Una pésima noticia

El avance en un nuevo acuerdo con el FMI que implicaría nuevos desembolsos no deja de ser una pésima noticia para la Argentina.

 

En la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso, este año el presidente describió a la deuda pública como “esa inmoralidad que castiga a las generaciones futuras”. Sin embargo, sigue adelante buscando un mayor endeudamiento con el FMI cuyos vencimientos se extienden hasta 14 años. Son plazos que exceden varios períodos de gobierno.

 

Estamos hablando de políticas de Estado que requieren de un profundo debate, no sólo decir que sí o que no a un DNU del Poder Ejecutivo, aparte de la gravedad que significa desoír la Constitución o incumplir el art. 2º de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública.

 

En nombre de supuestos beneficios para el corto plazo (“bajar la inflación”, acceder a los “mercados”, salir del denominado “cepo”, etcétera) se continúa engrosando la hipoteca de los argentinos y las argentinas.

 

Distintos funcionarios del Gobierno intentan convencer con el argumento de que esta operación de mayor endeudamiento con el FMI no constituye nueva deuda, sólo implica un cambio de acreedor. Incluso en estos días el ministro de Economía, Luis Caputo, comentó que significaría una reducción de deuda. Argumentos que no se encuentran en los considerandos del DNU: sin duda, no se animaron a dejar por escrito en un documento oficial estas insostenibles visiones.

 

La idea de que la deuda intraestatal que tiene el Tesoro Nacional con el Banco Central es de igual naturaleza que el endeudamiento con el FMI no resiste ningún análisis. El cambio de acreedor no es menor, por varias razones. En lo esencial, uno es externo, el FMI, mientras que el otro forma parte del propio Estado y el BCRA no le impone ningún condicionamiento al Tesoro como lo hace el FMI en cada préstamo que otorga.

 

Además, los títulos intransferibles del Tesoro que tiene el BCRA y que se canjearían por deuda con el Fondo tienen una tasa que osciló por debajo del 3% anual en dólares durante el año pasado. En cambio, el préstamo con el FMI tendría un costo que ronda el 6,5% anual (la tasa más los sobrecargos a los cuales se pagaron los intereses en febrero pasado). Muchísimo más caro.

 

Por cierto, al país le estarían otorgando nuevos fondos por los que desde un comienzo pagaría sobrecargos. Es decir, que en lugar de facilitar que el deudor cancele su deuda, lo que hace el FMI es tornar más gravosos los términos de los acuerdos, generando de esta forma las condiciones para una mayor vulnerabilidad.

 

Además, en el caso de la deuda intraestatal, el Tesoro puede colocar un nuevo título para refinanciar los vencimientos. En cuanto a las obligaciones del FMI, los intereses se pagan sí o sí, porque si no comienzan los plazos para entrar en default, y la renegociación del capital es por demás complicada y con grandes condicionamientos de políticas económicas.

 

El ministro de Economía debería explicar estas cuestiones en el Parlamento. Además, los directivos y el equipo técnico del FMI no indican estar muy apurados.

 

En lo económico, pasar a deberle más dólares al Fondo refuerza los problemas de la restricción externa y le otorga una mayor fragilidad a la Argentina, al revés de lo que se quiere hacer creer. No hay motivos para engrosar la hipoteca, a no ser que lo que se busque es hacer un país cada vez más dependiente, y condicionar aún más a los futuros gobiernos. Los mejores momentos de la economía se dieron cuando el país se pudo sacar de encima la deuda y las políticas impuestas por el FMI. (Por Carlos Heller, diputado nacional de Unión por la Patria y presidente del Partido Solidario).