Masiva marcha de policías en Jujuy contra el gobierno

Policías de la provincia de Jujuy protagonizaron en las últimas horas una masiva movilización frente a la Casa de Gobierno local en demanda de mejoras salariales y laborales. La protesta, que se asimila a la ocurrida en Santa Fe, puso en alerta la seguridad provincial y en pie de confrontación a la administración del gobernador Carlos Sadir, que acusó a los manifestantes de querer “desestabilizar” su gestión.
Los reclamos comenzaron el lunes por la noche y se extendieron hasta esta madrugada en la Plaza Belgrano, frente a la sede del Ejecutivo jujeño. Miembros activos y retirados de la policía, acompañados por sus familiares, arrojaron piedras y pirotecnia contra la Casa de Gobierno y quemaron gomas frente a las rejas de la entrada.
En ese marco, hubo policías encapuchados que confrontaron cara a cara a sus propios camaradas de la infantería que custodiaban el lugar, aunque no hubo enfrentamientos directos, según informaron los medios jujeños.
Se trata de la segunda provincia gobernada por un mandatario aliado al presidente Javier Milei que en las últimas semanas se volvió escenario de una protesta de sus propias fuerzas de seguridad producto del recorte en los fondos además de otras políticas que dificultan el trabajo diario.
En este caso, los efectivos reclaman un aumento de al menos el 50 por ciento en el salario básico y las ofertas del gobierno provincial estuvieron muy por debajo de esa cifra.
Durante la última reunión para zanjar el conflicto, tampoco hubo certezas sobre los cambios en la cantidad de horas de la jornada laboral, la infraestructura de las comisarías ni en la modernización de patrulleros y armas que exigieron los agentes.

“Sectario”.
Tras los incidentes y piedrazos contra la sede de gobierno, el gobierno del radical Carlos Sadir descalificó a los manifestantes. Los trató de “minúsculo grupo sectario con intereses ajenos al bienestar general, que pretende desestabilizar la provincia”.
Además, los acusó de cometer actos de “vandalismo” y amenazar la paz social. “El bienestar colectivo se construye desde el respeto por la democracia, las instituciones y el diálogo, no con violencia ni capuchas”, puntualizó un comunicado oficial emitido anoche.
“No vamos a permitir que el pasado se reinstale en nuestra provincia”, advirtió la administración radical que, no obstante, reconoció que el reclamo es “legítimo”. Asimismo, se garantizó “la continuidad de las mesas de trabajo conjunto con los representantes de familiares del personal de seguridad, tanto en situación activa como pasiva”.