Financiamiento Universitario: revés judicial para Milei

La Corte Suprema desactivó el intento del Gobierno de correr a todos los jueces que intervienen en la causa por el financiamiento de las universidades públicas. La decisión llega días después de que los supremos recibieran una carta, promovida por Amnistía Internacional, en la que más de 4.700 personalidades reclamaban una pronta intervención en el expediente.

 

El Gobierno se niega a cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (27.795). Javier Milei firmó el decreto 759/2025, por el cual estableció que no aplicaría la norma hasta que se definieran las fuentes específicas de financiamiento.

 

Frente a la negativa de Milei, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un amparo colectivo contra ese decreto y consiguió una cautelar que ordenó al Poder Ejecutivo pagar lo que les debe a las universidades y a los docentes.

 

La medida cautelar fue dictada por el juez Martín Cormick. La decisión del magistrado sobre el financiamiento universitario fue validada por la Sala III de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, integrada por Sergio Fernández y Alberto Morán.

 

El Gobierno llevó la discusión a la Corte Suprema en un intento por demorar el pago de sus obligaciones. Como estrategia adicional, planteó recusaciones contra los jueces que intervienen en el caso.

 

Corte.

 

Según publicó Página 12, los supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, debían excusarse porque todos ejercen la docencia universitaria. El planteo se produjo mientras docentes y autoridades universitarias realizaban clases públicas en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, para recordarles a los cortesanos la urgencia de una definición.

 

En una resolución firmada por la Corte se le recordó al Gobierno que las recusaciones tienen un carácter restrictivo, ya que implican sustraer una causa de su juez natural. En ese sentido, rechazaron las recusaciones y ratificaron la intervención de Cormick y de los jueces de la Cámara.

 

Para los cortesanos, que un juez sea docente universitario o incluso perciba un salario por esa tarea no significa que tenga un interés personal en la resolución del pleito. Por esa misma razón, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti rechazaron apartarse del expediente, según confirmaron fuentes tribunalicias.

 

Carta.

 

El 1 de junio se incorporó al expediente la carta que Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional Argentina, remitió a la Corte Suprema. En ella, más de 4.700 personalidades y organizaciones de la sociedad civil les piden a Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti que no demoren el tratamiento del financiamiento universitario.

 

“Esta Corte tiene la oportunidad de reafirmar que los derechos consagrados en la Constitución Nacional requieren recursos económicos suficientes y adecuados para ser efectivos. La Constitución encomienda a los poderes del Estado garantizar las condiciones de la educación universitaria pública como una responsabilidad indelegable”, dice la nota.