Otorgan domiciliaria a Cristina: se espera una masiva marcha

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó formalmente presa ayer, cuando el Tribunal Oral Federal Nº 2 notificó su detención y le otorgó el beneficio de detención domiciliaria, en la víspera de una nueva marcha masiva hacia Comodoro Py. Cristina permanecerá con tobillera electrónica en su residencia de San José 1.111, en el barrio porteño de Constitución, donde miles de personas se concentran desde hace días para acompañarla frente a una condena que consideran injusta y dictada por razones políticas y electorales.

 

CFK fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad. La resolución sobre el modo de detención fue firmada por los jueces de cámara Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu; el secretario Tomás Santiago Cisneros, y el juez federal Andrés Fabián Basso. Según el texto, la presidenta del Partido Justicialista (PJ) deberá “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”, aunque no detalla cuáles podrían ser esos “comportamientos”.

 

Además, la resolución restringe las visitas que podrá recibir en su domicilio de San José y Humberto 1°. “En el plazo de 48 horas hábiles deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado”.

 

Tobillera electrónica.

 

Según el documento, difundido ayer, Cristina “deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente. Por fuera de estos supuestos, deberá requerir y obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción”.

 

Además, el tribunal ordenó “a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”.

 

Si bien la defensa de CFK había considerado que era “completamente innecesario” que le colocaran una tobillera electrónica, el tribunal respondió que “ante la carencia de motivos lógicos y argumentos relevantes, no habiéndose acreditado razones de salud que justifiquen una decisión excepcional sobre este punto, corresponde cumplir con la manda que exige la implementación de un dispositivo electrónico para aquellos condenados que accedan al beneficio”.

 

De todas maneras, “teniendo en cuenta lo normado por el último párrafo del referido artículo 33, habremos de solicitar al órgano de control y al equipo interdisciplinario creado por la ley 24.050 (art. 29) que elaboren un informe que establezca la pertinencia de la medida en cuestión en el caso concreto”, agregó el Tribunal Oral Federal 2.

 

“Dignidad”.

 

Gregorio Dalbón, uno de los abogados de CFK, sostuvo que “se impuso la legalidad sobre el escarnio” y consideró que la Justicia adoptó su decisión de acuerdo a “lo que el derecho ordena y la dignidad exige”. “No será humillada, cumplirá su condena en prisión domiciliaria, como corresponde en un Estado de Derecho”, sostuvo y advirtió que “esto no es solo un logro jurídico. Es una victoria política, popular y ética en medio de una persecución sistemática que violó cada principio del debido proceso. Ganamos porque denunciamos que el juez de instrucción no era el juez natural, y por tanto la causa nació viciada”.

 

Además, afirmó que la Cámara que confirmó el procesamiento “era macridependiente” y “funcional” al poder que pretendía “proscribir a Cristina”; recordó que “expusieron” a los jueces de Casación y del Tribunal Oral Federal, quienes “jugaban al fútbol y al tenis” con el ex presidente Mauricio Macri, por lo cual ellos “jamás debieron juzgarla”.

 

Fiscalía pedía cárcel.

 

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pretendían que el tribunal rechazara la prisión domiciliaria, argumentando que “no se advierten razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como lo es la prisión domiciliaria”. “No se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”, añadieron.

 

“La defensa no ha demostrado –ni se advierte– que la privación de libertad en el establecimiento carcelario suponga un menoscabo a la vida o a la integridad personal de la peticionante, más allá de las restricciones propias que implica la ejecución de una pena privativa de libertad”, esgrimían.