Un nuevo informe que contradice sospechas

Resulta innegable que el nuevo informe sobre los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA viene a "contradecir la postura largamente sostenida por Israel, Argentina y los Estados Unidos".

 

JOSE ALBARRACIN

 

Un informe de inteligencia elaborado por el Servicio Secreto de Israel -conocido como Mossad- ha tenido una repercusión muy discreta en Argentina, pese a que sus conclusiones ponen en crisis décadas de investigaciones judiciales y operaciones políticas. Según el informe, publicado por el New York Times, y confirmado por el gobierno de Tel Aviv, los atentados terroristas llevados a cabo en Buenos Aires en 1992 y 1994, contra la Embajada de Israel y la AMIA, respectivamente, fueron obra exclusiva de la agrupación libanesa Hezbollah, sin participación de ciudadanos argentinos ni iraníes.

 

Prudencia.

 

El gobierno argentino se mostró muy prudente con la información, derivando la cuestión a la unidad fiscal especial que está montada para investigar el atentado de AMIA (el de la Embajada está a cargo de la Corte Suprema) y esperando que el nuevo informe sea agregado como prueba. Los fiscales, por su parte, manifestaron que continúan trabajando en la hipótesis de que los principales responsables serían funcionarios del gobierno iraní sobre los que pesan órdenes de captura internacional.

 

La verdad sea dicha, resulta muy difícil dar una opinión seria sobre la investigación que sigue esa fiscalía: el "expediente" en cuestión es en realidad una verdadera biblioteca con más de 30.000 fojas, más documentación anexa, a la cual pocas personas tienen acceso, y para cuyo estudio cabal harían falta meses, si no años. A lo cual, por supuesto, no colabora el hecho de que buena parte de esas pruebas sean "informes de inteligencia" -como el que se acaba de conocer- provenientes de partes interesadas, ni tampoco que a lo largo de la investigación se hayan producido hechos de corrupción y de encubrimiento que a su vez generaron otros expedientes judiciales, y que ponen en duda la validez de parte de las pruebas existentes.

 

Con esa salvedad, resulta innegable -como señala el NYT- que este nuevo informe viene a "contradecir la postura largamente sostenida por Israel, Argentina y los Estados Unidos, de que Teherán tuvo un rol operativo en el terreno. Y también contradice las sospechas en Argentina de que funcionarios y ciudadanos locales fueron cómplices" de los atentados.

 

Pintoresco.

 

Como suele ocurrir con este tipo de informes, abundan los detalles coloridos, como la afirmación de que los explosivos usados en ambos atentados fueron contrabandeados en vuelos regulares desde Europa, escondidos en botellas de champú y en cajas de chocolate. Algo plausible si se tiene en cuenta de que, antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, ese tipo de equipaje no era controlado adecuadamente por las compañías aéreas. Pero también es llamativo, si se tiene en cuenta lo permeable de las fronteras argentinas -en particular, la famosa Triple Frontera con Paraguay y Brasil- que hubiera permitido un tránsito menos laborioso de esos materiales.

 

El informe también afirma que los explosivos fueron escondidos en una plaza o parque público en Buenos Aires, hipótesis ésta que aparece como bastante menos creíble: los terroristas suelen ser audaces, pero no acostumbran correr riesgos innecesarios. Por cierto, según el informe, los perpetradores de ambos atentados estarían aún, vivitos y coleando, residiendo en el Líbano.

 

Lo que el Mossad no duda en afirmar, es que ambos atentados fueron ejecutados en represalia contra las operaciones de Israel sobre posiciones de Hezbollah en el Líbano. Vale decir, que la política exterior del gobierno argentino de entonces no tendría mucho que ver, pese a las múltiples especulaciones que existieron al respecto.

 

Consecuencias.

 

Esto no implica ignorar los vínculos de simpatía -y hasta de financiamiento- del gobierno iraní para con Hezbollah, pero hay varios gobiernos de Medio Oriente como Siria, que están en la misma situación y jamás fueron involucrados como el de Teherán. Desde el punto de vista del derecho penal argentino, por otra parte, la responsabilidad de los coautores o instigadores de un delito se rige por principios más estrictos.

 

Dentro de lo complejo de esta investigación, no puede dejar de atenderse el requisito general de toda investigación penal, de que las fuentes y las pruebas sean objetivas, cosa que evidentemente no se da en el caso de Washington y Tel Aviv, que mantienen un estado de guerra larval con Iran, al punto de haber ejecutado ataques militares quirúrgicos en su contra, destinados a destruir instalaciones, o a asesinar militares y científicos de ese país.

 

El problema con que se enfrentan no ya sólo los investigadores, sino la política argentina en general, es que si se cae definitivamente la llamada "pista iraní", se caen también las imputaciones a ciudadanos de ese origen, y por lógica, cae además la posibilidad de que exista un encubrimiento en favor de esos imputados. Esto incluiría todo cuestionamiento al llamado "memorandum" que el gobierno argentino de entonces -con pleno aval del Congreso- intentó llevar adelante para interrogar a esos sospechosos, incluyendo la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. Y esto hace caer, a su vez, una serie de operaciones de prensa construidas a raíz de los hechos de enero de 2015, culminando, en mayo pasado, en la absurda detención de un avión de bandera venezolana en Ezeiza, episodio que traerá no pocas consecuencias jurídicas para el estado nacional.

 

En cualquier caso, este nuevo informe -contradictorio de otros que provenían del mismo origen, y cuya aparición en este momento no ha de ser casual- viene a reactivar la necesidad de que sean los jueces y fiscales puestos por la Constitución quienes asuman el control de las investigaciones penales. Y que mantengan una actitud convenientemente escéptica respecto de los servicios de inteligencia, tanto extranjeros como nacionales, que, como se ve, casi siempre trabajan en función de su propia agenda.