“Este es el gobierno más corrupto”

La empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A, dirigida por Demián Reidel y encargada de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, recibió una nueva denuncia por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

 

La acusación señala que la compañía habría adquirido un software por siete millones de dólares.

 

Se trata de un sistema de gestión administrativo denominado SAP S/4HANA que, según lo investigado por el mismo sindicato, valdría 600.000 dólares, es decir, un sobreprecio de más del 1000%, por lo que se solicitó la cancelación de la compra, al mismo tiempo que elevaron un pedido de auditoría que analice el hecho.

 

Reidel, economista y ex miembro del equipo de trabajo en el Banco Central durante la gestión del ahora ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se consolidó como uno de los asesores más cercanos al presidente Javier Milei y dentro de La Libertad Avanza (LLA).

 

Es señalado como un funcionario “de alto perfil técnico y fuerte impronta ideológica e influencia directa en el sector energético y nuclear”, entre otras áreas.

 

Limpieza.

 

Esto se suma a una acusación anterior que manifiesta un sobrepecio del 140% con la empresa Limpiolux S.A. por serivicios de limpieza en la entidad.

 

Esta primera denuncia surgió a partir de una licitación para el servicio de limpieza en las centrales Atucha I y II que modificaba significativamente el precio que manejaba el organismo hasta ese momento, sin ningún motivo aparente.

 

A partir de este hecho, el encargado de planta de ambas centrales, Juan Pablo Nolasco Sáenz, elevó una presentación ante el Comité de Integridad en la que informó sobre los intentos de reformular informes técnicos ya emitidos y pedidos para “justificar” económicamente ofertas más caras.

 

Según ese escrito, también hubo intervenciones de áreas sin competencia técnica directa y llamados reiterados con carácter de urgencia.

 

Tras conocerse el contenido de la denuncia, el directorio de Nucleoeléctrica resolvió frenar la licitación y apartar de sus funciones al gerente general, Marcelo Famá, y al gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, ambos designados por Reidel y considerados hombres de su confianza. La decisión expuso una fuerte interna en la conducción de la empresa.

 

Más denuncias.

 

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, confirmó ayer que luego de las dos denuncias presentadas por diferentes empleados de Nucleoeléctrica Argentina S.A por sobreprecios se está recabando documentación probatoria de futuras acusaciones que se pondrán en marcha durante las próximas semanas.

 

“Este es el gobierno más corrupto de la historia porque lleva tan sólo dos años en el poder y uno levanta una baldosa en la administración pública y todos los días descubre un curro nuevo. Lo que ocurre con Neuroeléctrica es que este caso es multimillonario y no hay que descartar un accionar delictivo", expresó Aguiar.

 

Planteo además que "esta conducta parte de los funcionarios, porque el directorio y su presidente (Demian Riedel) hasta ahora no han dado ninguna explicación o no han podido justificar estas compras con sobreprecio”, expresó Aguiar sobre las dos denuncias por sobreprecios, por más del 140% y 1000%, respectivamente.

 

Anónimo.

 

La segunda denuncia, que fue anónima porque desde ATE decidieron proteger la autoridad del denunciante salvo que sea requerida judicialmente, puso el foco en “el pago y la compra de un software, de un sistema de gestión administrativa, cuyo costo es de 7 millones de dólares pesos, cuando en realidad el sistema actual vale 600.000 e, incluso, “va a funcionar idénticamente a cómo está funcionando el sistema actual”.

 

“Podríamos estar frente a un hecho de corrupción porque no sólo hay actos ilícitos, contrarios a las leyes de parte de los funcionarios, sino que además se ha violentado todo el procedimiento administrativo interno de la empresa. Por un lado, se apropiaron de recursos públicos, porque no hay que descartar que hayan existido retornos. Si alguien paga 7 millones de dólares por algo que vale 600.000, evidentemente hay retornos. Y lo segundo, es que persiga como objetivo el vaciamiento de la empresa para poder venderla, es decir, desfinanciar para privatizar”, explicó Aguiar.

 

El sindicalista planteó que todas las decisiones que lleva adelante el Gobierno desde el inicio de su gestión “atentan contra la eficacia del Estado” y sostuvo que “es mentira que quieren ahorrar”. Asimismo, remarcó que todas las medidas que tome la administración de Javier Milei “van a impactar sobre los derechos que tiene la sociedad” porque están “desmantelando” los servicios esenciales para “favorecer” a los sectores concentrados de la economía.

 

“Tenemos algunas otras denuncias en curso que estamos preparando porque todavía no las podemos realizar a partir de que falta documentación probatoria. Pero sí existen otras”, concluyó. (NA)