

Los gigantes tecnológicos están lejos de presentar cuadros preocupantes. Sin ir más lejos, vienen de embolsar enormes fortunas gracias a la pandemia de Covid-19 que obligó al aislamiento social masivo en todo el mundo lo cual elevó exponencialmente el uso de sus servicios digitales. Pero como es bien sabido, en el capitalismo manda el capital por sobre el trabajo y los números son más importantes que las personas. Unas ventas más bajas de lo esperado, facturaciones en declive motivan de inmediato la reacción de los directorios con medidas que se descargan sobre los más vulnerables. Hay que decir también que estas grandes compañías están radicadas en guaridas fiscales para esquivar el pago de impuestos, lo cual ha motivado la queja del gobierno norteamericano y de la Unión Europea.

Si bien esto ocurre a miles de kilómetros de nuestro país los trabajadores argentinos no debieran relajarse demasiado. Con vistas a las elecciones del año que viene las voces más representativas del macrismo han advertido que, de ganar en octubre de 2023, ejecutarán un programa de ajuste sin anestesia, “y no en cien días sino en cien horas”, como dijo uno de sus líderes. Las leyes de protección laboral y jubilatoria están en la mira de este espacio político como también la legislación que regula la actividad sindical. Para la derecha macrista estos son males que hay que extirpar sin piedad y prometió que lo hará sin demora en su “segundo tiempo” si es que llega. La tirria antilaboral y antisindical no es nueva en el macrismo, como lo demostró con creces en los recientes cuatro años de gobierno. En lapso tan breve duplicó el índice de desempleo al elevarlo del 6 a casi el 12 por ciento, redujo los niveles salariales en un 20 por ciento entre los trabajadores registrados y hasta un 30 por ciento entre los informales, por no hablar de la persecución a dirigentes gremiales con armado de causas, encarcelamiento y espionaje ilegal en “modo Gestapo”.