Tres ignorancias

A la tradicional política conservadora y egoísta de las oligarquías mendocinas (algo que podría resumirse en aquello de “primero yo y después yo”) se le ha sumado en los últimos tiempos el ultraliberalismo aportado por el gobierno del presidente Milei. Así, en la semana que pasó desde la provincia cuyana surgieron noticias insólitas, solamente creíbles por la armonía que mantienen con una política nacional que desprecia el federalismo, y aún más: la propia Constitución.

 

Semejante afirmación queda corroborada con el comunicado de la Federación Argentina de Espeleología que comunica al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado que el fiscal federal de San Rafael, Ignacio Ariel Sabas, desconoció la interprovincialidad del río al rechazar una demanda contra el proyecto “Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO)” y las evaluaciones de impacto ambiental propuestas por la empresa que lo tendría a su cargo.

 

La nota plantea que las obras a emprenderse afectarán seriamente a la cuenca del río Colorado. En respuesta, el Juzgado Federal de esa ciudad se declaró incompetente “por no estar probada la interjurisdiccionalidad del conflicto”. Nada menos. Por si fuera poco, según el fiscal mendocino, la parte demandante no ha presentado pruebas para demostrar que el río Grande, naciente del Colorado, resulte interjurisdiccional.

 

Semejante afirmación demuestra tres ignorancias por parte del funcionario: la geográfica, al negar la globalidad de la cuenca, para más del principal de los dos cursos cuya confluencia da lugar al nacimiento del río; la ecológica en cuanto a los perjuicios ambientales, que no reconocen fronteras y -peor- la político-legal al desechar que la interprovincialidad de todos los componentes de la cuenca está reconocida por un tratado interprovincial que tiene fuerza de ley.

 

Esa postura que, no lo olvidemos, expresa la palabra de una entidad nacional, deja de lado un reciente y ejemplar suceso, como lo fue la oposición de las cuatro provincias restantes de la cuenca a la construcción del dique en Portezuelo del Viento, que hubiera causado grandes perjuicios a los aprovechamientos agrícolas de aguas abajo.

 

La entidad denunciante dice que la justicia federal de Mendoza se lavó las manos y consideró que “no surge que el presunto daño ambiental tuviese carácter interjurisdiccional”, un criterio que resulta “inexorable” para convocar al fuero federal.

 

Es fácil advertir la sumatoria leguleya que complementa los procederes políticos que dieron lugar al reclamo. Puede decirse que este proceder de las clases dirigentes cuyanas no es nuevo y desprende el mismo tufillo que las ha llevado a incumplir todas las disposiciones -incluso la de la Corte Suprema- relativas al Atuel.

 

Ahora las acciones a seguir deben ser decididas en forma conjunta por las provincias que integran el comité de cuenca. “La puesta en duda de la interjurisdiccionalidad del Colorado provocará mucho ruido seguramente por parte de las provincias aguas abajo, decididas a defender esa posición”.

 

De todos modos, la entidad accedió posteriormente al dictamen en el que “el fiscal Sabas entendió que debe intervenir la justicia de la provincia porque el daño presunto no tendría carácter de interjurisdiccional”.

 

Según el texto, al que también accedió LA ARENA, el magistrado también tuvo en cuenta que “en la causa se le atribuiría responsabilidad penal a funcionarios provinciales por haber dictado resoluciones bajo los alcances de la ley provincial 5961/92 y el decreto 820/06, para iniciar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de un proyecto minero”.

 

“Ahora, tras ser promulgada la ley del proyecto minero (Nº 9588, que aprueba las DIA) también se están juntando las asambleas ambientalistas de las cinco provincias para presentar un recurso de amparo”. Efectivamente, LA ARENA pudo saber que entre el viernes y el lunes asambleas de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires enviaron peticiones similares al Coirco, y que también hará lo mismo la Fundacion Chadileuvú.

 

Durante la entrevista con este diario, el presidente de la FADE, Carlos Benedetto, reconoció que los gobernantes mendocinos “se sitúan por encima de todo, incluyendo las leyes; ellos se consideran seres superiores” y citó como ejemplo la conducta de la vicegobernadora, Hebe Casado, quien “le dio luz verde desde la Legislatura a un proyecto australiano para explotar las Salinas del Diamante, porque consideró que el litio no es un metal”.