No puede ser

La veloz aprobación de la ordenanza sobre las antenas en los espacios públicos abrió una fuerte polémica y un pedido de la Cooperativa Popular de Electricidad para entrevistarse con el intendente. De entrada provocó extrañeza el trámite vertiginoso que se le dio al tema. Los concejales -todos menos un edil radical- alzaron sus manos con una premura digna de mejor causa sin tomarse un tiempo prudencial para realizar consultas en nuestro medio y estudiar en profundidad el proyecto y sus implicancias.
Ese apuro fue, justamente, el que sembró de suspicacias el debate porque -como todos deberían saber, y en especial las autoridades comunales- detrás de este asunto hay poderosos intereses foráneos. El negocio de las telecomunicaciones en nuestro país no está en manos de benefactores de la humanidad. Unas pocas y muy poderosas corporaciones nacionales y extranjeras pujan por ganar terreno en el campo de la telefonía celular y en esa carrera han dejado muy atrás al movimiento cooperativo argentino. Ya en el anterior gobierno nacional, y en este con mucho mayor énfasis, las cooperativas fueron marginadas y han perdido un considerable terreno en su deseo legítimo de poder incursionar en esa actividad. Y ahora en Santa Rosa, la reciente decisión del Concejo Deliberante, extrañamente, apunta a reforzar esa desigualdad a pesar de que en nuestra ciudad existe una de las cooperativas más grandes y antiguas del país que presta el servicio de telefonía fija, internet y televisión por cable y ha expresado públicamente su intención de incorporar en breve la telefonía celular.
Todavía se está a tiempo de corregir semejante error. La reunión entre el intendente y los concejales por un lado, y el consejo de administración de la CPE por el otro, no puede demorarse. Dos alternativas se presentan ante este trance. Que se revea lo actuado y todo quede como un momentáneo desacuerdo que pasará a integrar el anecdotario político local; o que se promulgue la ordenanza y se convierta en un Caballo de Troya desde el cual asaltarán a nuestra ciudad los intereses oligopólicos.
No viene mal recordar en esta ocasión que la CPE tuvo que confrontar no una sino dos veces contra poderosas empresas foráneas. La primera fue en su momento fundacional, hace casi 90 años, cuando tuvo enfrente a una miltinacional de la energía, la Sudam; la segunda vez fue mucho más reciente, cuando debió vencer no pocos obstáculos burocráticos y fuertes intereses privados para incursionar en la TV por cable y romper con el monopolio del Grupo Clarín que tan caro le costaba a los santarroseños.
Todo indica que hoy estamos en una encrucijada similar. La CPE demostró con hechos que puede prestar los servicios de comunicaciones con igual o superior eficiencia y a precios mucho más convenientes para sus socios que son, a su vez, los contribuyentes de la comuna. No hay una coincidencia de intereses más sólida que la que, en nuestra provincia, une al Estado con el movimiento cooperativo.
“No puede ser, no debe ser”, dijo un recordado poeta pampeano en una de sus creaciones más sentidas al hablar de los que se “entregaron” a los de “guantes blancos”. La sociedad santarroseña y sus representantes políticos y cooperativos no pueden, ni deben, convalidar esto. Es ahora el momento de barajar y dar de nuevo.