El gran soberano: la centralidad del Estado peronista en La Pampa

Norberto G. Asquini
En los últimos treinta años, el Estado peronista ha ganado protagonismo como actor casi omnipresente en la vida social. La concentración del poder, el control político y económico y su relación con los factores de poder. Las nuevas demandas y la relación ambigua con la sociedad.
El Estado se ha convertido en la provincia de La Pampa en actor central de la vida social. Centralización del poder y control político y financiero son parte de este proceso. Sobre esta afirmación, podríamos hacer una primera aproximación y cuantificarla: a grandes rasgos, mientras que a mediados de la década de 1970 había un empleado público por cada 68 habitantes, hoy hay uno cada 12 en la provincia. Para dar solo una muestra.
Pero su presencia es mucho más profunda y determinante. Ensayaremos aquí una aproximación sobre otro avance que ha tenido el Estado peronista en las últimas tres décadas en relación con la sociedad civil.

Una sociedad dinámica.
Provincia nacida en 1952, y territorio dependiente en lo político-administrativo de la Nación durante más de medio siglo antes de lograr su autonomía, La Pampa comenzó entonces su construcción institucional. Fue avanzando de a poco en su conformación. Durante buena parte de su historia, fue la sociedad civil y sus organizaciones, dinámica, en paralelo y complementando a la acción estatal, las que asumieron e impulsaron, ante la acotada presencia del Estado en formación, buena parte del crecimiento del territorio. Allí donde faltaban servicios esenciales estaban “los vecinos” agrupándose para llevarlos en sus localidades. Se conformaron de esta manera las comisiones “pro” y de fomento: para instalar un hospital, un colegio, un templo, etcétera.
De la misma manera, las corporaciones en la provincia tuvieron presencia e influencia en las decisiones gubernamentales, como factores de poder que representan. Los gobiernos apelaron a ellas en muchos casos y para legitimarse cuando eran de facto.
Sus miembros, por ejemplo, integraron los “consejos asesores” en la gobernación y los municipios, como ocurrió después del golpe de Estado de 1966 cuando se sumó en la provincia la Cámara de Comercio y la Asociación Agrícola. Pero no hay que confundir esta presencia con apoyo acrítico: estas entidades también respaldaron en su momento avances y reclamos, como la nacionalización de la universidad pampeana o la lucha por los ríos en los años 70. En los años 50, fueron muchos comerciantes y productores agropecuarios los que impulsaron con sus aportes el nacimiento del Banco de La Pampa. Los clubes deportivos eran asociaciones dinámicas en los que muchos dirigentes mantenían su presencia cuando las dictaduras proscribían la vida política.
Estas organizaciones también ejercían presión como representantes de intereses sectoriales. Los médicos se opusieron a las reformas que materia de salud impulsó el gobierno peronista en los 70 y varios colegios profesionales conformaron la comisión que desmanteló el Servicio Provincial de Salud. Dirigentes de sociedades rurales integraron la gestión de la Revolución Libertadora y otros organismos, y hasta colocaron intendentes en la dictadura de 1976. Podemos dar cuenta en esta breve mención a la Iglesia católica, que presionó en 1960 contra el laicismo en la constituyente de ese año.

Concentración del poder.
La hipótesis es que desde hace treinta años el Estado peronista ha avanzado sobre la geografía política y social restándole espacios a esas corporaciones y centralizando su poder a través del control político y económico. Una estrategia de concentración de poder en parte deliberada y en parte llevada por las circunstancias. A pesar de la caída del “modelo estado-céntrico” en los años 90 con las reformas neoliberales y el avance del mercado como articulador de la vida social. La Provincia fue asumiendo funciones que eran de la órbita nacional y las privatizaciones restaron presencia de la Nación con sus organismos.
El Estado provincial fue creciendo además en funciones -solo hay que comparar el organigrama de 1983 con el actual- y en presencia social. El Estado-gobierno peronista logró así consenso electoral a la vez que utilizaba su aparato para afianzarse en la política partidaria.
Pero a su vez avanzó en infraestructura y en influencia política. Caminos, escuelas y hospitales junto a cloacas, electricidad o gas junto a las políticas de bienestarismo, sobre todo en los años 90 y la exclusión neoliberal. La obra pública -muchas veces con una marcha irregular según los momentos coyunturales- llegó así hasta el último pueblo.
Es además, y por sobre todo, motor de la economía regional a través de los sueldos de miles de empleados públicos de la capital provincial y de la obra pública. Hoy los municipios son los que afrontan la demanda de trabajo local. Este proceso fue parte del rol que asumió en los años noventa, y mantuvo en los 2000, el Estado peronista: al tiempo que crecía la desocupación, se estancaba la actividad y desaparecían empresas, el estado absorbía empleo público gracias a sus arcas.
El poder de los dineros públicos, y su incidencia en La Pampa, se puede observar en un dato: desde 2003, en poco más de una década, el presupuesto provincial se multiplicó por 20, de 600 millones de pesos pasó a 12.000.

Dependencia económica.
Frente a este avance, las corporaciones perdieron en muchos casos su lugar como factores de poder, aunque todavía influyan en políticas concretas, y se recluyeron en sus intereses. Además, hubo un retroceso en la participación social que afectó a otras instituciones, como ocurre con los clubes deportivos, por poner un ejemplo, que es un fenómeno más global.
Este escenario, por supuesto, implicó la sujeción de muchos sectores a las decisiones oficiales, a cooperar, ser cooptados, articular acciones o a moderar los disensos. Las cámaras empresarias también sobrellevaron el control financiero a través del Banco de La Pampa, sobre todo en los peores momentos de crisis, lo que impactó en su cultura y allanó cualquier resistencia, llevando además a buena parte del sector privado a la dependencia y a perder influencia en la economía pampeana.
El Estado es central en la vida económica: las grandes empresas constructoras dependen de la obra pública, muchos grandes proveedores lo son de sus compras y otras corporaciones de su función como subsidiador de actividades.
Esto no significa que no haya resistencias a sus avances sobre determinadas actividades o que se le reclame cuando se vean afectados intereses propios desde las entidades o corporaciones. Quienes confrontan al verse afectados por sus políticas, lo hacen por una distancia económica o política. Las sociedades rurales pueden plantearle cambios porque su actividad no depende del Estado provincial; las cooperativas porque tienen autonomía política y suficiente base social. Otros, que articulan sus intereses con ese Estado, recién toman una postura de confrontar cuando sus intereses se ven afectados, como ocurre ahora con las empresas proveedoras de servicios a las petroleras.

Relación ambigua y dominante.
¿Este escenario significa que en La Pampa hay una sociedad pasiva ante esa centralidad del Estado peronista? Como ha ocurrido en el país, la lógica de la movilización social en la última década se ha transformado. En reemplazo de las campañas multisectoriales a las políticas de ajuste estructural durante el menemismo y la Alianza, han prevalecido desde el colapso de 2001-2002 las coaliciones sectoriales en reclamos por problemáticas específicas.
La ciudadanía encuentra sus canales de interpelación y protesta, ya sea por temáticas generales y abarcativas, como por ejemplo el reclamo por el río Atuel, en el que confluyen distintos sectores; como puntuales o inorgánicas, como ocurre con las manifestaciones por seguridad en algún barrio, de justicia ante determinado caso, de desocupados o ambientalistas como el cuidado del arbolado.
La centralidad y la concentración del poder del Estado peronista está presente en la sociedad pampeana y muchos de sus habitantes descansan en esa presencia que garantiza estabilidad. Pero esto no significa que se le demande su asistencia, porque de él se esperan también todas las respuestas por ser un actor central. Una relación ambigua y contradictoria entre Estado-gobierno y sociedad civil que sostiene un status-quo. Aunque uno solo sea el actor dominante.