Seis países rechazaron el ataque militar de EEUU contra Venezuela

Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España difundieron una declaración conjunta donde rechazaron el bombardeo de Estados Unidos a Venezuela y alertaron que se trata de un acto que pone en riesgo la estabilidad en toda la región. 

Asimismo, los seis países exigieron un "cese inmediato" de la intervención militar de Trump en el territorio venezolano. Mediante un comunicado, los gobiernos de las naciones mencionadas expresaron su “profunda preocupación y rechazo” ante la acción ejecutada “de manera unilateral” contra Venezuela.

Entre los considerandos sostuvieron que el ataque de Estados Unidos vulnera principios esenciales del derecho internacional, entre ellos la prohibición del uso de la fuerza, así como el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.      

“Estas acciones constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz y la seguridad regional, y ponen en riesgo a la población civil”, dijeron, según publicó el portal HispanTV.  

Los firmantes del documento conjunto consideraron que la situación de Venezuela debe resolverse de manera pacífica, a través de instancias de diálogo y donde se ponga en primer lugar el respeto a la voluntad del pueblo. “Sin injerencias externas y en apego al derecho internacional”, indicaron.

En tal contexto, convocaron a consolidar una unidad regional "más allá de las diferencias políticas" para hacer frente a cualquier amenaza sobre la estabilidad continental. Recordaron que América Latina y el Caribe son zonas declaradas de paz, donde debe primar el respeto entre países, las soluciones sin lucha armamentística y el principio de no intervención. Ante lo ocurrido, interpelaron a los organismos pertinentes de la ONU para que “hagan uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones”.

También expusieron su preocupación por posibles intentos de “control gubernamental, administración o apropiación externa de recursos naturales estratégicos” y señalaron que estas prácticas  son “incompatibles” con el derecho internacional y representan una amenaza para la estabilidad política, económica y social de la región.