Encontraron borrador de un acuerdo confidencial

Peritos informáticos detectaron borradores del “acuerdo confidencial” que habrían firmado el presidente Javier Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis antes del lanzamiento de $LIBRA. Esos borradores estaban en uno de los dispositivos electrónicos secuestrados al empresario “cripto” Mauricio Novelli, imputado en la causa.

Según informó Ambito Financiero, en el expediente consta el dictamen de la Dirección de Apoyo Tecnológico de Investigación Penal del MPF (Datip) que da cuenta de varias copias de un borrador de ese supuesto acuerdo firmado el 30 de enero de 2025, negado hasta ahora por el Gobierno.

Esa información quedó registrada en los anexos del dictamen, que son reservados, y que son solicitados por los querellantes, ya que no tuvieron acceso. En base a esos datos, el fiscal Eduardo Taiano solicitó a la Casa Rosada que le informe si tiene conocimiento de ese acuerdo o copias del mismo.

Pedidos al Gobierno.

Como amicus curiae, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) formuló requerimientos formales de acceso a la información pública (Ley 27.275), que configuran líneas de investigación, ante la Procuración del Tesoro de la Nación, la Secretaría Legal y Técnica, la Secretaría General de la Presidencia y la Oficina Anticorrupción.

Las respuestas oficiales brindadas por la Secretaría general de la Presidencia y la Procuración del Tesoro de la Nación llevan a suponer que, el acuerdo difundido por medios de prensa, “se habría celebrado a espaldas a la estructura jurídica oficial del Poder Ejecutivo”, dijeron desde el organismo. De ser así, “no estaríamos” ante un acuerdo “confidencial” sino oculto, es decir “clandestino”, advirtieron.

Desde el inicio de la investigación, Cipce viene sosteniendo la urgencia de deslindar la responsabilidad institucional del Presidente de la Nación por su eventual involucramiento en un negocio privado. En este sentido, Pedro Biscay, Director Ejecutivo del Cipce, afirmó: “La necesidad de actuar adoptando decisiones trascendentes desde el punto de vista de la instrucción, lleva a concluir que resulta conveniente convocar al Presidente a prestar declaración indagatoria. No hacerlo pone en juego la responsabilidad internacional del Estado al no cumplir con compromisos como el asumido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, añadió.