"Una diferencia de interpretación"

El diputado consideró que la objeción del Tribunal de Cuentas al pago del último certificado a la empresa metalúrgica está relacionado con "una cuestión de interpretación" y afirmó que "no hay daño patrimonial al Estado".
El diputado Ariel Rauschenberger (PJ) aseguró ayer que "se trata de una cuestión de interpretación" en referencia a la decisión del Tribunal de Cuentas de objetar el último pago realizado por el gobierno jorgista a la empresa Montenegro SA por una suma que alcanza a los 2.900.000 pesos.
"Si bien no estaba en la actuación específica de cada expediente, entiendo que se trata de una cuestión de interpretación sobre en qué momento solicitar el certificado a Relaciones Laborales por las condiciones de higiene y seguridad laboral y ahí radica la diferencia", comentó el ex ministro Coordinador de la gestión de Oscar Jorge.
Siguiendo en ese sentido y antes de ingresar a la sesión de la Legislatura, Rauschenberger remarcó que de las declaraciones del presidente del Tribunal de Cuentas, José Sappa, "se desprende que no hubo mala fe, sino que el crédito es exigible y no hay daño patrimonial contra el Estado, sería una advertencia para los funcionarios por una cuestión de interpretación".
Este miércoles, el titular del tribunal que controla las cuentas públicas advirtió que el pago del último certificado de agosto pasado se hizo a la empresa Montenegro "evadiendo la ley de Promoción Industrial" e informó que la Asesoría Letrada de Gobierno analiza" si hace caducar este crédito y comienza la etapa de ejecución".
"Lo que observamos es un pago del mes de agosto del último certificado de la empresa y se dio vista a la habilitación, para ver por qué ha pagado evadiendo o no haciendo caso omiso a una normativa", manifestó Sappa.

 

Advertencia.
LA ARENA reveló que en el expediente que se tramita en el organismo de control se pide que se investigue la actuación de la ex subsecretaria de Industria, Comercio y Pymes, María Teresa Alvarez, la habilitada por la Contaduría General, Alicia Grimalt, y el jefe de Servicios Administrativos, Héctor Velázquez.
Montenegro SA fue comprendida en la ley de Promoción Industrial como un proyecto de construcción, equipamiento y puesta en marcha del emprendimiento metalúrgico destinado a fabricar maquinarias e implementos agrícolas en la ruta 35. A mediados de 2015, Montenegro comenzó a soldar chasis de máquinas, pero después, según fuentes gubernamentales, no llegó ni a la mitad de las inversiones previstas.
El Tribunal de Cuentas les imputa a los ex funcionarios jorgistas "haber abonado irregularmente 2.961.034,01 pesos (Certificado nº 15)" como parte del préstamo de promoción industrial a la fábrica por 40 millones de pesos, a sabiendas de "la inexistencia de regularidad por parte de la beneficiaria, de las obligaciones exigibles a ese momento en materia de seguridad e higiene laboral".

 

Acuerdo por estudios.
El presidente de la Legislatura, Mariano Fernández, firmó un convenio con el secretario general de la Asociación Pampeana de Empleados Legislativos (APEL), Aldo Bafundo, para permitir que los empleados legislativos de la provincia puedan terminar sus estudios secundarios y accedan a becas para poder cursar carreras universitarias o terciarias.
"El acuerdo establece que los interesados podrán acceder a culminar los estudios secundarios y la posibilidad de contar con becas para realizar carreras terciarias y o universitarias", según se informó desde la Cámara de Diputados.
En este sentido, el comunicado oficial remarcó que "un convenio de similares características ya se había implementado en la gestión de (la actual senadora nacional) Norma Durango con la asistencia de varios empleados y empleadas que pudieron culminar sus estudios" y ahora fue continuado por el vicegobernador Fernández.

 

Tratan pliegos en quince días.
La Legislatura dio ingreso ayer en la segunda sesión ordinaria del año, que fue presidida por el vicegobernador Mariano Fernández, a distintos despachos de comisión para las designaciones del Superior Tribunal de Justicia y el traspaso del área petrolera 25 de Mayo-Medanito SE a la empresa Pampetrol Sapem y además, se votaron sobre tablas cinco iniciativas de interés legislativo.
Por unanimidad, los diputados declararon de interés legislativo a las actividades de la Semana de la Memoria, otras del "Mes de la Mujer" que se realizarán en General Pico en estos días; la participación de María Patricia Ferreti en la maratón 2016 que se hará el domingo en las Islas Malvinas; la correcaminata "Todos por el Atuel" organizada para mañana en el Autodromo Provincia de La Pampa; distintas acciones y pintada de un mural en el Medasur y el cierre de la Semana del Agua en los Vinchuqueros el 31 de marzo.

 

Designaciones.
Además, se dio ingreso a los despachos de comisiones que se tratarán en la próxima sesión, entre ellos el convenio del Plan de Seguridad Alimentaria y la declaración de interés estratégico del área 25 de Mayo-Medanito SE, para el desarrollo de la política hidrocarburífera provincial. También ingresó la designación de José Vanini para continuar como fiscal de Estado y de María Paula de Elorriaga como Tesorera General de la Provincia, y los pliegos de José Sappa y Fabricio Losi, propuestos para ocupar las vacantes del Superior Tribunal de Justicia.
Sobre las designaciones propuestas por el gobernador Carlos Verna, tanto para ministros del máximo tribunal y de los otros dos funcionarios del Ejecutivo, el PJ obtuvo el acompañamiento del Frente Renovador y Pueblo Nuevo, mientras que el Frepam y el PRO advirtieron que plantearán su posición en el recinto cuando se realice la próxima sesión.

 

Otros despachos.
También se dio ingreso a despachos que aconsejan la aprobación del proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio Tripartito de Financiamiento, suscripto entre el Ministerio de Turismo de la Nación, el gobierno de La Pampa y la Municipalidad de Toay para ejecutar el proyecto "Revalorización y Refuncionalización de la estación oeste de Toay" y otro de acompañamiento al Poder Ejecutivo en su reclamo ante Nación para el Plan de Seguridad Alimentaria, que hoy entrega 90 pesos a cada beneficiario de la tarjeta alimentaria y pretenden llevarlo a 150 pesos.

 

Piden informe de Ojuez.
El diputado Martín Berhongaray (Frepam) presentó ayer un pedido de informe dirigido al Ministerio de Salud de La Pampa solicitándole datos relativos al funcionamiento de las guardias pediátricas en los distintos centros asistenciales públicos y privados.
El legislador pretende conocer las medidas tomadas para ampliar y mejorar el servicio de asistencia de urgencia y emergencia pediátrica; el porcentaje de pacientes con cobertura social que por año se atienden en el hospital Lucio Molas; la razón que justifica las diferencias monetarias reconocidas a los profesionales que prestan los servicios y de adultos; y si existe alguna normativa que obligue a los centros privados a contar con guardia pediátrica.
"La información disponible respecto de la prestación del servicio de guardia pediátrica en ámbito del hospital Lucio Molas da cuenta de un estado de saturación, que queda de manifiesto cuando se lo compara con el resto de los servicios de guardia que funcionan en ese nosocomio", dijo el diputado Berhongaray.
"En 2015, el servicio tuvo 30.852 consultas, atendidas por dos médicos de planta en cada turno; en promedio un médico de planta atiende 42 consultas por turno de guardia de 24 horas. En cambio, el servicio de guardia de adultos tuvo en el mismo período 17.985 consultas, atendidas por cuatro facultativos de planta por turno, lo que nos da un promedio diario de 11 consultas por médico", agregó.

 

Sin servicio privado.
Berhongaray remarcó que "queda a las claras las notorias asimetrías entre un servicio de guardia y otro" y remarcó que "el desfasaje se agrava a poco de considerar el hecho de que, en promedio, el valor percibido por los profesionales que prestan el servicio de guardia de adultos resulta un 34 por ciento superior al recibido por la guardia pediátrica en días de semana. La diferencia trepa al 43 por ciento tratándose de guardias de fines de semana y feriados".
Además, el legislador advirtió que el servicio de guardia pediátrica "se encuentra saturado" por la "escasa" cantidad de profesionales afectados y manifestó que el 35 por ciento de las consultas corresponden a pacientes con cobertura de obra social, porque "ningún centro de salud privado de la ciudad cuenta con el servicio de guardia pediátrica. Ello provoca que un gran número de pacientes en condiciones de asistir a algún centro de salud privado, se enfrentan a la necesidad de concurrir -ante una urgencia- al hospital Molas".