Milei pone en riego la seguridad

El presidente Javier Milei va por la intervención federal de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur tal como quedó en evidencia con la injerencia de la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) sobre el Puerto de Ushuaia y el desplazamiento de las autoridades provinciales.

 

Según informó El Destape, esta región es clave por su conexión oceánica y Bicontinental, en un escenario global donde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no esconde sus pretensiones de acceder a los recursos de todo el continente en nombre de una seguridad nacional.

 

En este sentido, Milei al querer congraciarse con Trump, puso en riesgo la seguridad del país a partir de una intervención portuaria con destino incierto.

 

La semana que viene, la Dirección Provincial de Puertos a cargo de Roberto Murcia realizará una nueva presentación judicial para advertir sobre los peligros a la seguridad y el (des)control portuario devenidos de la intervención federal.

 

Puerto.

 

El medio citado entrevistó a Néstor Lagraña, oficial de protección de las instalaciones portuarias (OPIP) y ex director de la dirección de puertos; con Jorge Alberto Ramírez, contratado por la dirección provincial como OPIP y con María Rosa Lezcano, la actual directora de protección portuaria,

 

Luego de haber sido corridos de sus funciones por el Poder Ejecutivo Nacional, denunciaron el avance de la privatización de los servicios portuarios y los huecos en la seguridad nacional ante el posible incumplimiento – a partir de la intervención federal- de normas internacionales dictadas luego de los atentados a las Torres Gemelas.

 

El mandato de los funcionarios de La Libertad Avanza era la intervención del Puerto de Ushuaia. ¿A pedido de quién? Milei se asume faldero de Trump y otros intereses corporativos que no termina de develar.

 

“Todos sabíamos que venían por la intervención. La primera vez que llegaron los auditores, les hablábamos de cuestiones técnicas como por ejemplo el funcionamiento de la central de monitoreo o las defensas del puerto y ellos automáticamente nos decían ´todo eso lo deben hacer los privados´. Teníamos 27 personas en el área de seguridad y ahí fue cuando nos dijeron que debíamos contratar una empresa privada”, afirmó María Rosa Lezcano, la actual directora de protección portuaria, inhabilitada por las autoridades federales para ingresar al Puerto.

 

Seguridad.

 

Hasta el día de la intervención, había 30 personas dedicadas a la seguridad portuaria con más de 20 años de antigüedad. Las autoridades nacionales las dejaron afuera, mientras que los integrantes de Bushido quedaron habilitados por la ANPYN que de un día para el otro dejaron de reportar ante la Dirección Provincial, a cargo de Lezcano. “Se cortaron solos, se dieron vuelta y ahora no tenemos ningún tipo de información sobre las medidas de seguridad que se están ejecutando”, agregó la funcionaria.

 

La Prefectura de Ushuaia –fuerza federal que ahora está a cargo de la ministra Alejandra Monteoliva- también habilitó a los empleados de Bushido como oficiales de protección de instalaciones portuarias, cuando dicha empresa solo tenía antecedentes como prestadora de servicios en los boliches de la ciudad.

 

“El Puerto no tiene seguridad –aseveró Lezcano-. Las personas que ahora hacen el trabajo de los oficiales de protección de las instalaciones portuarias no están capacitadas para esta tarea. El jefe de la Prefectura local es cómplice. Y al haber cambiado de manera abrupta la autoridad de aplicación, el Puerto tampoco cuenta con las certificaciones correspondientes, normas internacionales que se impusieron luego de los atentados a las Torres Gemelas. El Puerto carece, en estos momentos, de un Plan de Protección”.

 

Atentado.

 

El medio consultó que implica la falta de un plan de protección, y Lezcano respondió: “Que nada te garantiza que no haya un derrame o un atentado”.

 

El Poder Ejecutivo utilizó como excusa para avanzar con la intervención del puerto una denuncia realizada por el secretario general de la Unión de Personal Superior Ferroviario, Juan Avellaneda, contra la ley provincial N° 1596 que creaba un fondo para cubrir la deuda de la obra social estatal (OSEF) financiado con el superávit del Puerto de Ushuaia.

 

El Destape informó que no por casualidad, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación solo habilitó a trabajar dentro del puerto al gremio vinculado a Avellaneda.

 

“Desde Buenos aires vinieron y nos observaron algunas cuestiones leves. Pero nos pusieron la categoría ´Certificado no vigente´, y nos dieron 30 días para llevar adelante una serie de modificaciones. Volvieron a inspeccionar, estaba todo en orden. El auditor de la Prefectura certificó el documento por cinco años más sin ningún tipo de deficiencia. Ese documento va a la Organización Marítima Internacional y todo el mundo sabe que somos un puerto seguro. Pero a la semana cayeron otra vez ya con la idea de intervenirnos”, explicó Jorge Alberto Ramírez, contratado por la DPP como oficial de protección de las instalaciones portuarias (OPIP).