Martes 10 de junio 2025

Un año en suspenso

Redacción 22/02/2017 - 02.13.hs

El juez de control Gabriel Tedín condenó a Tomás Andrés Fernández a un año de prisión en suspenso como autor de los delitos de amenazas simples en dos oportunidades, amenazas agravadas por el uso de arma y desobediencia judicial en dos oportunidades, concursando todos en forma real. Le impuso como reglas de conducta, por el término de dos años, la obligación de fijar residencia, someterse a la asistencia de la Unidad de Abordaje, Orientación y Supervisión de personas en conflicto con la ley, realizar tratamiento terapéutico en la Subdirección de Salud Mental y Abordaje de las Adicciones, y abstenerse de relacionarse de modo alguno con sus padres y una ex pareja.
La instancia de juicio abreviado fue acordada entre el fiscal Walter Martos, la defensora oficial Mariel Annecchini y el imputado, un albañil de 22 años que admitió la autoría de los hechos, e incluyó cuatro causas. El primer hecho probado ocurrió el 10 de mayo del año pasado, cuando Fernández llegó hasta la casa de su ex pareja, y ante la negativa de ella para que pernoctara allí, "comenzó a insultarla e intimidarla diciéndole 'te voy a matar, no te voy a dejar en paz'. Después sacó un cuchillo de la cintura, marca Tramontina, y se lo acercó a la altura del cuello.
La mujer logró empujarlo y cerrar la puerta de la vivienda". Dos meses después, el 24 de julio a primera hora, Fernández fue hasta el domicilio de sus padres, "golpeó la puerta, ingresó, cerró con llave y les solicitó dinero a fin de alquilar un departamento. Ante la negativa de ellos se ofuscó y les manifestó que si no le daban dinero los iba a golpear, y que no fueran a ningún lado porque de lo contrario los mataría y mandaría a sus amigos a robarles". A los tres días el acusado regresó a la casa familiar, volvió a pedir plata, y frente a una nueva negativa de sus progenitores les dijo "ya van a ver, no me dan plata, van a ver qué les va a pasar".
La actitud demandante hacia sus padres se repitió en otras dos ocasiones, rigiendo desde septiembre, una orden de restricción de acercamiento hacia las víctimas.

 

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