Jueza falló contra Argentina

El juicio por la expropiación de YPF tuvo uno de los resultados más favorables de un abanico de escenarios donde no había muchos positivos: la jueza Loretta Preska falló a favor de la petrolera, que no deberá pagar un centavo, y condenó al Estado argentino pero sin incluir mala fe. Este resultado tiene una triple lectura. La buena, YPF queda intacta y con esto se salvaguarda el futuro de la compañía argentina y sus proyectos centrales como Vaca Muerta, la producción de GNL y su rol en torno al litio, todos generadores de dólares a futuro. Para el Estado es una condena pero sin un monto determinado, que por lo que indica la resolución judicial entrará en disputa y puede ser menor a lo que le reclamaban.

 

Desde Burford, el fondo buitre que le compró este juicio a la familia Eskenazi y al fondo Eton Park varios años después de la expropiación, también tienen para festejar, ya que se trata del juicio más grande de su cartera en el mundo, lo pagaron barato y, aún con este fallo, tendrán cuantiosas ganancias. Enseguida salieron a decir que obtendrán 20.000 millones de dólares pero ese monto no figura en el fallo: de hecho no hay monto, la jueza dice que no lo puede determinar aún y abrió una instancia de disputa entre el fondo buitre y la Argentina.

 

El juicio.

 

Para comprender este fallo hay que remontarse a la historia de YPF, su privatización, la trampa que dejaron Carlos Menem y Roberto Dromi para impedir cualquier recuperación de la empresa y que es la piedra angular de este juicio, las razones de la expropiación de la compañía por parte de CFK y su apuesta a reinvertir sus dividendos en proyectos como Vaca Muerta.

 

El 3 de mayo de 2012 el Congreso argentino votó la expropiación del 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la española Repsol. ¿Por qué el 51% y no toda la empresa? La estrategia era mantener a YPF como una sociedad privada pero mixta, con mayoría accionaria del Estado pero también con capitales empresarios, en pos de sus relaciones con el mercado.

 

¿Por qué era necesario que el Estado volviera a controlar YPF? Fue una decisión geopolítica clave, para garantizar la soberanía energética. Menem la privatizó en mayo de 1992, tras hacer lo mismo con el gas y la electricidad. La excusa para la privatización era que YPF daba pérdidas.

 

La privatización incluía las acciones de YPF en Nueva York, las American Depositary Shares, conocidas como ADR. Eso junto con una trampa en el Estatuto de YPF diseñado por Menem y Dromi son las claves de este juicio que hoy tuvo sentencia pero donde la disputa aún no termina. No sólo el Estado puede apelar sino que la jueza Preska no estableció el monto que tiene que pagar y eso se definirá en una nueva puja entre la Argentina y el fondo buitre Burford.

 

¿Qué decía la trampa que dejaron en el Estatuto de YPF? Establecía que si alguien adquiría el 51% de las acciones de YPF tenía que hacerles al resto de los accionistas una oferta pública por sus acciones por un valor mucho mayor al que tenían. Era una cláusula con un objetivo claro: frenar que el Estado volviera a tomar el control de YPF.

 

La defensa argentina estuvo a cargo de la Procuración del Tesoro, la cabeza de los abogados del Estado. Hoy la comanda Carlos Zannini y los juicios contra el país los coordina el Subprocurador Sebastián Soler. El nudo gordiano ideado por Menem y Dromi para bloquear que el Estado volviera a controlar YPF sumado a que Mauricio Macri y su procurador Bernardo Saravia Frías habían desarmado la defensa argentina en estos juicios y a que el caso tramitaba en Estados Unidos, donde prima el derecho privado sobre el derecho público, hacían difícil la tarea. El fallo, sin embargo, es un logro para la Procuración del Tesoro: en estos juicios es prácticamente imposible ganar, de lo que se trata es de reducir los daños para el país lo máximo posible.

 

La jueza Preska escribió que los demandantes "tienen derecho a una sentencia sumaria contra la República por sus reclamaciones por incumplimiento de contrato", que demostraron "la existencia de un contrato válido y vinculante contra la República pero no contra YPF", que los reclamos "no impugnan la actividad soberana" de la Argentina (es decir, la expropiación) y si bien condenó al país pero no aceptó la existencia de "daños" dijo que Burford puede reclamarlos.

 

Buitres.

 

El juicio empezó en 2015 y lo empujó el fondo buitre Burford Capital, cuyo negocio es la compra de juicios multimillonarios como este. Burford Capital le compró a los Eskenazi el 70% de los derechos de indemnización de ese juicio por 15 millones de euros, por entonces unos 18 millones de dólares. Les salió un negocio redondo pese a que no tenían nada que ver con YPF y que iniciaron el juicio 3 años después de que se decidiera la expropiación y 1 año después de que se materializara con el pago de la Argentina a Repsol.

 

Burford Capital empujó a que el juicio se hiciera en Nueva York. La Argentina se defendió desde la Procuración del Tesoro, donde se rearmó el equipo de litigios internacionales desguazado por Macri, que dejó al país sin defensa en estos casos que cuestan miles de millones de dólares.

 

En su fallo, la jueza Preska condenó al Estado pero dijo que esos Estatutos "no obligan a YPF para hacer cumplir los requisitos de la oferta pública de adquisición o sanciones por no hacerlo". Era uno de los puntos clave del juicio.

 

(El Destape)