¿Cómo llegamos al 24 de marzo de 1976?

Este análisis, sustentado en investigaciones de las ciencias sociales, recorre las tensiones y conflictos que antecedieron al Golpe de 1976, así como las principales características de la dictadura que se instauró con posterioridad. Un aporte para entender la complejidad de nuestra historia reciente y fortalecer la democracia que supimos construir.

 

Mariana Annecchini *

 

Los años previos. 1955: Proscripción del peronismo.

 

La conflictividad política en Argentina se intensificó entre finales de los sesenta y principios de los setenta, sin embargo, su origen se remonta a la década anterior. El golpe de 1955, que derrocó a Juan Domingo Perón y proscribió tanto a su figura como a su partido, desencadenó un ciclo de inestabilidad marcado por la alternancia entre dictaduras y gobiernos civiles.

 

La proscripción del peronismo alimentó el desencanto y funcionó como fermento para la disidencia. Los mayores picos de tensión ocurrieron durante la autodenominada “Revolución Argentina” (1966-1973) y un hecho emblemático al respecto lo constituyó el Cordobazo (1969).

 

1966-1976: represión y “enemigo interno”.

 

Estos años se distinguieron por una alta intensidad represiva, marcada por la intervención activa de los militares en el control de la seguridad interna y la represión política y social. Esta escalada de violencia se estructuró en torno a la confrontación directa entre las organizaciones político-militares (que crecieron progresivamente en la primera mitad de los setenta) y un aparato estatal y paraestatal que reprimió el accionar guerrillero.

 

Tanto en la dictadura autodenominada “Revolución Argentina” (1966-1973) como en el tercer gobierno peronista (1973-1976), dicha represión se justificó bajo la construcción doctrinaria del enemigo interno. La base de este pensamiento suponía que la “amenaza” no provenía de una potencia extranjera sino de un enemigo interno de tipo marxista que estaba instalado dentro de las fronteras nacionales. En este escenario, las Fuerzas Armadas asumieron la misión de intervenir sobre una sociedad que consideraban “enferma”. En un clima trazado por la Guerra Fría, la militancia marxista era concebida como un cáncer que se había propagado internamente y que debía ser eliminado por completo para garantizar el saneamiento y la supervivencia de la Nación.

 

Las organizaciones armadas.

 

En este complejo contexto político surgieron organizaciones armadas como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Estos grupos no fueron cuerpos extraños a la sociedad, sino actores que emergieron de una sociedad profundamente politizada y movilizada. Durante un tiempo, parte de la sociedad avaló y apoyó el accionar guerrillero como una respuesta a la violencia de un Estado dictatorial, represivo y autoritario como fue la dictadura iniciada en 1966.

 

El periodo se caracterizó por una tolerancia inicial hacia la acción directa, ya que el recurso a la violencia se hallaba extendido en varios sectores de la sociedad y se reforzó ante la respuesta represiva de la llamada “Revolución Argentina”. La represión que emergía del propio Estado dictatorial confirmó para muchos que la violencia era un recurso válido contra un régimen autoritario e ilegítimo.

 

De este modo, el accionar violento encontró resonancia en diversos sectores, cubriendo un amplio arco que iba desde la protesta social hasta las acciones guerrilleras.

 

Tercer gobierno peronista (1973-1976).

 

La violencia escaló tras el retorno del peronismo al poder. En este periodo, las tensiones internas entre la “izquierda” y la “derecha” del movimiento generaron un clima de fuerte violencia política, agravado por una creciente conflictividad social y laboral y un progresivo deterioro económico.

 

La violencia se vio potenciada por la tolerancia del Estado hacia el accionar de organizaciones de derecha y comandos paraestatales como la Triple A. Este escenario, sumado a la falta de legitimidad de Isabel Martínez de Perón, favoreció la injerencia política de los militares, a quienes el propio gobierno terminó autorizando para ejercer la represión. Sin embargo, tras el golpe del 24 de marzo, lo que hasta entonces eran acciones represivas aisladas se convirtió en un plan sistemático de exterminio, escalando hacia una violencia estatal sin precedentes.

 

La estrategia de las Fuerzas Armadas en el periodo previo al Golpe fue recuperar su prestigio y volver a ganarse el apoyo de la gente. Para ello, se apoyó en dos pilares: el discurso de una lucha total contra la “subversión” y la promesa de ordenar una economía caótica.

 

 

La crisis profunda que marcó el tramo final del gobierno peronista le dejó a los militares el camino allanado para que gran parte de la sociedad viera el golpe como una salida necesaria.

 

La toma del poder.

 

El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas tomaron el poder por la fuerza, asumieron el control total del Estado e instauraron un orden represivo sin precedentes. De forma inmediata, el nuevo régimen procedió a desmantelar las instituciones democráticas: fueron destituidos todos los gobernadores, intendentes y legisladores de las provincias y de la Nación, y se removió a los jueces de la Corte Suprema. La política quedó prohibida, los partidos fueron suspendidos y se impuso la censura sobre diarios y revistas.

 

Las fábricas fueron ocupadas militarmente para prohibir cualquier huelga o reclamo laboral. En las calles, cualquier persona podía ser arrestada sin orden judicial, perdiendo su libertad de movimiento y de expresión. Bajo este clima de persecución, miles de ciudadanos fueron encarcelados, despedidos de sus empleos o forzados al exilio.

 

Muchos fueron asesinados y otros miles desaparecieron, mientras la propaganda oficial y los grandes medios intentaban instalar la idea de que el país funcionaba con “total normalidad”.

 

“Refundar” la Nación.

 

La Junta Militar sostuvo que la interrupción de la democracia era una respuesta obligada ante el “vacío de poder” y la ineficacia del gobierno peronista. Bajo esta mirada, el Golpe tenía un carácter refundacional: pretendía inaugurar una nueva era que borrara definitivamente un pasado marcado por el caos.

 

El plan de los militares era imponer un orden en el que cada persona aceptara su lugar sin cuestionar, sin exigir derechos ni reclamar cambios. Necesitaban una ciudadanía obediente para poner en marcha un modelo de país pensado para el beneficio de unos pocos. Se trató de disciplinar a la sociedad a través del miedo.

 

Complicidad civil.

 

Aunque las Fuerzas Armadas pusieron las armas, el golpe no lo dieron solas. Fue una estructura sostenida por grupos económicos y sectores políticos que compartían un interés común: transformar de raíz cómo se repartía la riqueza en Argentina. Ahora bien, ¿cómo lograr ese cambio en una sociedad con una larga tradición de lucha y con plena conciencia de sus derechos?

 

Represión y terrorismo de Estado.

 

Con el fin de imponer un modelo de país que beneficiara a unos pocos, la dictadura aplicó reformas económicas drásticas que golpearon a las mayorías. Tal cambio solo sería posible quebrando la resistencia social a través de una represión planificada minuciosamente.

 

El Estado se transformó en el principal agresor de la sociedad civil. El terror se volvió una práctica cotidiana para romper los lazos de solidaridad y fomentar el individualismo.

 

Bajo esta lógica, las fuerzas de seguridad actuaron en las sombras, secuestrando a hombres y mujeres en sus casas, trabajos o en plena calle, para luego encerrarlos en centros clandestinos de detención.

 

Los centros clandestinos.

 

Existieron cientos de centros clandestinos distribuidos por todo el país. En esos lugares de represión y tortura también nacieron bebés, quienes fueron privados de su verdadera identidad desde el primer momento.

 

El plan represivo alcanzó su punto más oscuro con la desaparición forzada. Como vienen demostrando las investigaciones académicas, miles de personas fueron torturadas y asesinadas; sus cuerpos fueron enterrados como “NN” o arrojados vivos al mar en los “vuelos de la muerte”. El objetivo era no dejar huellas ni pruebas del horror. Como declaró el dictador Jorge Rafael Videla: “No está ni muerto ni vivo, está desaparecido”.

 

 

La dictadura no fue un conflicto entre dos bandos iguales o “dos demonios”, sino un proyecto de militares y civiles que se propusieron “refundar” la sociedad argentina por la fuerza, eliminando a cualquiera que se opusiera al nuevo orden.

 

¿Por qué 30.000?

 

Aunque las investigaciones confirman que las víctimas del terrorismo de Estado se cuentan por miles, no es posible establecer un número exacto. Esto se debe, por un lado, a que la represión fue clandestina e ilegal, diseñada precisamente para borrar huellas; y, por otro, a que los militares nunca rompieron su pacto de silencio ni abrieron los archivos. Además, debemos agregar que miles de personas no se animaron a denunciar por miedo. La desaparición en democracia de Jorge Julio López (2006), cuyo testimonio fue clave para condenar al represor Miguel Etchecolatz, es el recordatorio más contundente de por qué hubo voces que optaron, y aún tienen fundamentos para optar, por el silencio.

 

Ante la falta de respuestas oficiales, los organismos de derechos humanos estimaron la cifra de 30.000 en función de las denuncias que recibían. Sin embargo, como ha señalado el escritor Martín Kohan, los “30.000” no son un dato estadístico a ser probado empíricamente, sino un enunciado político que expresa que desconocemos el número exacto porque el Estado actuó de forma clandestina y se niega a dar información.

 

Reducir el debate estrictamente a los casos documentados implica ignorar la esencia misma de la represión: su carácter oculto.

 

 

No es la sociedad la que debe “probar” cuántos son. Es el Estado el que tiene la obligación de informar a quiénes asesinó, dónde están sus cuerpos y qué destino tuvieron los bebés robados. Mientras el Estado no lo haga, sostener que fueron 30.000 es la única respuesta posible ante los silencios que sembró la dictadura (Martín Kohan).

 

No fue una guerra.

 

Aunque los militares justificaron el Golpe bajo la bandera del “combate a la guerrilla”, argumentando que el país atravesaba una “guerra interna”, su verdadero objetivo fue el aniquilamiento de la “subversión”. En la práctica, cualquier persona que se opusiera a su proyecto político, social o económico era etiquetada como subversiva. Esta figura fue tan amplia que incluyó a diversos sectores de la sociedad, desde el ámbito sindical y obrero hasta el mundo estudiantil y la esfera cultural.

 

Bajo esta lógica, el “subversivo” no era considerado un adversario político, sino un sujeto “irrecuperable” para la nación; alguien a quien no se pretendía derrotar, sino exterminar de raíz para evitar que sus ideas de cambio se propagaran. Esta política del terror supuso el uso de recursos del Estado moderno para ocasionar asesinatos masivos.

 

Violencia política vs. terrorismo de Estado.

 

Aunque existieron grupos revolucionarios que recurrieron a la lucha armada, las investigaciones han demostrado que su número y capacidad operativa eran muy limitados en comparación con el armamento o el control territorial de las Fuerzas Armadas. El Estado siempre tuvo un poder incomparablemente mayor y sus recursos siempre fueron infinitamente superiores. Si bien las organizaciones armadas cometieron asesinatos de civiles, sus acciones no formaron parte de una política sistemática ni planificada de exterminio contra la población. La violencia de las guerrillas fue selectiva y no constituyó un ataque generalizado; por lo tanto, se trata de delitos que deben juzgarse bajo el código penal común y no como crímenes de lesa humanidad. El terrorismo de Estado, en cambio, se define por el uso deliberado de la maquinaria estatal para la aniquilación sistemática, planificada y clandestina de opositores, violando leyes y derechos humanos de manera institucionalizada.

 

 

Las investigaciones históricas coinciden en afirmar que las organizaciones armadas ya se encontraban militarmente diezmadas hacia 1976 y no representaban una amenaza real para la existencia del Estado.

 

 

Por lo tanto, la idea de “guerra” fue una construcción funcional a la dictadura: sirvió para equiparar la responsabilidad del Estado con la de las organizaciones armadas, diluyendo la gravedad del terrorismo de Estado.

 

 

El Estado tiene la obligación jurídica y ética de proteger y respetar los derechos humanos de todos sus habitantes, sin excepción. No puede utilizar su aparato de fuerza de manera clandestina o ilegal contra su propia población. Su deber es recurrir a las leyes y a la justicia para resolver los conflictos internos (Marina Franco).

 

Balance histórico.

 

La última dictadura no fue un Golpe más; su desenlace cerró definitivamente el ciclo de alternancia entre gobiernos civiles y militares que había marcado al país desde 1930. El actor militar, que durante décadas se autopercibió como el “guardián” de la República, quedó desarticulado y su peso político se debilitó profundamente, perdiendo prestigio no solo en Argentina sino en toda la región.

 

Los sectores de poder que históricamente acompañaron los golpes de Estado para imponer sus intereses comenzaron a entender que la democracia era el único camino posible, volcándose así a la construcción de partidos políticos.

 

En lo económico, la dictadura dejó un país reorganizado bajo la lógica de la especulación financiera, obligando al Estado democrático a partir de 1983 a la difícil tarea de reconstruir una estrategia de desarrollo nacional.

 

En lo social, aunque el terrorismo de Estado logró desarticular los lazos sociales, no pudo apagar la voluntad de participación: dejó una sociedad herida y fragmentada, pero con una reserva de movilización que sería clave para la nueva etapa que comenzaba.

 

La trampa de la “memoria completa”.

 

Bajo la gestión de Javier Milei y Victoria Villarruel han cobrado protagonismo discursos que reivindican la idea de una “memoria completa”. Detrás de este lema, que se pretende presentar como una búsqueda de la verdad histórica, se esconde en realidad una continuidad directa de la narrativa del régimen militar.

 

Al hablar de “guerra civil” en lugar de terrorismo de Estado, de la guerrilla como la causante de la represión, de las violaciones a los derechos humanos como “errores” o “excesos”, estos sectores replican los argumentos de la dictadura. Detrás de la pretensión de “completar la memoria”, se esconde una maniobra diseñada para relativizar, justificar e incluso exonerar a los responsables del terror estatal.

 

Por eso, pensar en una memoria de la década de 1970 requiere, ante todo, de honestidad.

 

Se puede reconocer a todas las víctimas de esos años, sin resignar el análisis de las violencias que las provocaron, siempre y cuando se parta de una premisa fundamental, la existencia del terrorismo de Estado, y de un compromiso ético, no distorsionar los hechos.

 

Definir como una “guerra” lo que en verdad fue una masacre represiva, sistemática y planificada desde el Estado, no es una postura neutral. Son los ecos de las voces dictatoriales que hoy encuentran validación en la gestión del Gobierno nacional.

 

* Dra. en Historia

 

CONICET/UNLPam