Nación limita su intervención en asistencia a personas en situación de calle

El Gobierno nacional implementó cambios significativos en la ley que regula los derechos de las personas en situación de calle, con los que limita su intervención directa y delega la responsabilidad de la ejecución de políticas sociales en provincias y municipios.

La medida se implementó a través del Decreto 373/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El texto redefine el alcance de la Ley 27.654, sancionada originalmente para garantizar el acceso a la vivienda y la protección de quienes están en riesgo de perderla.

La norma reduce la participación del Poder Ejecutivo nacional a "órgano rector" a través de la aprobación de directrices y lineamientos generales, mientras que su rol en la asistencia directa quedará supeditado a situaciones en las que las capacidades técnicas, humanas o financieras de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sean insuficientes.

Autoridad de aplicación. 

La nueva autoridad de aplicación será la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Este organismo tendrá la tarea de coordinar acciones entre jurisdicciones y monitorear el uso de los fondos transferidos en caso de asistencia nacional.

El decreto subraya que las realidades locales varían según la región: mientras algunas zonas enfrentan problemas por alta densidad poblacional, otras tienen dificultades relacionadas con la precariedad habitacional o la movilidad de trabajadores migrantes. Ese es uno de los argumentos para que cada provincia y municipio diseñe sus propias estrategias de intervención, siempre que respeten los estándares mínimos establecidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.

El texto también deroga el inciso a) del artículo 12 de la ley original, que obligaba a mantener o integrar todos los programas preexistentes sin permitir su revisión o reducción. Según el Gobierno, esa obligación limitaba la capacidad de rediseñar políticas y reasignar recursos de forma más eficiente. (C5N).