El jury decide hoy la suerte de Peres

La sesión de ayer del jury mostró no solo el descontrol en el Tribunal de Cuentas sino además -y tanto o más preocupante- que nadie allí parece percibir la negligencia de un sistema que permitió el desfalco del IPAV.
El jury dará hoy la sentencia que destituirá o absolverá a la cúpula del Tribunal de Cuentas acusada de negligencia en el control de las cuentas del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda entre los años 1999 y 2003. Previamente el procurador Mario Bongianino y los defensores del presidente del Tdec, Natalio Perés y del vocal Ruben Rivero, -César Rodríguez y la dupla Carlos Chapalcaz - Pablo Langlois, respectivamente-, harán oír sus alegatos a los integrantes del jurado. El voto del presidente del jury, Víctor Menéndez, de los diputados, Patricia Lavín (PJ) y Martín Berhongaray (UCR-Frepam) y de los abogados Marina Vanini y Emil Marcos Koncurat, se estima se conocerá en horas de la tarde. Una simple mayoría bastará para volcar la suerte de los cuestionados funcionarios para su condena o absolución.
La jornada de ayer -la tercera del juicio político al presidente del Tribunal de Cuentas, Natalio Peres y al vocal Rubén Rivero-, fue un desfile de empleados y ex empleados del organismo pedidos por la defensa como testigos. La mayoría de estos testimonios respondían a las preguntas del defensor de Peres, César Rodríguez, como si previamente le hubieran cargado un casete que contenía lo que debían decir: que los únicos que controlan son los relatores, que si ellos dicen que todo está bien, las rendiciones pasan al jefe de relatores y luego a la sala -integrada por el presidente y los vocales- que, sin mirar, firman la sentencia automáticamente.

"Una falla formal".
No obstante, bastaron algunas preguntas del procurador Mario Bongianino, para que a los testigos se les embrollara la cinta del casete y dijeran lo que, al parecer, no tenían que decir.
Así, Mario Fiorucci, -un ex contador fiscal y vocal del TdeC donde se desempeñó durante 34 años hasta que se retiró el año pasado acogiéndose a los beneficios de la ley 2341- repitió lo que parece dulce a los oídos de la defensa de Peres y Rivero, que lo más importante es el informe presentado por los relatores porque éstos "ven todo".
Pero Fiorucci patinó cuando el procurador le preguntó cómo controlaban la percepción de los fondos por parte del estado que dice la constitución. "La ley no lo dice", balbuceó intentando justificar el descontrol de las cuentas recaudadoras, pero Bongianino le replicó "sí, lo dice, en el artículo 44, de la ley 513".
Luego dijo no recordar cómo se controlaban los "organismos descentralizados" como el IPAV y volvió a patinar cuando dijo que las sentencias de las salas se hacían en base al "informe de los relatores" y el procurador le hizo notar que se hacen en base al expediente completo, no solo en base a los informes. Esta respuesta de Fiorucci parecía dirigida a apoyar la coartada de Peres sobre la centralidad de los informes de los relatores y a negar la existencia en las sentencias de los expedientes. Quedó en claro que en las sentencias el presidente y el vocal del TdeC tienen a la vista el expediente completo de las rendiciones de cuentas diarias.
"Puede ser una falla formal", atinó a decir el ex empleado del TdeC, cuando ya no tuvo forma de seguir sosteniendo la teoría de la irresponsabilidad de la sala en la aprobación de las cuentas del IPAV.
Fiorucci rozó luego lo grotesco al minimizar la obligación de realizar rendiciones diarias cuando poco antes había defendido este tipo de rendiciones de cuya práctica se dijo iniciador con la resolución 103/79 que firmó junto con el ex presidente del TdeC, Carlos Lorda. "No es necesario ni estricto la rendición diaria", dijo, si coincidían los saldos. No explicó tampoco la contradicción de esa afirmación suya con la redundante resolución 19-20/04 firmada por Peres que reiteraba la obligación de las rendiciones diarias luego que explotara el escándaloso descontrol del IPAV en 2003.

La ISO no mejoró.
Otro ejemplo de testigo en apuros fue la contadora Marcela Berges, la actual encargada de la "niña mimada" de Perés en el Tribunal, la norma ISO 9000. Esta empleada -que ascendió bajo la presidencia de Peres de encargada de la mesa de entradas a auditora externa y a encargada de la ISO-, inducida por el defensor de Peres, repitió la cantilena que con la ISO 9000 el trabajo había mejorado y que ahora se controlaba mejor. Pero cuando el procurador le preguntó si con la ISO había habido algún cambio en el sistema de control que dejaba en manos de los simples relatores todo el peso del control y que si éstos no hacían observaciones, el resto de la cadena de mandos hasta el presidente, firmaban sin mirar, respondió que no. Esto es, que la ISO 9000 no ha mejorado en nada el negligente sistema por el cual nadie en el Tribunal se preocupa por saber de las rendiciones, salvo el último orejón del tarro, esto es, los relatores, estudiantes de la universidad con contratos basura de pasantes o los planes de empleo.
También el restante vocal, Francisco García, que recitaba la consabida cartilla "peresiana" de las responsabilidades "escalonadas" fue abarajado por el fiscal con una simple pregunta: "-Cuándo llegan las rendiciones a su sala firmadas por los relatores, ¿solo las firma? ¿no las mira?". -Las miro y si están bien las firmo", dijo contradiciendo así todo el andamiaje de la defensa de Peres que intentaba convencer que el presidente y el vocal integrantes de la sala que debía aprobar las rendiciones del IPAV no tenían que controlar, ni mirar, las rendiciones y solo debían firmar la sentencia aprobatoria.

Ley incumplida.
Antes había pasado por el banquillo de los testigo el actual secretario del Tribunal de Cuentas, Daniel Beninato quien, preguntado por Bongianino, reveló lo atroz del descontrol del TdeC al afirmar, sin ponerse colorado, que el sistema permite que, si un relator firma el parte diario sin documentación y esto llega a sentencia, la sala firma la sentencia igual aprobando esas cuentas.
Luego fue preguntado por el integrante del jurado, Emil Marcos Koncurat, si, tal como lo obligaba el articulo 44 de la ley 513, se le pide a la Tesorería de la provincia y al Banco de La Pampa que informe las cuentas que tienen abiertas los organismos del estado y sus saldos. La respuesta fue negativa. Nunca el Tribunal de Cuentas le pidió al BLP que informe sobre las cuentas del estado provincial, pese a lo fácil que resulta controlar así las existencia de cuentas oficiales y a que la ley orgánica del TdeC lo dice taxativamente en su artículo 44º: "A pedido del Tribunal o de los contadores fiscales, la Tesorería General informará sobre los fondos recibidos, entregados o transferirlos. Asimismo, el Banco de La Pampa deberá informar sobre las sumas recibidas o entregadas por cuenta del Estado".