Lasso superó intento destituyente

Pocas horas después de haber suspendido el diálogo con las organizaciones indígenas, que acumulan dos semanas de protestas, el presidente de Ecuador, el derechista Guillermo Lasso, zafó el martes de un nuevo pedido de destitución. La Asamblea Nacional, parlamento unicameral ecuatoriano que discutía desde el sábado una moción para cesarlo en el cargo, presentada por el opositor Unión por la Esperanza (Unes, afín al ex presidente Rafael Correa), solo reunió 80 de los 92 votos necesarios.

 

"Defendimos la democracia y ahora debemos recuperar la paz. Pese a los intentos golpistas, prevaleció la institucionalidad, y queda en evidencia quiénes trabajan para las mafias políticas. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando por Ecuador", afirmó el mandatario, un ex banquero de 66 años, en un cable de AFP.

 

Pedido de indígenas.

 

Horas antes, había suspendido las negociaciones iniciadas el lunes con Leónidas Iza, titular de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), tras un ataque de manifestantes en la Amazonia, que provocó la muerte de soldado y heridas a otros doce. Según Lasso, Iza solo defiende "sus intereses políticos", y que el gobierno "no puede negociar con quienes mantienen a Ecuador como rehén".

 

La Conaie lo acusó vez de "autoritarismo, falta de voluntad e incapacidad" y advirtió que deberá responder por "las consecuencias de su política belicista". Las organizaciones indígenas marcharon pacíficamente ayer por el centro de Quito, reclamando la reanudación del diálogo, bajo la consigna "no queremos diez centavos, queremos resultados". Cientos de manifestantes caminaron por el centro histórico hacia el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, para exigir una reducción de hasta 21% del precio de los combustibles.

 

Un manifestante con poncho rojo, que comandaba una de las caravanas, tomó un megáfono y dijo: "aquí vamos a permanecer hasta que el presidente de la república reinstale el diálogo. Si tenemos que dormir aquí, si tenemos que acorralar el palacio de gobierno, lo haremos", dijo, según AFP.

 

Mandatario impopular.

 

El precio de los combustibles y el elevado costo de vida empujaron desde el 13 de junio a las comunidades, con miles de manifestantes que salieron a las calles, exigiendo medidas que alivien el golpe económico a la producción agrícola. En un contexto de marchas festivas, cortes de ruta y violentos enfrentamientos con la fuerza pública, los indígenas presionan al poco popular Lasso, que apenas arrastra un 17% de aceptación pero tiene el apoyo militar.

 

Lasso dispuso algunas compensaciones, que la Conaie consideró insuficientes: redujo precios de combustibles, aunque no al punto reclamado; concedió una moratoria de deudas de hasta 3.000 dólares para campesinos y levantó el estado de excepción, que imponía toque de queda en Quito y presencia militar en todos los distritos.

 

El movimiento indígena de Ecuador participó en revueltas que derrocaron a tres gobernantes entre 1997 y 2005.

 

Actualmente, la dolarizada economía ecuatoriana, que apenas empezaba a recuperarse tras la pandemia, pierde unos 50 millones de dólares diarios, según cifras oficiales. Las protestas dejaron hasta ahora seis muertos (cinco de ellos, manifestantes), más de 600 heridos y unos 150 detenidos, según diversas fuentes.

 

Acusación contra Castillo.

 

La Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú pedirá que Pedro Castillo sea acusado por "organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo", lo que podría derivar en un juicio político para promover su destitución. Según un informe de la radio RPP, una comisión presidida por el derechista Héctor Ventura habría establecido que el presidente participó ilegalmente en la adjudicación para construir un puente sobre el río Huallaga, obteniendo ganancias con ello.

 

La documentación incluiría otros casos que demostrarían irregularidades cometidas por Castillo, como intervenir a favor de allegados ante la Superintendencia Tributaria y presionar por el ascenso de determinados oficiales en las fuerzas armadas.

 

Si el pedido resultara aprobado, será acusado y comenzaría un largo proceso de juicio político, que no necesariamente implicará su separación del cargo. Según la Comisión, Castillo se complotó con su ex secretario Bruno Pacheco, su ex ministro de Transportes Juan Silva y los lobistas Karelim López y Zamir Villaverde para adjudicar irregularmente a un consorcio el puente Tarata, por unos 62 millones de dólares.

 

Los beneficiados habrían entregado dinero a Pacheco y Silva, hoy prófugos, y al propio Castillo, quien niega haber cometido delitos y afirma que es una campaña política en su contra. López y Villaverde se convirtieron en colaboradores de la justicia.

 

El mandatario acaba de perder también respaldo partidario, ya que Perú Libre (PL) le pidió renunciar a sus filas por generar divisiones internas y aplicar políticas "neoliberales", contrarias a las reformas socialistas prometidas durante la campaña.