Personal jerarquizado cobra sin trabajar

Ricardo Araujo dijo que la cifra global de los salarios que paga el Estado no se corresponde con la cantidad real de trabajadores. El caso de los agentes categoría 1 que perciben el sueldo y no realizan tarea alguna.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Ricardo Araujo, dejó tela para cortar en su paso por la Legislatura, el miércoles. El dirigente, junto a representantes de otros gremios estatales de la provincia, visitó la Comisión de Hacienda donde los diputados escucharon atentamente cuáles son las preocupaciones de los trabajadores en torno al proyecto de Presupuesto 2013 que la Cámara de Diputados tiene en tratamiento.
Allí Araujo afirmó que uno de los temas que más inquietaban al gremio que dirige tenía que ver con las sumas que, según el gobierno, se destinan para los sueldos de los estatales y la forma en que se distribuyen. "Hicimos esa pregunta al gobierno porque no nos daba la ecuación del monto salarial destinado, con el número total de trabajadores. Nos daba un promedio por encima del promedio normal del sueldo que cobran los compañeros", dijo.
Para el dirigente, la distorsión podría producirse con la parte del dinero destinado a sueldos cuya forma de distribución se desconoce. "En la Ley 643 tenemos una cantidad importante de categorías 1 que no tienen un destino específico, no trabajan en ningún lado o no tienen asignación de tareas especiales. Son categoría 1, que es el sueldo más elevado de la Ley 643", dijo.

Operadores.
Incluso recordó que días atrás el ministro de Bienestar Social, Gustavo Fernández Mendía, en un programa de la televisión local había responsabilizado a los trabajadores por la situación actual en el Instituto Provincial de Educación y Socialización de Adolescentes (Ipesa). "En el Ipesa figuran cuarenta cargos de operadores, de personal capacitado que tiene categoría, capacitación y adicionales para trabajar de operador. Pero, realmente, en el Ipesa trabajan menos de dieciséis personas en esa tarea y se refuerza (el plantel) con personal en negro, monotributistas. Entonces hay una cantidad de trabajadores que cobran con un rango especial y no están prestando la misión para la que se les paga el sueldo", explicó.

Salud y educación.
Esa misma situación, dijo, se replica en el ámbito del Ministerio de Salud donde, según los datos que maneja la ATE, del total de los enfermeros y enfermeras un 70 por ciento trabajan como tales, mientras que un 30 por ciento cobran los adicionales especiales pero no trabajan. "Desde ATE hemos hecho una denuncia hace unos días", reveló.
Araujo explicó que también existen ejemplos similares en el Ministerio de Cultura y Educación (MCE) de la provincia. "Hay 500 docentes que trabajan realizando tareas que corresponden a la Ley 643 (carrera administrativa), lo que genera que dos trabajadores iguales, en el mismo lugar de trabajo, ganan sueldos dispares: unos cobran como docentes, por horas cátedra, y otros como 643. Esto implica que ante un trabajo que tiene la misma responsabilidad, los docentes cobran más. Todo esto es un manejo perverso dentro de la administración que genera pérdida salarial y conflictos entre los compañeros", planteó.

¿Apañados?
El gremialista dejó en claro que para estar en las situaciones de "privilegio" citadas (categorías 1 de la 643 que no trabajan, enfermeros que cobran adicionales pero no prestan ese servicio y docentes que realizan tareas administrativas pero cobran por horas cátedra) había que tener "una relación especial con los jefes". Por último agregó que en Educación han detectado 1.500 monotributistas en cuyos casos no se sabe de qué partida sale el dinero para pagarles el contrato.
Ante las irregularidades, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva diez años reclamando que junto al presupuesto el gobierno publique un decreto de revista del personal, donde esté puntualizado el lugar, posicionamiento y categoría de cada trabajador del Estado.

"Sin tocar una coma".
Mañana los gremios estatales volverán a la Legislatura para hablar con los legisladores sobre el proyecto de Ley de Paritarias que la Mesa Intersindical consensuó con el gobierno provincial. Araujo dijo que el objetivo de los estatales es que la ley esté vigente antes de fin de año y, por ese motivo, pidió no prestarse a un juego político que le otorgue argumentos al Poder Ejecutivo para que la ley no se apruebe o sea vetada.
"El anteproyecto que se envió a la Legislatura fue una negociación en la que los trabajadores pusimos todo lo que nos interesaba. Si esto se llegara a modificar, aunque fueran modificaciones positivas, podría generar una situación en la que el Ejecutivo sienta menoscabada su postura y le podría dar un elemento de vetar la norma", afirmó. Antes ya había expresado que la ley debía votarse "sin tocar una coma".
El dirigente agregó que en el proyecto se tuvieron en cuenta los anteproyectos de otros diputados, como Martín Borthiry (PJ), Claudia Giorgis (Frepam) y Sandra Fonseca (Comunidad Organizada).
"Los gremios llevaron a la negociación todas esas inquietudes y el Poder Ejecutivo llevó como base la paritaria docente. Llevamos cinco proyectos, porque también acercamos el de ATE y el de UPCN. Todo se sintetizó en el acuerdo con el Ejecutivo", explicó.
Admitió que la ley podría tener imperfecciones o algún déficit, pero se mostró partidario de aprobarla antes de fin de año y, en todo caso, realizar las correcciones con las paritarias en marcha. Araujo dijo que se descartó una propuesta de Fonseca de incluir a la Policía en la paritaria. "El Ejecutivo se opuso", concluyó.