Robo del Atuel: "Podrían condenar al país y aumentar intereses de la deuda"

Omar Gebruers, abogado de ribereñas del río Atuel, celebró la medida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación al robo del río Atuel y al incumplimiento del fallo por parte de Mendoza. "Si no hay respuesta del gobierno, el Estado argentino se enfrenta a la posibilidad de ser condenado internacionalmente, por ejemplo, que le aumenten los intereses de la deuda externa", advirtió.

Tal como reveló este diario en su edición de hoy, la CIDH al gobierno nacional de Javier Milei en el plazo de tres meses a la petición que presentó Gebruers para “cumplir o hacer cumplir” el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó a la provincia de Mendoza la liberación de un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo del río Atuel en el Puente de los Vinchuqueros, en el oeste provincial. EL escrito se había presentado en septiembre de 2023.

En diálogo con Radio Noticias, Gebruers explicó que se presentó como abogado de las pobladoras oesteñas Alejandra Domínguez y Elsa Monzón. También "como habitante de La Pampa y damnificado junto a todos sus habitantes por la privación del del curso del Atuel por parte de Mendoza".

En la petición, solicitaron a la Comisión que "buscara los medios necesarios para que se cumpliera con la sentencia de la Corte que ordena la escorrentía de los 3,2 metros cúbicos por segundo en el puesto de medición de Los Vinchuqueros". Esto fue sometido a un análisis previo de admisibilidad y se llegó a la conclusión de que "hay caso, hay virtualidad suficiente del reclamo como para pedirle explicaciones al Estado argentino a ver por qué no se cumple con esa sentencia. Y eso es lo que ha ordenado la Comisión".

Consecuencias.

El abogado explicó que tras analizar el caso, la Comisión puede abrir un "proceso de solución amistosa entre las partes. Esto implica reunirse y buscar el cumplimiento o un acuerdo". En caso de que no haya respuestas por parte del Estado nacional, advirtió que "se enfrenta a la posibilidad más que cierta de que sea condenado internacionalmente".

- ¿Y eso qué significa?

- Y, por ejemplo, que le aumentan el porcentaje de intereses de la deuda externa. Eso generalmente lo hace la Corte Interamericana, sancionar con un incremento de la tasa de interés de los créditos internacionales. Si se está pagando una tasa del 7 % anual, puede ser del 7,5 % a partir de esta sanción.

Otra opción puede ser la incautación de algún tipo de patrimonio del Estado en garantía del cumplimiento de la sentencia. También se puede intervenir algún organismo vinculado a Recursos Hídricos o Ambiente, que sea la parte obligada a cumplir. Se designa un interventor para que transmita el cumplimiento.

Esto es una cuestión todavía lejana, porque en este momento estamos en el principio del proceso. Pero es una muy buena noticia que hayan decidido correr traslado al Estado argentino, ya que eso implica que le han dado verosimilitud al reclamo.

Explicaciones.

Gebruers indicó que la notificación llegó a Cancillería, que posee "un organismo interno que representa al Estado argentino ante los organismos internacionales. Tiene funcionarios con algún grado de capacidad de decisión en estas negociaciones".

Desde ese ámbito se deberá dar respuestas en el plazo de tres meses. De todas maneras, el profesional remarcó que "hay varios incumplidores: la primera es Mendoza, la otra es Nación. Por otro lado, hay que ver por qué la Corte Suprema no ejecuta su propia sentencia, y esto humildemente tengo que decir que debería ser impulsado por La Pampa, que es la que obtuvo esa sentencia".

En este caso, reiteró que en su presentación "lo que hicimos fue informar a la Comisión que este corte del agua generó la inviabilidad económica de la provincia. Tenemos dos tercios de la superficie sin posibilidad de ser utilizados productivamente".