Un fenómeno imparable que viola derechos de los usuarios

A menos que el Estado tome cartas en el asunto, el crecimiento exponencial de Mercado Libre seguirá basándose en la violación masiva de los derechos de sus usuarios.

JOSÉ ALBARRACÍN

No hay dudas de que Mercado Libre es una de las empresas más exitosas de Argentina, con amplia proyección en América Latina. Según la revista Forbes, su valor en Wall Street cotizaba en 50 mil millones de dólares en 2011, importe superior a las reservas del Banco Central. Su fundador Marcos Galperín es el segundo hombre más rico del país, sólo por debajo de Alejandro Bulgheroni, y por encima del histriónico Paolo Rocca. Por algún motivo, sin embargo, ML no figura en el ranking de los mejores ámbitos laborales, medidos según la opinión de sus empleados. Y ya desde el nombre -y el color amarillo que distingue su logo- se percibe que, en su cultura empresaria, los controles estatales no son bienvenidos.

Mérito.

No puede dejar de reconocerse el mérito de este emprendimiento, que tomó como modelo a la empresa norteamericana Amazon, para luego emular a PayPal en su sistema financiero Mercado Pagos. La posibilidad de buscar rápidamente hasta los artículos más raros, y de contactar directamente a quienes están dispuestos a venderlos, es una experiencia que el consumidor agradece. Tanto más, cuando el sistema permite comparar precios, y corroborar la sensación que desde siempre se tuvo -sobre todo en mercados pequeños como La Pampa- de que los comerciantes locales trabajan con márgenes de ganancias obscenos.

Pero no todas son luces en el mundo Galperín, el empresario que ni bien asumido el actual gobierno renunció a su cargo como CEO y se mudó a Uruguay, desde donde dicta cátedra sobre cómo hacer negocios. Hace poco elogió abiertamente a un fondo buitre que mantiene un juicio millonario -y usurario- contra el Estado argentino.

La verdad es que, revisando las prácticas internas de Mercado Libre, se advierte sin mucho esfuerzo que la firma tiene su propia lógica de funcionamiento, y que muchos de sus procederes se dan de cabeza con la legislación nacional. Y los ejemplos son varios.

Ilegal.

En la burbuja de ML, por ejemplo, los vendedores -que son quienes pagan las comisiones a la plataforma por las ventas que allí se realizan- tienen un trato privilegiado, contrario a la ley argentina. Conforme el artículo 974 del Código Civil y Comercial, por ejemplo, el vendedor que realiza una oferta pública de un artículo queda obligado por esa oferta, y de no respetar su palabra, afronta consecuencias legales, como el pago de los daños y perjuicios generados por su negativa, o como la posibilidad de que se lo obligue a cumplir con el contrato celebrado tras su oferta.

Pero esa norma no rige para Mercado Libre: un vendedor puede deshacer una operación de venta incluso después de que el comprador ha aceptado su oferta y abonado el precio en la plataforma, empleando los distintos medios de pago disponibles.

El comprador frustrado no sólo ve burlados sus derechos legales, sino que además, de un tiempo a esta parte, ML no le devuelve el importe abonado, sino que, sin consultarlo ni avisarle, retiene esos fondos y los acredita en su propia compañía financiera Mercado Pago. El dinero queda así disponible para hacer otras compras o para transferirlo a terceros, en vez de reingresar a la entidad bancaria que el comprador había elegido para manejar su dinero. ¿El derecho a la propiedad? Bien, gracias.

Mediación.

No acaban allí las peculiaridades del sistema. Mercado Libre se reserva el derecho de "mediar" entre compradores y vendedores para el caso de haber una controversia. Por ejemplo, si el comprador recibe por correo un artículo defectuoso, además de correr con la molestia de reenviarlo al comprador, se ve sometido a un "mediador" interno de la plataforma, cuya identidad se desconoce, y tanto más se desconoce cuál es su capacitación profesional para ejercer una profesión que se encuentra legalmente regulada. En vez de mediar, este individuo desconocido decide los conflictos, sin que sea posible acceder a los fundamentos de su decisión.

No es raro que también estas controversias se terminen saldando a favor de los vendedores, y que el comprador, privado de su compra y de su dinero, deba recurrir a Defensa del Consumidor para obtener, meses después, una magra restitución depreciada por la inflación.

Desde que la firma organizó su propio sistema de logística, Mercado Envíos, ha comenzado también a haber problemas con la entrega de productos. A veces no llegan nunca, y -si bien le reintegran el importe, depositándolo en Mercado Pago- el comprador nunca se entera de por qué motivo "no pudimos entregar tu artículo", lo cual viola claramente el derecho a la información de los consumidores.

A eso habría que sumar la notoria irregularidad de que Mercado Pago -como otras plataformas similares del llamado sector "fintech"- funcione virtualmente como banco, con el pequeño detalle de que no paga un peso de interés a sus depositantes, voluntarios o no. De hecho, cuando en diciembre de 2021 el Banco Central impuso una norma que los obligaba a mantener ese dinero "calzado" y no darle un uso financiero, pusieron el grito en el cielo, quejándose de cómo el gobierno estaba "ahogando la innovación".

El fenómeno es imparable. Hay una enorme franja poblacional, especialmente joven, que ha adoptado con entusiasmo la posibilidad de que su teléfono celular sea una billetera virtual, y que el código QR haya reemplazado a los engorrosos cajeros automáticos y tarjetas bancarias. Pero a menos que el Estado tome cartas en el asunto, el crecimiento exponencial de esta compañía seguirá basándose en la violación masiva de los derechos de sus usuarios.