Las universidades sufren el financiamiento más bajo en 20 años

Las universidades nacionales atraviesan la peor crisis presupuestaria de las últimas dos décadas. En la previa a la Marcha Universitaria Federal, un informe de la asociación civil Justicia Distributiva reveló que la ejecución real del gasto en educación superior cayó un 29% entre 2023 y 2025, el nivel más bajo registrado desde el 2006.

"La inversión destinada al programa "Desarrollo de la Educación Superior", la principal partida presupuestaria para las universidades nacionales, registró una caída real del 29% entre 2023 y 2025", publicó El Destape, en base al informe de Justicia Distributiva.

Agregan que se trata del nivel más bajo desde 2006, y advierten que el presupuesto vigente para 2026 profundiza todavía más esa tendencia, poniendo a las universidades en una situación crítica. "El deterioro presupuestario adquiere una relevancia particular por su peso relativo", señala el documento, que sostiene que el recorte en universidades explica el 4,4% del ajuste total del gasto nacional, el 8,4% de la reducción en Servicios Sociales y el 39% del recorte en Educación y Cultura.

"El informe sostiene que el ajuste presupuestario impacta directamente sobre los salarios universitarios, ya que gran parte del financiamiento se destina al pago de docentes y trabajadores no docentes. De acuerdo con el relevamiento, en marzo de 2026 el salario de un profesor asistente con dedicación semiexclusiva se encontraba 25% por debajo del nivel registrado tres años antes. Además, el salario promedio del sector quedó por debajo de dos tercios del promedio observado entre 2011 y noviembre de 2023", agrega el medio citado.

El informe se conoció en medio del conflicto entre el Gobierno y el sistema universitario por la no aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, ya aprobada por el Congreso, y en las horas previas a la cuarta Marcha Federal Universitaria que se replicará en todo el país.

Pelea judicial por el financiamento.

La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario fue promulgada en octubre de 2025. Esto se dio tras la insistencia del Congreso, en respuesta al veto del presidente Javier Milei. La ley obliga al Estado nacional a actualizar las partidas universitarias de acuerdo con la inflación, recomponer salarios docentes y no docentes y fortalecer las becas estudiantiles.

Sin embargo, el Gobierno suspendió su aplicación con el argumento de que la norma no especificaba las fuentes de financiamiento necesarias. Ante esto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una acción judicial para exigir el cumplimiento de la ley. La Justicia dictó una medida cautelar favorable al CIN y consideró que el Ejecutivo no podía suspender una norma ratificada por el Congreso. Más tarde, el caso llegó a la Corte Suprema, donde todavía espera a ser resuelto.