Juicio a la Corte: Marchi aseguró que su traslado fue "una sanción encubierta"

El exadministrador de la Corte Suprema Héctor Marchi denunció hoy que su desplazamiento de ese cargo fue "una sanción encubierta" que incluyó a "todas las personas que trabajamos en la auditoria de la Obra Social" del Poder Judicial y dijo que hubo "seguimientos y hay amenazas contra funcionarios". Lo afirmó al declarar ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que sustancia el proceso contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

En el primer tramo de su declaraciones ante los diputados que estudian la conducta del alto tribunal, Marchi fue muy crítico de Juan Carlos Maqueda, de quien dependía la obra social, y planteó que "no había presupuesto ni un sistema informático para poder hacer los controles". Marchi leyó un informe previo a las preguntas de los legisladores, donde aseguró que "nuestro traslado fue una sanción encubierta, que incluyó a todas las personas que trabajamos en la auditoría de la obra social", sobre la cual hubo denuncias de presuntas irregularidades.

 

En ese sentido dijo que "en este tiempo, luego de que esta situación tomó estado público, se han producido un montón de hechos que tienen que ver con mi persona". Al respecto señaló que "no me refiero solo a haber dividido una Secretaría General de Administración, que está en toda su facultad la Corte de hacerlo, pero sí en un traslado que yo lo considero una sanción totalmente encubierta en donde la secretaría que se ha dividido y la sanción que se ha aplicado incluyen a todas las personas que hemos trabajado en la Auditoría de la Obra Social".

 

Dijo que esas situaciones "generan mucha presión en mí, pero no me impiden venir y contar la verdad y ayudarlos a avanzar con este tema". El exadministrador fue desplazado el jueves pasado por la mayoría integrada por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti; el vice, Carlos Rosenkrantz, y Juan Carlos Maqueda, con la disidencia de Ricardo Lorenzetti, quien criticó el traslado del funcionario y atribuyó su desplazamiento al contenido de un informe sobre los movimientos de la obra social del Poder Judicial.

 

Destacó que "cualquier movimiento en la obra social debían ser autorizadas por Juan Carlos Maqueda" y que Aldo Tonon fue designado a propuesta de Maqueda. Marchi dijo que se decidió "desconcentrar las áreas ajenas a la administración" y allí se adjudica a Maqueda la obra social del Poder Judicial como "una área independiente".

 

"Maqueda pidió expresamente que no se consignara en una acordada porque la Obra Social es conflictiva. Eso creó una especie de apariencia jurídica, pero está absolutamente claro que el doctor Maqueda dirigió la Obra Social durante todo ese periodo. Quedó a cargo de la Obra Social", precisó. Dijo que "una prueba clara de ello es que todos los directores los eligió él y nunca hubo concurso. Por eso y dado los resultados que saltaron a la vista cuando el doctor Maqueda se retiró, es que Lorenzetti hizo una disidencia pidiendo que se concursen los cargos de directores y no se vuelva a incurrir en el mismo error".

 

Señaló que "en este caso, nuevamente, se lo designó sin concurso y el doctor Altave a propuesta de Rosatti. Considero que es un error, lo expresé en el informe 1". Dijo que recién en la acordada del 2021 se le pidió a la administración de la corte a su cargo se decidió hacer una auditoria y que desde momento" y esos dictámenes fueron muy críticos y si yo hubiera estado a cargo no me hubiera criticado a mí mismo y hubiera hecho las cosas bien y no hubiera hecho mi traslado".

 

La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), al iniciar la reunión a las 13.15, anunció que a las dos damnificadas por la obra social se les reprogramará la declaración prevista para hoy, ante la eventual extensión del testimonio de Marchi. En tanto, Tonon, extitular de la obra social, no asistirá y envió una nota en la que se excusa de concurrir por tener una causa judicial pendiente. Tampoco concurrirá el secretario letrado de la Corte, Sebastian Clerici.

 

También señaló que Marchi volverá a ser citado para el jueves próximo para que responda sobre el oficio que llegó a la comisión en las últimas horas, que tiene 20 mil fojas con los cuatro informes realizados por el exfuncionario judicial. Según trascendió, ese trabajo da cuenta de una serie de auditorías sobre millonarias irregularidades en la Ospjn, entre ellas la pérdida de 3.000 millones de pesos en 2022, faltantes de 30.000 medicamentos y compras directas, entre otras cuestiones.

 

Por su parte, el prosecretario letrado, Enrique de Vedia, dijo que para "realizar el informe de auditoría de la obra social armamos una comisión interdisciplinaria en la que elaboramos un plan de trabajo y nos dividimos las tareas de recopilación y análisis. El informe 22 se tomó como punto de partida". En tanto, el docente Gustavo Montanini sostuvo: "Lo que podemos ver es que efectivamente hay algunos elementos que están identificados y otros ingresos que no, producto de que no hubo conciliaciones bancarias recurrentes por parte de la administración de la obra social".

 

La Ospjn presta servicios de salud al personal de los tribunales federales y nacionales de todo el país y depende funcional y administrativamente de la Corte Suprema. Según se conoció el viernes último, Gaillard le envió una nota a Rosatti para que remita el informe presentado por Marchi sobre el funcionamiento de la obra social de los trabajadores judiciales, y reveló que, si el titular de la Corte Suprema no enviaba a la comisión los documentos requeridos, insistiría para que la envíe en 24 horas.

 

Se trata de la séptima audiencia de testigos convocados por la Comisión de Juicio Político que investiga si los jueces de la Corte incurrieron en "mal desempeño de sus funciones" y "posible comisión de delito". (Télam)