Demasiados abusos en un solo operativo

La detención de un militante político durante varias horas ocurrida en esta ciudad hizo recordar, otra vez, los negros años de la dictadura militar cuando cualquier ciudadano podía ser privado de su libertad por la sola voluntad de un policía.
Como en anteriores episodios de demoras injustificadas y traslados a comisarías esta vez volvió a verse la misma metodología en acción. Ahora el que tuvo que padecer el maltrato policial fue un joven oriundo de Buenos Aires que se encontraba en nuestra ciudad desarrollando actividades políticas para el Partido Obrero que se encuentra en pleno proceso para alcanzar su reconocimiento provincial.
Cuando fue interceptado por el patrullero policial el muchacho se encontraba caminando por la calle, sin cometer ningún delito, ninguna falta; los agentes pudieron comprobar por radio que tampoco tenía antecedentes penales. Por eso resulta insostenible su traslado a la Seccional Tercera y peor la excusa esgrimida: confeccionar un "registro". Esa palabra también tiene resonancias dictatoriales. ¿Qué significa un "registro", acaso una suerte de "fichado" o de "lista negra"? Si la persona no tiene antecedentes de conflicto con la ley no tiene por qué figurar en un "registro" policial. ¿O acaso la libertad de transitar por el territorio nacional, como expresamente lo dice la Constitución, está sometida a limitaciones en nuestra provincia?
Pero no fue el único acto de prepotencia que tuvo lugar en el procedimiento. Según denunció el joven ante la prensa -y no fue desmentido por ninguna autoridad- le revisaron las llamadas y mensajes de su teléfono celular, una acción que solo un juez puede ordenar. La violación de un celular es equivalente a interceptar una línea telefónica fija, es decir, una operación que ningún funcionario policial puede llevar a cabo por propia iniciativa. Se trata de una grave violación a la intimidad de una persona y lo que torna más grave lo sucedido es que sufrió ese atropello en su calidad de militante político de una agrupación legal que incluso tiene representantes en el Congreso de la Nación.
Las otras acciones realizadas: toma de huellas dactilares y de fotografías y el interrogatorio con claro contenido político -en este caso también a sus compañeros de militancia- constituyen extralimitaciones inaceptables que solo buscan el propósito de amedrentar. La pregunta que cabe formular es: los policías procedieron de tal forma excediéndose en sus funciones y, por lo tanto arriesgándose a un castigo, o lo hicieron respondiendo a precisas instrucciones de su superioridad jerárquica y política.
La primera es grave y ameritaría un sumario y las correspondientes sanciones. Pero la segunda es mucho peor. Y ocurre en momentos en que el gobierno nacional ha intensificado el accionar represivo de las fuerzas de seguridad que ya mostraron los altos niveles de violencia que son capaces de descargar sobre la protesta social. Aquí en La Pampa, a menos de un año de la muerte de un cazador por una bala policial y de otras manifestaciones de maltrato, parece que tampoco estamos a salvo de la violencia institucional, muy a tono con el perfil del ministro de Seguridad.