Clear perdió el juicio que inició cuando Torroba creó el Emshu

JUAN JOSE REYES
La empresa pretendía que la comuna le pagara una cifra millonaria en concepto de "previsión por indemnizaciones futuras". En octubre de 2011, el Superior Tribunal de Justicia había fallado a favor del municipio.
La empresa de recolección de residuos Clear SRL había presentado un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) por una demanda millonaria contra la Municipalidad de Santa Rosa. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa ya había rechazado por "inadmisible" la demanda contenciosa administrativa.
La firma tuvo a cargo la recolección de residuos hasta mediados del año 2010, bajo la intendencia del radical Francisco Torroba (Frepam). Clear argumentaba que por el contrato que firmó en la administración de Néstor Alcala (PJ), la municipalidad le adeudaba mucho dinero. El reclamo se inicio por 3 millones de pesos, que la empresa adujo en su momento, que era una acreencia previsional.
Clear es una de las tantas empresas que posee el multimillonario kirchnerista Cristóbal López, propietario de Casino Club y Tecno Acción, a cargo del sistema informático de la quiniela oficial en la provincia.

Causa cerrada.
La apelación extraordinaria mediante un recurso de hecho deducido por la empresa Clear SRL fue representada por los abogados Carlos Oscar Amado y Martín Matzkin en su calidad de apoderados de la firma. La causa "Clear SRL c/Municipalidad de Santa Rosa s/demanda contencioso administrativa" ha sido concluida en forma definitivamente por la CSJN en su fallo plenario de la semana pasada (C.964/2013) a favor del municipio capitalino.
De ahora en más no penderá sobre las arcas de la ciudad el pago de una cifra que, actualizada, supera los 4,2 millones de pesos más las costas. El servicio de recolección de residuos seguirá en manos del, hasta hoy, muy eficiente Ente Municipal de Higiene y Salubridad (Emhsu).

El fallo del STJ.
En el mes de octubre del año 2011 la sala B del STJ denegó un recurso extraordinario presentado por la ex concesionaria del servicio de barrido y limpieza para llegar a la Corte Suprema en su millonaria demanda contencioso-administrativa contra la comuna santarroseña por una presunta deuda. El reclamo original fue de 3.081.994,71 pesos a valores históricos.
Apenas se fue Clear, la municipalidad creó el Emhsu y se hizo cargo de un servicio que estuvo privatizado por gestiones justicialistas durante 25 años. La empresa saliente y la comuna firmaron un contrato de comodato por el cual Clear cedió para el uso del Emhsu el predio que posee sobre la calle Garay Vivas a cambio de más de medio millón de pesos durante dos años.

Indemnizaciones futuras.
La demanda se inició al concluir el vínculo contractual por el barrido y la limpieza. Clear le reclamó a la intendencia una diferencia que, originalmente le había reconocido el intendente Oscar Jorge (actual gobernador) y su sucesor en el cargo, Néstor Alcala. El reclamo, básicamente, apuntaba a la denominada "previsión para indemnizaciones futuras", que se abonaba mensualmente y se actualizaba por una fórmula polinómica cuando se actualizaban los costos del servicio.
El problema surgió al final de la concesión cuando a Clear SRL no le alcanzó ese fondo especial para pagar las indemnizaciones del personal. Allí se pretendió que la comuna cubriera la diferencia entre lo recaudado desde que Alcala prorrogó el contrato de la concesión en 2004 y lo que necesitó para pagar las indemnizaciones al final de la concesión. En aquel momento, los abogados de Clear, Martín Matzkin y Mariana Zubillaga, plasmaron ante STJ una demanda contenciosa por 3.081.994,71 pesos.

Catedráticos.
El 29 de agosto del año pasado la Sala B del STJ, ocupada por Víctor Menéndez y Tomás Mustapich, declaró inadmisible el recurso extraordinario para que la demandante pueda ir a la Corte a reclamar la supuesta deuda. Pero Clear fue mediante un recurso de queja a la Corte. Bien vale recordar aquí que cuando la comuna le dijo a la firma de López que por la vía administrativa no abonaría esa cifra millonaria, el intendente Francisco Torroba explicó públicamente que antes de tomar esa decisión consultó a profesores de la cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de La Pampa sobre la legitimidad del reclamo. Al parecer tenían razón, el fallo de la CSJN de la semana pasado le dio la razón al municipio.