La Policía Federal podrá requisar y ciberpatrullar sin orden judicial

Patricia Bullrich autorizó a la Policía Federal a realizar ciberpatrullajes y efectruar requisas y detenciones sin orden judicial, mediante una serie de cambios a la normativa publicados ayer. Mediante un decreto, la ministra de Seguridad reformó las atribuciones de la fuerza, que ahora tendrá como misión principal “prevenir, detectar e investigar delitos federales complejos” y proteger “la seguridad del Estado Nacional”.

 

Especialistas en seguridad y organismos de derechos humanos advirtieron sobre los riesgos de una reforma que amplía facultades y atribuciones de una fuerza de seguridad sin pasar por el Congreso Nacional.

 

Gracias a los principales cambios introducidos vía decreto, la PFA estará “habilitada a desarrollar ciberpatrullaje en las redes sociales sin necesidad de autorización judicial” y “autorizada a realizar requisas personales y de vehículos sin orden de la justicia”. También podrá “actuar en el mantenimiento del orden público de manera espontánea ante delitos flagrantes” y “avanzar en la prevención de delitos mediante investigación, análisis e inteligencia criminal guiada por información de manera proactiva”. Además, la medida modifica los escalafones en procura de reducir progresivamente la cifra de suboficiales.

 

El decreto 383/2025 está firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra Bullrich y su publicación estaba anunciada desde hace varias semanas. Uno de los argumentos es una supuesta modernización del sistema de ingreso y formación de agentes, mediante un programa específico de ingreso y formación de universitarios ya graduados. Según el texto de la norma, esto estará “en línea con los métodos y prácticas del FBI de los Estados Unidos”·.

 

Ciberpatrullaje.

 

Un párrafo que disparó señales de alarma entre especialistas de seguridad y organismos de derechos humanos es el permiso para “a realizar sin necesidad de autorización judicial tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas”, debido a los múltiples antecedentes de detenciones y armado de causas durante la temporada que Bullrich pasó como ministra de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri, cuando muchas personas fueron detenidas e imputadas por amenazas e intimidación pública a partir de mensajes críticos del gobierno.

 

El caso más resonante fue el de Nicolás Lucero, quien el 17 de agosto de 2016 publicó en Twitter un fragmento de la letra de una canción de cancha que decía “Macri te vamos a matar no te va a salvar ni la Federal”. Lucero no sólo fue demorado, sino que en 2017 le iniciaron una causa por amenazas e intimidación pública, expediente cerrado en 2018, cuando se demostró que era inocente y no tenía interés alguno en acabar con la vida del presidente.

 

Sin pasar por el Congreso.

 

Como es de práctica habitual para este gobierno de corte autoritario, la reforma salteó al Congreso de la Nación. Además de requisas y ciberpatrullaje sin control, la reforma modifica escalafones y cargos, poniéndole un tope a la cantidad de suboficiales a incorporar por año, que irá reduciéndose progresivamente mientras los suboficiales pasarán a revistar como oficiales, “en tanto su conocimiento, estudios o experiencia así lo ameriten”.

 

Aunque “no podrá detener a personas sin orden de un juez competente”, el decreto asegura que cualquier ciudadano o ciudadana “podrá ser conducido a la dependencia policial y demorado hasta diez horas, si existiesen circunstancias debidamente fundadas” que permitan sospechar “que hubiese cometido un delito o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad”.

 

La abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), aseguró que la norma habilita un “ciberpatrullaje recargado”. “Lo venimos viendo en muchas causas: en las movilizaciones contra la reforma previsional de 2017 se ordenó abrir los celulares de todas las personas detenidas para revisar aplicaciones y rastrear posteos y mensajes que indicaran algún acuerdo previo, para dibujar el delito de intimidación pública”, algo que se repitió “en las marchas de 2018 contra el Presupuesto”.

 

Según Verdú, gran parte del texto apunta a futuras intervenciones en manifestaciones y movilizaciones, como “la intervención espontánea” en delitos flagrantes para mantener el orden público. “Eso nunca estuvo establecido. El problema es que dice 'espontánea'. Ya no es un policía que interviene en un delito en flagrancia, sino que el Ministerio de Seguridad puede decir le a la Policía 'se está cometiendo un delito, metete en tal local partidario o aquella marcha y detené a todo el mundo”.

 

Requisas sin control

 

Por otro lado, el decreto autoriza requisas personales sin orden judicial para inspeccionar a personas y sus efectos personales, el interior de vehículos, aeronaves y embarcaciones, frenta a “circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas relacionadas con un delito”. También habilita requisas sin autorizar cuando “no fuere posible esperar la orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar”.

 

Para Verdú, este decreto marca “un verdadero cambio de régimen con la destrucción de los derechos y garantías” y por eso alertó sobre el nivel de autoritarismo que plantea esta reforma: “murieron las libertades democráticas. Lo único peor que podría suceder es una dictadura, cuando ni siquiera se molestan en dictar una ley o decreto”, concluyó.