Reclaman reunión

Los y las trabajadoras que se nuclean en el programa «Vértice Educativo» salieron públicamente a reclamar por sus condiciones laborales y pidieron que el ministro de Educación de la provincia, Pablo Maccione, los reciba para informarlo sobre las problemáticas que plantean.
El grupo de trabajadores se desempeñaba en los programas socio educativos CAI (Centro de Actividades Infantiles) y CAJ (Centro de Actividades Juveniles), que habían sido creados durante la presidencia de Cristina Fernández y luego abandonados por la gestión de Mauricio Macri. Frente a esa situación, el gobierno de La Pampa los absorbió en el marco del programa provincial «Vértice Educativo».
«Estamos convencidos que podemos aportar desde nuestra ‘experiencia de campo’ a lo que ellos desde su escritorio, para que el programa vaya mejorando día a día, sin perder de vista nuestra reivindicación como trabajadores de la Educación», aseguraron en un comunicado.
Y recordaron que «desde el punto de vista legal, el hecho que exista una ley de creación del programa, supone mejores condiciones que entonces. No obstante, parecen ser más los perjuicios que los beneficios»
Luego enumeraron que «en abril de 2019, Utelpa y no el gobierno, presentó en sociedad la ley provincial 3149 de creación del programa «Vértice Educativo». Exigua ley, con algunas certezas. Pagos de marzo a diciembre; en negro (el famoso ‘suplemento no remunerativo y no bonificable’ para los estatales y monotributo para el resto) y prioridad de los trabajadores CAI-CAJ para cubrir los puestos de trabajo (como firmó Utelpa)».
En el extenso comunicado de prensa explicaron que «ya convocados a ‘nuestras’ escuelas, nos fuimos enterando sobre el funcionamiento del nuevo programa. Bajo el paraguas de la palabra ‘territorio’, nos encontramos amontonados de a tres o cuatro CAI-CAJ, o lo que quedaba de ellos. Ya no había ‘coordinadores’ sino ‘asistente territorial’ (uno, donde antes había tres o cuatro) y ‘educadores comunitarios’, en vez de ‘maestros comunitarios’. Ambos escalafones, con una carga horaria reducida a ocho horas reloj, semanales y $ 8.000 en el bolsillo. Los ‘talleristas’ seguían como tal (reducción a cuatro horas y $ 4.000) y los ‘ordenanzas’, bien gracias. A su vez, se creaba la figura de Director Responsable Territorial, a cargo de uno de los directores de las instituciones educativas involucradas en el ‘territorio'».

Inestabilidad.
Los trabajadores también cuestionan la supuesta «estabilidad laboral» que proporcionó la ley de Vértice Educativo. «El nuevo programa pone en manos de los directores implicados en cada territorio, la potestad de volver a convocar o no, al principio de cada ciclo lectivo, a todos o a determinados integrantes de cada equipo Vértice. Potestad que, además de sonar antipática, perversa, discrecional o como se la quiera catalogar, se da de bruces con las atribuciones que el Estatuto Docente prevé para los directores de instituciones educativas».