Trece genocidas fueron condenados por hechos ocurridos en La Plata
Los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata condenaron a trece represores por crímenes de lesa humanidad ocurridos en tres centros clandestinos de detención de La Plata. Por primera vez, el foco estuvo puesto en el rol que jugó en los secuestros, las torturas y los asesinatos el Regimiento de Infantería 7, que estuvo a cargo de Roque Presti –padre del actual ministro de Defensa, Carlos Presti– durante los primeros meses de la última dictadura.
Los letrados Karina Yabor, Andrés Basso y Ricardo Basílico, dieron a conocer las condenas para los 13 genocidas imputados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención y exterminio de la sede central del Cuerpo de Infantería y en el predio contiguo del Regimiento de Caballería de la Policía de la provincia de Buenos Aires (ubicado en la capital provincial en la calle 1 entre 59 y 60, junto con en el Regimiento de Caballería en 60 entre 1 y 115), y parte de los hechos cometidos en la Comisaría 8ª de La Plata (ubicada en la avenida 7 y esquina 74, en Villa Elvira) y la comisaría Segunda, pertenecientes al circuito Camps.
En una sala repleta de sobrevivientes, familiares, organizaciones políticas y sociales y público en general, con la particularidad de que ni genocidas ni sus defensas estuvieron presentes en la sala, como fue pedido por las querellas, con el argumento de que no se podía garantizar la seguridad, es que el Tribunal resolvió que los imputados participen de manera virtual, ocasionando comportamientos inapropiados, sin respetar estar en cámara a la hora de recibir sus condenas, lo que fue denunciado por las querellas.
Condenados.
De acuerdo con Página 12, entre quienes recibieron la pena máxima se encuentran Alberto Jorge Crinigan (oficial de inteligencia del RI7 y coautor de un libro junto con Victoria Villarruel), Ismael Ramón Verón (oficial de operaciones del RI7), Enrique Francisco Welsh (oficial de personal del RI7), Claudio Rubén Mejías (Cuerpo Motorizado), Raúl Ricardo Monzón (Cuerpo Motorizado), Rubén Vicente Sánchez (oficial de personal del RI7), Enrique Armando Cicciari (oficial de logística del RI7), Carlos María Romero Pavón (Destacamento de Inteligencia 101), Roberto Armando Balmaceda (Destacamento de Inteligencia 101), Jorge Héctor Di Pasquale (Destacamento de Inteligencia 101) y Carlos Ernesto “Indio” Castillo, de la CNU.
El proceso estuvo centrado en lo sucedido en tres dependencias de la Policía Bonaerense: la que estaba ubicada en 1 y 60 –que concentró la mayoría de los casos–, la comisaría 8ª y la comisaría 2ª. En el caso se examinó lo sucedido con 294 víctimas entre 1976 y 1978. El TOF reconoció, a pedido de la querella, que existieron desapariciones forzadas de personas.
"Además de haber sido condenados por privación ilegítima de la libertad, tormentos y asesinatos, la mayoría fueron condenados por delitos sexuales, lo cual implica un enorme avance ya que fue de la mano de la lucha del movimiento de mujeres y diversidades que se empezaron a visibilizar estos delitos, que fueron valientemente denunciados por compañeros y compañeras y hoy logramos que condenen a los genocidas por lo que son: secuestradores, torturadores, asesinos y también violadores. Cabe destacar que de los 13 genocidas 11 se encuentran gozando del beneficio del prisión domiciliaria, lo cual fue denunciado por la Querella de Justicia Ya! La Plata, en varias instancias, rechazado. Solo Castillo y Di Pascuale se encuentran en cárcel común", informaron desde el sitio Prensa Obrera.
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