El Gobierno apuesta a la Corte

El gobierno del presidente Javier Milei presentó un recurso ante la Cámara Federal para suspender la Ley de Financiamiento Universitario.

 

Si el tribunal acepta la medida del oficialismo, lo elevará a la Máximo Tribunal. No descartan ir con un recurso en queja si la Cámara no acepta el pedido. Para el oficialismo, hay dos líneas bien marcadas por este tema.

 

La primera apuesta de envergadura pasa por no transferir fondos a las casas de estudio hasta que se expida el máximo tribunal de Justicia. Porque, argumentan, la normativa que se sancionó es inconstitucional al no determinar de donde salen los recursos para solventar a las universidades.

 

Por otro lado, ante la versión de que la normativa rompería el déficit fiscal que tanto protege la administración libertaria, en Balcarce 50 señalan que costaría 2,5 billones de pesos. Pero que semejante costo no representaría un problema. “No hay escenario de déficit, hay que ver de donde se va a sacar la plata, si es un recorte en obra publica, en fondos para las provincias”, grafican.

 

Paralelamente, el oficialismo prometió trabajar en la sanción de una nueva ley. Aunque todavía no están asegurados los respaldos en el Parlamento de dicha normativa.

 

Reclamo.

 

Las universidades llevaron adelante el jueves una jornada nacional con 24 horas de acciones abiertas y públicas, en defensa de las instituciones, con clases en las calles, servicios gratuitos y jornadas de divulgación de ciencia y conocimiento.

 

Además volvieron a reclamar por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, ya que, según aseguraron, sin ella "la universidad pública y la ciencia nacional agonizan".

 

Según explicaron en una carta abierta, las transferencias a las universidades públicas cayeron un 45,6% desde diciembre de 2023 hasta la fecha. Por ello, resaltaron que "en todos los aspectos estamos funcionando a la mitad". Estos recortes incluyen el de los salarios docentes y por eso vuelven a destacar que "sin salarios dignos no hay Universidad de calidad, por lo que lo más urgente es resolver la angustiante e injusta situación salarial de docentes y nodocentes y la necesaria actualización de los programas de becas a estudiantes".

 

A pesar de todas estas dificultades, en el comunicado ratifican "que la ley sancionada por el Congreso y con un fallo judicial ordenando su aplicación, el Gobierno Nacional mira hacia otro lado y las respuestas no aparecen". En la legislación ratificada el pasado 2 de octubre, se busca en "los artículos 5 y 6", saldar muchas de estas problemáticas, pero sin su cumplimiento, resulta imposible.

 

En la carta resaltaron que volverán a "convocar a la sociedad argentina para manifestarnos la primera quincena de mayo en todo el país en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia nacional".

 

Reforma laboral.

 

Por otra parte, el Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que intervenga de manera directa en el conflicto judicial por la reforma laboral y deje sin efecto la suspensión de varios artículos clave de la norma.

 

La presentación se realizó mediante un “per saltum”, un mecanismo que permite saltear instancias judiciales intermedias y llevar el caso directamente al máximo tribunal, en busca de una resolución urgente.

 

El pedido fue impulsado por la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de revertir el fallo que frenó más de 80 artículos de la ley tras una demanda presentada por la CGT.

 

El recurso apunta a que la Corte declare la validez de la reforma y suspenda los efectos de la medida cautelar dictada por un juzgado laboral, que había cuestionado la aplicación de la norma en todo el país.

 

Desde el Ejecutivo sostienen que ese tribunal no tenía competencia para intervenir en una ley de alcance nacional y remarcaron la necesidad de que el máximo tribunal unifique criterios en un conflicto que ya atraviesa distintas instancias judiciales.

 

La decisión se da en el marco de una fuerte disputa judicial en torno a la reforma laboral, que fue parcialmente suspendida a fines de marzo y cuyo futuro quedó sujeto a la definición de la Corte Suprema.

 

Con esta estrategia, el Gobierno busca acelerar los tiempos judiciales y recuperar la vigencia de una de sus principales reformas económicas, en medio de la presión sindical y los cuestionamientos legales sobre su constitucionalidad.