Promoción industrial: fuerte reacción en provincias afectadas

Ante la inminente caída del régimen de promoción industrial (el 31 de este mes), los gobernadores de las cuatro provincias afectadas trabajan en alternativas para compensar a las industrias y también recurren a la Corte Suprema de Justicia por la validez de los bonos fiscales que pone en riesgo a de cientos de fábricas.
Ante el inminente final de la promoción industrial que beneficia con exenciones impositivas a cuatro provincias, por algo más de ocho mil millones de pesos al año, que resignan otras provincias que, a su vez, ven como las industrias no se asientan en sus territorios atraídos por esas desgravaciones en IVA y Ganancias, no sólo los gobiernos de esos distritos, sino también los gremios avanzan en la organización de medidas de fuerza para reclamar la implementación del decreto presidencial 699, de mayo de 2010 (que amplía esa prerrogativa por 15 años) , que no entró en vigencia porque no fue reglamentado.
La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, dio cuenta que habrá algún tipo de asistencia financiera para la industria de su provincia que dejarán de percibir las exenciones de impuestos a fin de proteger el empleo. Ese fue el compromiso asumido ante autoridades de la Unión Industrial de Catamarca.
Las autoridades de ese distrito, más las de La Rioja, San Juan y San Luis, trabajan unificadamente para obtener la extensión del plazo de la promoción y permitir que nuevas empresas se incorporen al régimen.
El argumento de los gobernantes provinciales afectados es el mismo que, por ejemplo, emplean los de La Pampa, a la hora de demandar una atención especial para compensar la distancia que hay hasta los puertos y los grandes centros poblados del país.
En La Rioja, la CGT local trabaja junto a la Unión Industrial riojana y se movilizarán el 18 de este mes para pedir la continuidad del régimen, incluso podrían sumarse a la marcha del 19 en Plaza de Mayo, convocada por Hugo Moyano y Pablo Micheli.
"Nos preocupa que Nación no cumpla con la sentencia de la Justicia Federal que ordena la aplicación del decreto (con la prórroga por 15 años de la promoción industrial", afirmó el cegetista riojano Jorge Reynoso, quien acotó que el líder de la central obrera (el camionero Moyano) apoya el reclamo.
En el medio de este panorama, las provincias promocionadas pidieron la intervención de la Corte Suprema de Justicia y la prórroga del proceso de conciliación que mantienen con el gobierno nacional en causas vinculadas con la reexpresión de bonos fiscales de la promoción industrial.
El tema está en la justicia e implica el riesgo de que cientos de empresas radicadas en las cuatro provincias promocionadas deban cerrar sus puertas, a raíz de las demandas que pesan sobre ellas por parte de la AFIP.
Para dar una dimensión de lo que implicaría una sentencia contraria, en San Luis son más de 100 las empresas que se verían seriamente afectadas frente al descuento de los bonos fiscales.
El conflicto surgió en 2002, devaluación de por medio, que dejó sin sustento esa herramienta que tenían las firmas promocionadas, ya que los beneficios no acompañaron el aumento de precios que experimentó luego la economía.
Frente a esto, las empresas presentaron medidas judiciales y se adecuaron los beneficios. La AFIP aceptó los pedidos, pero luego realizó una apelación que espera el fallo de la Corte Suprema.
Al respecto, el legislador riojano Jorge Yoma cuestionó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por no haber reglamentado el decreto que prorroga la promoción: "Es insólito, pasaron dos años y medio y nunca pudimos hacer que la presidenta cumpla con su propio decreto. Creo que en las áreas de Industria y Economía (de Nación) estamos frente a un grupo de mentirosos o de ineptos que no conoce parangón en la historia", afirmó el diputado nacional.

Desde Videla, con privilegios.
La promoción industrial a San Juan, La Rioja y Catamarca (luego se sumó San Luis) se remonta a 1979, cuando fácticamente gobernaba la junta militar encabezada por Jorge Rafael Videl y era ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. La Pampa, al igual que Mendoza y otras provincias no favorecidas con las exenciones, accionaron judicialmente por entender que era discriminada por el régimen tributario limitado a cuatro distritos.
La primera actuación pampeana ante los estrados judiciales nacional fue en 1999, cuando gobernaba Carlos Saúl Menem, reclamándose una reparación económica que compensara los daños generados tanto por la falta de inversiones industriales como la participación pampeana junto a las demás de provincias que aportaron parte de sus fondos (del orden de los ocho mil millones de pesos anuales) para sostener los diferimientos.
Entonces, se llegó a un acuerdo extrajudicial por 500 millones de pesos, que en gran medida sigue conformando parte de la deuda que Nación tiene con La Pampa y que, sumados los adelantos provinciales para construir viviendas sociales, llega casi a los mil millones de pesos.
En 2010, las autoridades pampeanas volvieron a la Corte con el mismo reclamo. "Estaba cansado de ir a las reuniones del Consejo Federal de Industria y encontrarme con mis pares de las provincias promocionadas que hablaban permanentemente del incremento de las inversiones en sus distritos", le comentó a LA ARENA el ministro de la Producción, Abelardo Ferrán.
El funcionario pampeano hizo alusión al desequilibrio generado por la promoción industrial, que llevó a concentrar en cuatro provincias el grueso de los emprendimientos industriales con más de 40 mil empleos, al influjo de las exenciones impositivas (IVA y Ganancias).
La última presentación judicial fue uno de los factores, si no el principal, que llevó al gobierno nacional a desistir de reglamentar el decreto emitido en 2010 por el que se fijaba una prórroga de la promoción por 15 años. También la presión mendocina, sobre todo a partir del momento que San Luis se sumó a los distritos promocionados, incidió para que ya sea un hecho la culminación del régimen tributario impuesto hace 32 años.
"Por lo que sé, el gobierno nacional no prorrogará el régimen y les ha dicho a las autoridades de las cuatro provincias que se iba a garantizar la continuidad de las empresas allí radicadas, manteniéndose las fuentes laborales, y que cada problemática en particular sería considerada puntualmente por Nación", indicó Ferrán.

Advertencia por migración.
Más de 40.000 puestos laborales directos y hasta 60.000 indirectos podrían verse afectados en San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca por la inminente extinción de los beneficios impositivos que otorga la Ley de Promoción Industrial a empresas radicadas en esas cuatro provincias.
Así lo advirtieron empresarios, sindicalistas y trabajadores, que se unieron en los últimos días para reclamar al gobierno nacional una continuidad de los privilegios dispuestos en la norma, que data de fines de la década del '70.
Es más, tras una serie de encuentros regionales, las centrales obreras de los cuatro distritos dieron plazo a la Casa Rosada hasta el próximo 17 de diciembre para que brinde una respuesta favorable a sus demandas.
Luego, comenzarían a movilizarse y a cortar rutas en la región, con el respaldo de industriales e incluso de legisladores nacionales, según lo consignó ayer la agencia Noticias Argentinas.
Empresarios y trabajadores reclaman la inmediata puesta en vigencia del postergado decreto 699, firmado por la presidenta Cristina Kirchner en mayo de 2010, o al menos de los artículos referidos a las industrias que ya están funcionando en las cuatro provincias.
Esta norma, además de favorecer a nuevas compañías que se radiquen en Cuyo y Catamarca -exceptuando Mendoza- o que realicen inversiones o ampliaciones de sus plantas, prolonga por dos años (hasta 2014 en este caso) "el plazo de vigencia de los beneficios promocionales".