Gremios industriales culparon a Milei por el cierre de más de mil empresas

“Durante el último año, la industria argentina sufrió un retroceso sin precedentes. En 2024, la actividad manufacturera cayó 9,4%, la construcción se desplomó 27%, y la minería también se contrajo, particularmente la vinculada con la actividad de la construcción. Más de mil empresas industriales cerraron desde 2023, con la pérdida de más de 31 mil empleos formales en la industria. Los empleos perdidos totales son casi 100 mil, si sumamos los de construcción y minería”, reza un documento de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA).

Allí culpan de este escenario a la promoción de políticas que combinan apertura indiscriminada de importaciones (con un tipo de cambio que hace perder competitividad), crédito inaccesible y un mercado interno paralizado. “La continuidad de este rumbo amenaza con profundizar la desindustrialización, debilitando el entramado pyme y condenando al país a importar tecnología y trabajo. No hay desarrollo sostenible sin una industria nacional sólida y diversificada, que aporte valor agregado”, plantearon en un reclamo directo al gobierno del presidente Javier Milei.

“Mientras las potencias globales como Estados Unidos, la Unión Europea y China protegen su trabajo e industria, en Argentina se eliminaron aranceles, programas de financiamiento y medidas de protección como el impuesto PAIS y los instrumentos antidumping. Estamos transitando hacia una economía reprimarizada, que exporta recursos como litio, soja y petróleo sin desarrollar cadenas de valor, con salarios que apenas recuperan una fracción de lo que estamos entregando”, añadieron.

Desregulación.

La confederación advirtió también por los efectos nocivos que tendrá para el país la desregulación del cabotaje nacional impuesta por el DNU 340/2025, que habilita que buques extranjeros reemplacen a los argentinos en el transporte de combustibles, alimentos e insumos esenciales. Para los gremios industriales, la medida compromete la seguridad económica del país y la soberanía. “La nueva normativa, una vez implementada, supondrá un inmediato aumento del desempleo, fuga de divisas y mayor precarización laboral”, plantearon.

También se refirieron al brutal ajuste que sufre el sector científico tecnológico. “El desarrollo nacional solo es posible con inversión en educación, investigación científico tecnológica, y agregado de valor. Por eso, desde la CSIRA, reclamamos que la ciencia argentina vuelva a ponerse al servicio de la economía y la producción. Consideramos que la educación –en todos sus niveles- es el motor del crecimiento y del empleo argentino”, añadieron.

Salarios.

Por otro lado, cuestionaron lo que denominaron un “cepo al bolsillo”, en referencia a la actitud del actual gobierno de impedir las paritarias libres entre las empresas y los trabajadores. “Rechazamos la intervención del Gobierno en las negociaciones colectivas imponiendo techos que utilizan el salario como un ancla antiinflacionaria en una economía con precios completamente liberados”. “El aumento constante de tarifas multiplicó el gasto de los hogares, sobre todo en los sectores medios y bajos. En paralelo, el salario mínimo perdió un 32% de su poder de compra entre diciembre de 2023 y abril de 2025”, plantearon.

La entidad rechazó los intentos del Ejecutivo nacional de “exterminar el derecho constitucional de huelga”. “Reafirmamos que la acción sindical y la protesta social son dos de los pilares de los derechos constitucionales de los trabajadores y forman parte de sus conquistas irrenunciables. Las Resoluciones 1066/2025 y 1071/2025 de la Comisión Nacional de Valores constituyen un avance para reemplazar el régimen indemnizatorio tradicional de despidos por un enfoque de capitalización individual que atenta sobre derechos adquiridos por el movimiento obrero organizado”, afirmaron.

Obras sociales y CFK.

CSIRA pidió el cese de la manipulación arbitraria de los aportes de los trabajadores que desfinancia las obras sociales sindicales, a la vez que exigió la actualización de los costos prestacionales, la agilización y el aumento de los reintegros del Fondo Solidario y el fin de las normas que permiten la fuga de aportes al sistema privado.

“El sistema solidario de salud construido por los trabajadores es una conquista fundamental del movimiento sindical que no puede ser vulnerada. No podemos seguir atados a las recetas del FMI. Ningún país se desarrolla ajustando de forma generalizada”, plantearon.

En el final del documento, los sindicatos repudiaron “la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner” y denunciaron “la persecución judicial como parte de un plan de disciplinamiento político y social”.

“Llamamos a trabajadoras y trabajadores, a empresarios comprometidos y a toda la sociedad, a reclamar un cambio de rumbo. Argentina tiene los recursos, la infraestructura, el talento humano y el conocimiento científico para liderar una nueva etapa de desarrollo industrial. Lo que falta es decisión política, y el convencimiento de que sin industria no hay Nación. Y sin Nación no hay futuro digno”, concluyeron.