La CGT rechazó la reforma laboral

El Consejo Directivo de la CGT rechazó ayer la reforma laboral que impulsa el Gobierno, al advertir que el país está “empobrecido, sin inversión económica y que sufre industricidio”, y anticipó que llevará adelante una movilización a Plaza de Mayo el jueves próximo a las 15.

 

La central obrera cuestionó que para esta ley no haya “acuerdo” ni “mesa de diálogo” con el sector empleador y los trabajadores.

 

Así lo expresó el cotitular de la central Jorge Sola, en conferencia de prensa, donde indicó que la central "se opone terminantemente a cada uno de los puntos que establece esta reforma que transita por la precarización laboral y que es un paso más hacia esa informalidad”.

 

El “plan de acción” incluye llevar la postura de la CGT a los legisladores y gobernadores para “explicar por qué no puede salir esta ley”. “La CGT reclama estar en el ligar de debate con los legisladores, para discutir punto por punto”, añadió, al cuestionar que el proyecto se trate “entre gallos y medianoche”.

 

Sola dijo además que la central impulsará la judicialización de la norma para que se declare la “inconstitucionalidad” de varios de los artículos de la norma, que “van en contra de los principios protectores del trabajo”.

 

Mesa chica.

 

Sola brindó la conferencia de prensa desde la histórica sede de Azopardo 802, en el Bajo porteño, después de una reunión de Consejo Directivo que tomó más de dos horas, y donde estuvo acompañado por los cotitulares Cristian Jerónimo y Octavio Arguello.

 

El referente sindical anunció también que la central resolvió llevar la misma postura de rechazo de rechazo a las “80 delegaciones regionales” de la organización para que, con la “territorialidad que tiene la CGT, se exprese en cada lugar en rechazo y para que en las capitales provinciales hablen con los diputados y gobernadores para llevar el mismo mensaje”.

 

Como había anticipado la Agencia Noticias Argentinas, la CGT optará por acciones más “institucionales”, como las negociaciones en el Congreso y las presentaciones judiciales, que por medidas de acción directa.

 

El proyecto.

 

Entre las medidas más significativas se destaca la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de cuentas individuales financiado con una contribución obligatoria del 3% de las remuneraciones que podrá utilizarse para cubrir indemnizaciones por despido.

 

El proyecto también deroga íntegramente varias leyes especiales, entre ellas el Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908), el Estatuto del Viajante (Ley 14.546) y el Régimen de Teletrabajo (Ley 27.555), sancionado durante la pandemia.

 

Otro punto clave que las empresas no serán responsables de las actividades que se terciarizan como sucede en la actualidad, con lo cual solo deberán responder por los empleados que contratan en forma directa.

 

Sobre las indemnizaciones, se redefine el despido sin justa causa ya que se establece: un mes de sueldo por año trabajado, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual, con topes basados en el convenio aplicable, pero sin incluir otros ítem adicionales que paguen las empresas.

 

También se crea un régimen especial para trabajadores de plataformas tecnológicas que los define como "prestadores independientes" con libertad para aceptar o rechazar pedidos y elegir sus horarios de conexión.

 

El proyecto incluye además incentivos fiscales para la formalización del empleo, con alícuotas reducidas durante 48 meses para quienes incorporen trabajadores no registrados, y un régimen de regularización laboral con condonación de deudas y extinción de acciones penales.

 

Senado.

 

El Gobierno giró al Congreso Nacional la reforma laboral que modifica las principales leyes del derecho del trabajo, que el oficialismo quiere tratar en forma exprés en el Senado, aunque para eso deberá construir una mayoría junto a sus aliados.

 

Fuentes legislativas informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el objetivo es poder comenzar a armar las mayorías para tener los 37 votos que permitan aprobar esa iniciativa.

 

El oficialismo tiene 21 miembros entre propios y el Frente Cívico de Luis Juez y espera sumar 4 del PRO, 10 de la UCR; debe obtener al menos dos votos más de bloques provinciales.

 

Mientras que el interbloque peronista de 28 diputados también busca conseguir otros siete legisladores para bloquear la reforma laboral, y buscará acuerdos con otros legisladores. (NA)