Nueva estrategia de represores para conseguir domiciliaria

Los represores de la última dictadura cívico militar que están detenidos en cárceles avanzaron con una nueva estrategia para conseguir la prisión domiciliaria. Organizaciones que defienden a los autores de delitos de lesa humanidad, presentaron un habeas corpus. Si bien la justicia nacional de primera instancia no había hecho lugar al recurso, la Cámara de Apelaciones ordenó que se pidan nuevos informes a la justicia federal, motivo por el que dos sobrevivientes de la dictadura pidieron intervenir en el caso.

 

“La justicia nacional se encuentra investigando a la totalidad de los jueces federales por el trato deparado a los militares y policías presos por la guerra de los 70. Ha pedido informes por el incumplimiento de la Convención Interamericana de Derechos de los Adultos Mayores”, tuiteó el 26 de noviembre último la Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia, uno de estos grupos que defienden a los genocidas de la última dictadura.

 

Pro-represores.

 

La presentación la hicieron organizaciones pro-represores en conjunto. Por ejemplo, una de las personas que aparece en el habeas corpus, al que tuvo acceso El Destape, es Cecilia Pando, histórica defensora mediática de genocidas de la dictadura y presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina. El año pasado, se conocieron imágenes de la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, marchando junto a Pando en 2005 en la puerta de Comodoro Py para pedir por la liberación de criminales de lesa humanidad que no tenían condena firme, a quienes llamaba presos políticos.

 

El nuevo pedido de habeas corpus se hizo en representación de más de 80 represores autores de delitos de lesa humanidad con condena firme.

 

El principal argumento de estas organizaciones es la edad de los involucrados y la supuesta falta de condiciones del Servicio Penitenciario Federal. En el texto señalaron que se hacía “en favor de los adultos mayores detenidos en cárceles, por la omisión de las disposiciones contenidas en la Convención Interamericana de Protección a Personas Mayores, con jerarquía constitucional por ley 27.700, que obliga al Estado a adoptar medidas alternativas a la prisión carcelaria, menos gravosas, previstas en la Ley de Ejecución Penal y el Código Procesal Penal Federal, y que deben ser interpretadas y aplicadas de conformidad con la citada convención”. Además, expresaron que “el sistema penitenciario se encuentra superpoblado y fue declarado en emergencia”.

 

Rechazo.

 

El Juzgado Nacional y en lo Criminal y Correccional Número 27 rechazó el recurso. “Ya que no se ha verificado en el caso obstaculizaciones o incumplimientos concretos en relación con los derechos de los adultos mayores en situación de encierro carcelario, se rechazará la acción intentada”, señaló. No obstante, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ordenó al juzgado de primera instancia que solicite informes a los tribunales federales sobre las condiciones de los presos. Además, resolvió que debe haber una audiencia en la que deben estar representados la Secretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, el Servicio Penitenciario Federal, el Ministerio Público Fiscal y el Defensor Público Oficial de turno.

 

En un documento revelado en redes sociales por la periodista Luciana Bertoia se conoció la respuesta del Servicio Penitenciario, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, sobre las condiciones de los presos en la Unidad 34 de Campo de Mayo. No solo no se habla de superpoblación o complicaciones, sino que se cuenta que los represores pueden acceder a caminatas guiadas, clases de tenis, clases de "reeducación postural", entre otras actividades. (El Destape)