"Garantizar protección de universidades"

El proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a las federaciones de docentes, no docentes y estudiantiles, tiene como objetivo "garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las instituciones universitarias públicas en todo el territorio de la República Argentina". En caso de aprobarse, la inversión en el sector alcanzaría en 2031 una participación del 1,5 % del PBI.

 

En su articulado, se precisa que el incremento en los recursos se destinará a "afianzar el ingreso, la permanencia, la terminalidad del estudiantado y la formación continua; garantizar las condiciones laborales y salariales de los y las docentes y nodocentes para sustentar el desarrollo universitario; desarrollar y consolidar la enseñanza y el aprendizaje en sus diversas modalidades para garantizar el derecho a la educación a través del incremento de los recursos destinados a tecnología digital y a la formación y el fortalecimiento de la planta del personal docente y nodocente". También apunta a "ampliar la oferta de carreras en función del desarrollo estratégico del país y de las áreas de vacancia territoriales; promover y profundizar la función de la extensión universitaria para fortalecer la relación entre la universidad y la comunidad; desarrollar y consolidar la función de la investigación en las universidades públicas nacionales; asegurar la provisión y el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento; asegurar y profundizar los programas de bienestar estudiantil que apunten a proveer condiciones materiales y socioeducativas adecuadas para garantizar el derecho a la educación superior gratuita; incrementar anualmente la inversión destinada a programas de becas estratégicas y de estudio para el nivel universitario y preuniversitario, que prioricen los sectores sociales más desfavorecidos".

 

Salarios y funcionamiento.

 

Por otro lado, la iniciativa encomienda a Nación a convocar a paritarias para recomponer los salarios de docentes y nodocentes, "garantizando la recuperación del poder adquisitivo, tomando como base la variación acumulada de la inflación informada por el Indec desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la presente ley".

 

En relación a los gastos de funcionamiento, encomienda al Gobierno nacional a "garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas". Para el "monto anual del 2025 de las actividades presupuestadas detalladas en este artículo, previstas en el anexo I de la decisión administrativa 3/2025, se actualizará por la variación anual del 2024 del índice referido".

 

Para el financiamiento, establece que Nación "transferirá mensualmente lo ingresado según el inciso a) del artículo 3 de la Ley N° 23.548 'Coparticipación federal de recursos federales' al programa 26 de 'Desarrollo de la Educación Superior', del servicio 330 'Secretaría de Educación' de la subjurisdicción 4 'Secretaría de Educación' de la jurisdicción 88 Ministerio de Capital Humano, la 'Proporción Universitaria'. Esta 'Proporción Universitaria' se calculará según el último presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación teniendo como numerador el crédito para financiar los gastos de funcionamiento, la inversión y los programas especiales de las universidades nacionales y, como denominador, el monto proyectado de ingresos en la proporción que hace referencia al artículo 3° inciso a) de la Ley N° 23.548/88 de coparticipación federal, fondos nacionales provenientes de la coparticipación, sin impactar sobre la distribución de dichos fondos a las provincias ni a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que la misma ley establece".

 

El proyecto establece que "el presupuesto destinado a la educación universitaria se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el 2031, como mínimo, una participación del 1,5 % del Producto Bruto Interno (PBI) presupuestado en cada año". Para ello, al momento de elaborar el presupuesto nacional, la inversión del gobierno nacional en educación universitaria crecerá, anualmente, de acuerdo a los siguientes porcentajes: 1 % en 2026, 1,1 % en 2027, 1,2 % en 2028, 1,3 % en 2029, 1,4 % en 2030 y 1,5 % en 2031.

 

Carreras estratégicas.

 

A través de esta iniciativa, se crea un fondo anual de diez mil millones de pesos "actualizable anualmente por la variación del IPC informado por el Indec, con el fin de generar y/o incrementar carreras con vacancia que se definan fundamentales para el desarrollo del país y aquellas áreas de conocimiento para la aplicación y gestión de la inteligencia artificial. El fondo se destinará a nuevas carreras, al desarrollo de investigaciones, a convenios con universidades de otros países y a becas para estudiantes de esas áreas".

 

Por otro lado, prevé la "ampliación anual y progresiva del monto y el número de personas beneficiarias de las becas estudiantiles para las instituciones universitarias públicas".

 

"Es clave para el desarrollo del país".

 

En los fundamentos del proyecto, los autores remarcaron que "la educación universitaria pública en Argentina ha sido, históricamente, un pilar fundamental para el desarrollo social, económico y cultural del país". En ese sentido, advirtieron que "desde diciembre del 2023, las universidades nacionales e instituciones de educación superior de gestión pública en nuestro país vienen atravesando una situación crítica e incierta desde que el gobierno nacional decidió prorrogar el presupuesto del año anterior. Por lo que las partidas destinadas a educación superior son las mismas que se votaron en este Congreso de la Nación en el 2022, para configurar el presupuesto del 2023. La decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar los presupuestos implica que, desde enero del 2024, se ha acumulado una diferencia entre la variación de precios y las partidas otorgadas para gastos de funcionamiento del 134 %".

 

A esto se le suman las advertencias realizadas por el CIN sobre "la situación salarial de docentes y nodocentes, con más del 70 % de trabajadores percibiendo salarios por debajo de la línea de pobreza. Además, el presupuesto asignado a las universidades para el 2025 representa solo el 50 % de lo requerido para su funcionamiento, lo que ha llevado a una reducción significativa en las actividades académicas, de investigación y de extensión".

 

En ese sentido, relevaron que "las transferencias que ha realizado el Poder Ejecutivo a las universidades en concepto de salarios y la pérdida de un 100 % respecto a la inflación". Si a esto se le suma "la recaudación tributaria del gobierno nacional, veremos que el Poder Ejecutivo Nacional tuvo los fondos necesarios para haber mantenido tanto gastos de operativos de las universidades como los salarios docentes y nodocentes en niveles que permitieran el normal funcionamiento de las instituciones de educación superior".

 

"La inversión en educación universitaria no solo es una obligación legal y ética del Estado, sino que, también, constituye una estrategia clave para el desarrollo económico y social del país", sostuvieron.

 

Atentado contra el futuro.

 

Por otro lado, precisaron que "según el último presupuesto aprobado -2023- el crédito para financiar a las universidades ha sido de 752.482 millones de pesos. Mientras que los fondos nacionales provenientes de la coparticipación (100 % de impuesto a las ganancias, bienes personales, impuestos internos y el 89 % de IVA neto) ascendieron a 18.613.980 millones de pesos. Aplicando el 40,21 % del inciso a) del artículo 3 de la Ley N° 23.548 el valor del denominador será de 7.484.681 millones de pesos. De esta forma, según el último presupuesto aprobado por ley del Congreso Nacional, la "Proporción Universitaria" a aplicar será del diez con 05/00 por ciento (10.05 %) sobre lo que ingrese mensualmente de fondos nacionales para financiar los sueldos y sus aumentos establecidos en paritarias y los gastos de financiamiento universitario".

 

Al respecto, plantearon que "si bien es cierto el principio de economía que no se puede gastar más de lo que ingresa, la otra parte de una política económica socialmente responsable es que no puede gastar menos de lo que ingresa, ya que ello implica, directamente, atentar contra el futuro de nuestro país al desarticular el sistema universitario público argentino. El presente proyecto de ley se alinea con esta visión y empareja el financiamiento universitario con los ingresos recaudados".