La Libertad Avanza calificó de “política” la marcha universitaria

En un clima de fuerte conflictividad social y con una multitudinaria movilización en respaldo a la universidad pública, el gobierno nacional, encabezado por La Libertad Avanza (LLA), difundió un comunicado en el que profundizó sus críticas hacia el ámbito universitario.

Desde el oficialismo describieron la protesta realizada este martes como una “manifestación política de la oposición”. Además, el espacio liderado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, relativizó el reclamo impulsado por estudiantes y docentes, al sostener que responde a una estrategia de sectores políticos que buscan “instalar la idea de que el Gobierno pretende desfinanciar las universidades”, amparándose en una causa legítima.

La respuesta de la facción política del presidente Javier Milei se apoya fundamentalmente en un reciente triunfo judicial. Según el comunicado oficial del partido libertario, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió un Recurso Extraordinario Federal, lo que garantiza que la Ley de Financiamiento Universitario "seguirá suspendida hasta tanto se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Según publicó El Destape, para el oficialismo, esta ley es inviable desde su origen por tratarse de una normativa que "nació suspendida en su ejecución" debido a que los legisladores "no determinaron en el Congreso de la Nación las fuentes de su financiamiento". Bajo esta lógica, el espacio que se referencia en la figura del Presidente considera que la aplicación de la ley es un riesgo macroeconómico inadmisible, ya que "equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos".

El parte de prensa ratifica un "compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal" a través de la premisa de que cualquier desvío presupuestario para la educación "implicaría más impuestos o emisión monetaria", lo cual, en la visión dogmática del partido violeta, "se traduce, siempre y en todo lugar, en más inflación y más pobreza". De esta manera, el Gobierno coloca el orden de las cuentas públicas por encima de la emergencia que denuncian rectores y gremios, quienes advierten que el presupuesto actual no alcanza para cubrir salarios ni gastos básicos de investigación y mantenimiento.

Defensa al esquema de financiamiento universitario.

Para contrarrestar las críticas por el desfinanciamiento, el oficialismo apeló a una comparativa de datos con la gestión anterior, alegando que ahora se cumple con los pagos de forma "mensual", frente a los "cuatro meses de atraso" que supuestamente ocurrían en el pasado. Asimismo, se jactó de haber proyectado para el Presupuesto 2026 una partida de "4.8 billones de pesos", y destacó la reducción de la inflación anual al "31,5%" comparado con el "211,4%" del gobierno del Frente de Todos.

Esta narrativa oficialista omite que el crecimiento nominal de las partidas suele ser devorado por la inflación acumulada y que el foco exclusivo en los "gastos de funcionamiento" ignora el derrumbe del salario docente, principal motor del conflicto. Al cerrar las puertas a una solución política del financiamiento, La Libertad Avanza confirma que su prioridad sigue siendo el ajuste, incluso si esto implica confrontar abiertamente con el sistema universitario nacional.