El gobierno defendió la renegociación con Petroquímica

El subsecretario de Hidrocarburos Jorge Varela, está invitado a concurrir el 5 de agosto a la Legislatura para responder inquietudes por el proyecto de concesión a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.
La presencia de numerosos integrantes del Ministerio de la Producción y del de Hacienda en la Legislatura, da la pauta del interés que el Gobierno provincial le asigna al proyecto de ley que enviara para readecuar el contrato de locación de obra y servicios con Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.
No obstante una precisa información brindada por el titular de la cartera de la Producción, Abelardo Ferrán, al cabo del Plenario de las Comisiones de Asuntos Agrarios y de Hacienda y Presupuesto de la Cámara, algunos diputados de la oposición ya formularon algunas objeciones. Sobre todo dudan sobre el período que la empresa pretende que se amplíe la vigencia del contrato.
"No sabemos cuánto va a valer el petróleo dentro de una semana mucho menos podemos saber lo que pasará dentro de casi dos décadas", argumentaron.
Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. pretende acceder a un nuevo contrato con el Estado provincial, y que se le prorrogue en 10 años la explotación de Medanitos. De ser así desistiría de un reclamo por 82,5 millones de pesos.
El Ejecutivo provincial envió el proyecto de ley a Cámara de Diputados para que se readecue el contrato que vincula a la Provincia con Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. que fue firmado en 1992. Ese convenio le adjudicaba la exploración, explotación y desarrollo del yacimiento de hidrocarburos ubicado en el Área Medanito.
Explicó Ferrán a los legislasdores que se trataba de una locación de obra y servicios, que como retribución establecía el 73% de la producción neta para el contratista, y determinaba que el 27% corresponde a la provincia de La Pampa que a su vez le entregaría al contratista, y que esta debería pagar el 95% de una canasta de precios del petróleo en el orden internacional.
El ministro de la Producción -el de Hacienda Ariel Rauschemberger sólo hizo un par de aclaraciones- ofreció datos sobre las cuencas petroleras del país y dio algunas precisiones sobre la Neuquina donde se ubica nuestra provincia. Recordó que PCR es "una empresa privada argentina de más de 80 años de trayectoria en la Patagonia", que también se dedica a producción y distribución de materiales para la construcción.
El contrato vigente con Petroquímica fue suscripto en 1992, con una vigencia de 24 años.

¿Qué quiere la empresa?
El ministro de la Producción expuso que la empresa solicita la reconversión del contrato vigente a un contrato de concesión; la extensión del plazo de concesión en 10 años; la modificación de la fórmula de pago, liquidar el 27% a valor de mercado interno y adoptar en forma provisoria el pago del 27% sobre los precios efectivamente percibidos por PCR. Además pide la restitución del importe pagado bajo protesto.
Ofrece a cambio un Plan de Inversiones. Un primer período de 3 años, inversiones equivalentes a perforar 20 pozos por año más inversiones de superficie por 2 millones de dólares. Un segundo también de 3 años con inversiones equivalentes a perforar 10 pozos por año más inversiones de superficie de 1 millón de dólares por año. Y además otro período de 3 años con inversiones equivalentes a perforar 5 pozos por año -sujeto a viabilidad técnica y económica- más inversiones de superficie por 1 millón de dólares; y también computar el 100% de las inversiones realizadas en exceso en períodos previos.

Bajo protesto.
Como se informara PCR desde 2005 viene pagando bajo protesto las liquidaciones mensuales. Desde enero de 2008 comenzó a pagar sobre la base de 42 dólares, pero ante la intimación del Gobierno provincial para que hiciera el pago total, la empresa interpuso recursos.
Primero en febrero de 2008 fue un recurso administrativo ya resuelto; y después en mayo de 2008 uno jerárquico aún en vías de resolución.
La suma pagada bajo protesto asciende a 82,5 millones de pesos.
Ferrán también informó que en diciembre de 2007 PCR dio de baja una unidad de perforación, lo que dejó sin trabajo a 150 trabajadores; en tanto en enero de 2008 dio de baja un equipo de terminación de pozo que significó la pérdida de otros 100 puestos.
El ministro señaló que en febrero de este año, ante la información de un probable paro de trabajadores por la baja de otra unidad de perforación (150 trabajadores) el gobierno provincial intervino para que se suspendiera la medida, sujeta a condiciones de arreglo de la situación. El paro implicaba la pérdida de 115 puestos de trabajo directo y la afectación de otras empresas de servicios.

El nuevo contrato.
Los principales aspectos del nuevo contrato considera que se trate de una concesión; incorpora los criterios incluidos en los últimos pliegos licitatorios; y debe ser aprobado por ley provincial.
Su vigencia, de acuerdo al proyecto presentado, sería desde el 1º de abril de 2008 e incluye una prórroga sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: cumplimiento del plan de inversiones 2008-2016; y certificación de reservas en los últimos 12 meses previos al comienzo de la prórroga que deben ser superiores al doble de la producción del año 2015.
El plan de trabajo prevé aumentar la producción de los 8 años en un volumen mínimo equivalente a un promedio anual del 5% acumulativo tomando como base la producción del 2007.
Entre el 1 de junio de 2008 al 31 de mayo de 2013 (5 años) prevé que PCR debe realizar inversiones mínimas de 30 pozos anuales; el 10% de ellos deben ser de avanzada. En todos los casos se deben realizar las inversiones necesarias en instalaciones de superficie.
Del 1 de junio de 2013 al 18 de junio de 2016 (3 años) realizar inversiones mínimas de 30 pozos anuales.

Personal pampeano.
Otros aspectos del nuevo contrato prevén que se debe incorporar personal con el 80% de residencia efectiva en La Pampa; también 5 pasantes por año de la UNLPam; pago de un canon anual (su valor actual es de 315.000 dólares); y pago de servidumbre y daños a propietarios públicos o privados.
Además contempla el pago de regalías en la explotación del 35% de la producción computable; el precio promedio de venta ponderado y la renuncia a reclamos judiciales.