Piden investigar los brutales abusos policiales en Colombia

Redaccion 03/06/2021 - 21.31.hs

Durante 36 días de crisis el Estado de Colombia habría incurrido en «desaparición forzada de personas, delitos contra la vida (homicidios, lesiones), delitos contra la integridad moral (torturas) y delitos contra la integridad sexual (abuso sexual)», según un duro balance preliminar difundido por una delegación argentina de derechos humanos que visitó el país. El listado forma parte del documento leído por la delegación argentina en Bogotá, como balance preliminar de la información recolectada en más de 15 ciudades durante una semana por sus integrantes, referentes de organizaciones sociales y políticas argentinas.
Los firmantes piden investigar un número indeterminado de personas detenidas fue trasladada en forma irregular a locales particulares y precisa un serie de testimonios de secuestros y abusos sexuales cometidos contra estudiantes, en su gran mayoría mujeres.
El informe consta de seis capítulos y 13 páginas y para cumplir su misión, la delegación se trasladó a Cali, Medellín, Pereira, Siloé, Yumbo, Timbío, Popayán, Santander de Quilichao y Bogotá, entre otras ciudades. Y concluye que «el Estado colombiano debe ser investigado porque en el marco del paro nacional y a través de sus fuerzas de seguridad regulares e irregulares, habría desaparecido, asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo colombiano».
Agrega que «la represión desatada impidió, limitó y condicionó la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta» y considera que «el Estado colombiano debe ser investigado por haber desplegado sobre población civil indefensa, prácticas inscriptas en la lógica bélica, disponiendo para ello de armamento sofisticado y letal y de conductas brutales e inhumanas por parte de sus efectivos».
Estas conclusiones preliminares (el informe definitivo se presentará en Buenos Aires) advierten que el Estado colombiano «debe ser investigado por haber determinado como enemigo interior a la mayoría de su pueblo».

 

Lesa humanidad.
«Deberá investigarse al Estado colombiano en referencia a los delitos de lesa humanidad denunciados. Deben acabar las prácticas impropias de un Estado de derecho», propone el texto, y concluye que «el pueblo colombiano tiene derecho a la apertura de todas las instancias jurisdiccionales, nacionales e internacionales para obtener la reparación integral , a través de la verdad y la justicia».
El informe se basó en «testimonios abrumadores que confirman la significativa violencia represiva desplegada sobre población civil indefensa» y denunció que «impera entre los mandos y la tropa una lógica bélica impropia de fuerzas de seguridad de un Estado que se pretende democrático, inclusivo y respetuoso de los derechos humanos».
Los efectivos policiales y militares colombianos «descargan en las manifestaciones y sus adyacencias una combinación de conductas y arsenal sofisticado, con severas consecuencias en el cuerpo y la psiquis de sus víctimas» relata, y denuncia que «es habitual que el personal policial dispare al rostro con balas de caucho provocando lesiones oculares» a los manifestantes.
«Resaltan las denuncias por los abusos sexuales cometidos por fuerzas de seguridad tanto en la vía pública como en lugares de encierro, las cuales muestran que hasta el 26 de mayo, el 79% de los abusos se mujeres y el 8% sobre disidencias sexuales». También recibieron «denuncias (ratificadas ante la misión) sobre la existencia de empresas privadas (supermercados y talleres) hacia donde fueron trasladadas personas detenidas en las manifestaciones por efectivos uniformados y de civil, ingreso y egreso de móviles sin identificar y hasta francotiradores. El supermercado Exito de Calipso (Cali) y el taller mecánico La Playa (periferia de Bogotá) son dos casos denunciados», enuncia.
Entre las organizaciones que integran la misión figuran el Servicio de Paz de Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Asociación Americana de Juristas (AAJ), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
(Télam)

 

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