“Un golpe a la democracia”

I. El macrismo viene fogoneando en el Congreso un proyecto de ley para habilitar a las empresas a realizar aportes económicos en las campañas electorales. Hasta ahora la ley permite solo al Estado y a los individuos realizar contribuciones a los candidatos y excluye taxativamente a las compañías. El proyecto de Cambiemos aporta también una modificación positiva que es la bancarización de todos los aportes; fiel a su estilo, introduce un avance para mejorar los controles pero, en el mismo paquete, esconde una “sorpresa” sumamente perniciosa.
Esta iniciativa tiene lugar justo cuando en la Justicia se está investigando la causa de los “aportes truchos” a las campañas del macrismo de 2015 y 2017. Los testimonios que hablan de un fraude son contundentes. Un periodista de La Nación reveló en un libro reciente, y lo ratificó ante el juez, que el hoy presidente de la Nación le pidió aportes económicos a sus amigos empresarios, y “en negro”. Otros testigos, entre ellos candidatos de la misma fuerza, declararon que hubo “dinero en efectivo en sobres de papel madera” entregados sin recibo para gastos de campaña. (Sospechosamente así estaban guardados en la casa de la vicepresidenta de la Nación cuando se denunció el robo en una causa que fue inmediatamente cerrada por los jueces amigos del macrismo). También figuran indigentes beneficiarios de planes sociales como contribuyentes a la campaña de Cambiemos entre tantas otras irregularidades que hoy están saliendo a la luz ante el silencio de la prensa oficialista.

II. Un antecedente a tener en cuenta es lo que ocurrió en Estados Unidos en 2010 cuando la Corte Suprema de ese país con la estricta mayoría de los cinco jueces conservadores contra los cuatro liberales resolvió que las empresas pueden contribuir con aportes económicos en las campañas electorales. La decisión desató el enojo del entonces presidente Barak Obama que calificó la medida como “un golpe a la democracia” y una “brutal irrupción del dinero de los grupos de presión en la contienda política”; y afirmó que era “una gran victoria de los petroleros, los bancos de Wall Street” y otros “poderosos intereses que maquinan su poder en Washington para acallar las voces de los estadounidenses”. Otro recordado presidente: Theodore Roosevelt había promulgado una ley, en 1907, que prohibida expresamente los aportes empresarios ya que, en su opinión, corroían a la democracia.
Según un medio muy cercano al gobierno nacional, esta iniciativa del macrismo surge precisamente ahora porque está teniendo problemas para recaudar fondos entre sus poderosos contribuyentes, ante la reticencia que campea en virtud de la causa judicial que investiga los sospechosos aportes a las campañas recientes. A tal extremo es motivo de preocupación este tema que podría ser el único que motive una convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso durante el receso de verano. Lo peor es que un sector del peronismo en el Senado, el más conservador, estaría de acuerdo con la iniciativa.

III. Ningún beneficio puede esperarse de un cambio legislativo semejante. Al contrario, si se legaliza aquí, como en EE.UU., la posibilidad de que las grandes compañías puedan aportar dinero a las campañas electorales se estará consolidando un sistema mucho más desigual, con partidos cercanos al poder económico que contarán con enormes fortunas para sus despliegues publicitarios y otros que deberán conformarse con migajas. Hay propuestas para que el Estado sea el único que financie las campañas electorales, para asegurar criterios de equidad, racionalidad y sistemas de control auditados por todo el arco político: oficialismo y oposición. El mayor costo de esta alternativa se ganaría en tranquilidad ciudadana. Y además sería un saludable freno a los desmesurados gastos que insumen las campañas.